La presentación de un prototipo de urna electrónica, que propone el Instituto Electoral de Coahuila para captar la votación en los comicios del futuro, constituye una curiosa innovación que festina el Gobierno del Estado. De acuerdo a la publicidad, el procurador de la República Rafael Macedo de la Concha habría sido invitado especial al evento realizado en Saltillo, sin que por cierto exista relación alguna entre la función que desempeña el General, con la referida labor electoral.
El suceso se inscribe en la más pura promoción de la imagen personal del gobernador Enrique Martínez, de cara a los próximos comicios presidenciales a los cuales se apunta como precandidato. Aprovechando la presencia ocasional de Macedo de la Concha, la presentación del prototipo se eleva a nivel de Gabinete Presidencial, aunque la materia del acto no tenga nada que ver con la tarea de Procuración de Justicia de la que estamos tan necesitados los mexicanos en general y en particular los coahuilenses.
Una vez más el acto formal y el mero protocolo, elevado a la enésima potencia por efecto del gasto publicitario, adquiere preeminencia sobre la cuestión de fondo, que en el caso atañe a la mayor calidad de los elecciones públicas en orden a la transparencia, equidad y libertad de participación, cuyos objetivos permanecen insatisfechos, pese a la Reforma Electoral promovida por el régimen que preside Martínez y Martínez.
Al término de las elecciones locales del pasado veintinueve de septiembre, en las que los coahuilenses renovamos Congreso y Ayuntamientos, quedaron en evidencia defectos notables de la legislación electoral de reciente estreno que deben ser objeto de corrección, entre otros: La exagerada brevedad de las campañas, el confinamiento de la propaganda visual, la prohibición injusta a la promoción de la imagen de ciudadanos independientes, las restricciones a la realización de encuestas y a la observancia electoral, el nulo control sobre los métodos de difamación y guerra sucia y la determinación diferenciada de los límites en los gastos de campaña, para cada uno de los partidos políticos contendientes.
El tema relativo al monto diferenciado en los límites de financiamiento, fue objeto de impugnación por parte de la oposición y dio lugar a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que en esencia deja sin efecto el injusto criterio. La resolución que es objeto de comentario, declara la inconstitucionalidad de la Ley Electoral de Coahuila en este tema y condena al Instituto Estatal Electoral a establecer un sistema equitativo de financiamiento, sobre la base objetiva de una fórmula aritmética.
Sin embargo y por razones de técnica jurídica, la sentencia aludida sólo corrige la aplicación de la Ley inconstitucional por aquella sola vez y el entuerto permanece incólume como amenaza para el futuro.
Por ello una vez pasadas las elecciones, lo adecuado es que Sociedad, Gobierno, y Partidos Políticos realicen una evaluación de los resultados de los comicios, en cuanto al acierto y pertinencia de la reforma reciente, con el objeto de corregir los yerros. En otros términos, es el momento de realizar una reforma a la Reforma Electoral, sobre la base de la experiencia que como tal, debe retroalimentar el proceso democrático en nuestra entidad.
Sin embargo nada de eso ocurre. Con ensimismada actitud, el Gobierno da vuelta a la página y sigue de frente con otras ocurrencias como la que nos ocupa, tocante al lanzamiento del prototipo electrónico para captar y contar los votos y de esta suerte, satisfacer la obsesión de publicitar al Estado de Coahuila como la entidad a la vanguardia en todo, como si el sentir y el apreciar de la realidad por parte de los ciudadanos, pudiera ser objeto de engañosa ilusión.
Más que procurar objetivos de relumbrón, es el momento de mirar a nuestra realidad inmediata y proceder a mejorarla, mediante la asignación de metas congruentes con nuestras necesidades más urgentes y sentidas.