“Un banquero es un hombre que presta
a otro hombre el dinero de un tercero”.
Barón Guy de Rotschild
Hay pocas cosas seguras en el negocio de la televisión. Pero una ha sido confirmada una y otra vez en los años en que ha habido ratings minuto a minuto: en el momento en que se menciona el tema del Fobaproa o del IPAB, cientos de miles o millones de personas cambian de canal. No hay tema más aburrido para la mayoría de la gente. Y, paradójicamente, no hay otro que sea tan importante. Este miércoles pasado, el 13 de agosto, la Comisión Permanente del Congreso de Unión logró un raro punto de acuerdo de todos los partidos en el cual exhortó a BBVA Bancomer, Banamex, Bital y Banorte a que acepten nuevas auditorías sobre la cartera que entregaron al Fobaproa/IPAB en el programa de capitalización de la banca que llevó a cabo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. Los legisladores no están ordenando nuevas auditorías: simplemente se está pidiendo a esos cuatro bancos que acepten las solicitadas por el Banco de México y la Auditoría Superior de la Federación.
Los bancos se han amparado para evitarlas y la verdad es que el punto de acuerdo del Congreso no tiene fuerza legal: se trata de un simple exhorto. El monto sujeto a discusión, quizá unos 50 mil millones de pesos, es relativamente pequeño en comparación con el total del rescate bancario, que asciende a unos 800 mil millones de pesos. Para entender el origen de esta disputa hay que saber que el rescate bancario no fue uno sino varios.
Por una parte el gobierno mantuvo funcionando a bancos quebrados -la mayoría- con el fin de que los ahorradores no perdieran sus depósitos pero dejando que los inversionistas se quedaran sin su capital. Se llevó a cabo también un programa de apoyo directo a los deudores, en que se hicieron quitas de deuda.
Pero el programa que ahora es objeto de controversia es muy distinto: el de capitalización de los bancos que sobrevivieron al colapso a través de la compra de cartera de crédito que era también un incentivo para que los accionistas le inyectaran dinero fresco a sus bancos. Banamex, Bancomer, Bital y Banorte no quebraron en la crisis del 95, pero quedaron muy debilitados. La autoridad decidió que era necesario respaldarlos a través de compra de cartera a cambio de la cual se otorgaban pagarés del IPAB que servían para capitalizar el banco.
Los créditos entregados al IPAB, sin embargo, debían ajustarse a ciertas reglas: por ejemplo, pertenecer a determinadas categoría de riesgo, estar bien documentados y no haberse otorgado a partes relacionadas (socios, parientes de dueños y ejecutivos del banco).
El problema es que las auditorías han mostrado que una porción de esa cartera que se entregó al Fobaproa/IPAB no cumplía con los requisitos establecidos. Se han encontrado, por ejemplo, préstamos que no estaban bien documentados o que no cumplían los requisitos de la categoría de riesgo en que deberían entrar o que se entregaron a partes relacionadas, entre otras irregularidades.
Los bancos señalan que no se oponen a las auditorías per se, pero sí a que éstas se hagan de manera general y sin objetivos precisos. Las auditorías “deben ser acotadas en términos de la legislación común aplicable y de las prácticas de auditoría convencionales”, le dijo a la reportera Alicia Salgado de El Financiero Luis Robles Miaja, director jurídico de BBVA Bancomer.
Si las auditorías confirman las irregularidades y los créditos se devuelven a los bancos, el golpe podría ser muy fuerte para ellos. Las carteras vencidas de los bancos afectados podrían aumentar en algunos casos en más del 200 por ciento.
Otro punto es que la responsabilidad de cubrir los quebrantos recaería, en los casos de BBVA Bancomer, Banamex y Bital, sobre bancos que hoy tienen dueños distintos a los que entregaron la cartera irregular.
El artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, sin embargo, es muy claro al respecto del tipo de créditos que podían entrar en el programa de capitalización y compra de cartera. Y al parecer unos 50 mil millones de pesos en la cartera que se entregó al IPAB no cumplían con los requisitos establecidos. Las auditorías a los bancos deberían definir de una vez por todas la situación real. El asunto no carece de importancia porque el costo de esa cartera se le ha endosado a los contribuyentes.
Rosario y Ahumada
Un elemento del fuego amigo que derribó a Rosario Robles como presidenta del PRD y que hizo que los miembros del consejo político no la apoyaran en su renuncia, fue la relación personal de Rosario con el empresario Carlos Ahumada Kurtz.
Muchos perredistas afirman que se hicieron pagos incorrectos a las empresas de Ahumada. Habrá que ver qué arrojan las auditorías.
Correo electrónico: sergiosarmiento@todito.com