El comienzo de la campaña electoral que desembocará en la jornada del seis de julio encuentra al Instituto Federal Electoral con su autoridad fortalecida no obstante una variedad de intentos por minarla. Los miembros de su consejo general afrontan con eficacia los remanentes de la elección presidencial de hace tres años, así como el tercer y último proceso que les fue encomendado organizar. Hasta donde hoy se puede ver, es seguro que llegarán al cabo de su gestión, en octubre próximo, con muy satisfactorio balance de su tarea, para sí mismos y para la República.
En este momento se asesta al IFE una torpe acusación. Se le atribuye una difusa culpa respecto de un listado electoral que obra en manos del gobierno norteamericano, adquirido a una empresa que pepena datos de ciudadanos de países latinoamericanos —sobre todo—. Se trata, en verdad, de una responsabilidad que podría recaer sobre sus funcionarios, presentes o pasados. Pero la firma ChoisePoint pudo obtener el documento de que se habla —sobre cuya naturaleza precisa no se tiene todavía noticia— de muy diversas fuentes, por lo que sólo por haraganería mental, o con mala intención, se puede atribuir exclusivamente a descuido de la autoridad electoral o, peor aún, a corrupción en su seno, la aparición en lugar indebido de la información electoral que recaba y resguarda.
Al contrario, el IFE ha actuado con prontitud frente a esta infracción a la ley. Solicitó a la Procuraduría General de la República que averigüe el modo en que aquella empresa norteamericana se hizo de la documentación correspondiente. Y ha iniciado una investigación en su propio seno, mediante la Contraloría interna. El IFE no ha sido desaprensivo respecto de hechos cuyo contorno es preciso delimitar. Se requiere saber cuándo fue obtenido el banco de datos que ChoisePoint compró y vendió, y cuál es su naturaleza. Es probable que se trate de una lista nominal, ejemplares de la cual se entregan por ley a los partidos, por lo que se imprime un número de ejemplares que no es necesario devolver al cabo de un proceso. Puede tratarse, en consecuencia, de la lista más reciente, la utilizada en el año 2000, o de otra cualquiera.
Ya en 1998, ante una situación semejante, el IFE presentó una denuncia que, por impericia de la PGR, no prosperó y fue enviada a la reserva. Es obligado impedir que ahora ocurra lo mismo. De repetirse aquella historia, no sólo se dañaría la legalidad electoral sino que por ese medio se buscaría disminuir el prestigio del IFE. Es remoto que de su interior haya partido la información vendida, pues existen modos menos riesgosos para hacerse de ella, como adquirirla de partidos que tengan notoria inclinación mercenaria, o cualesquiera de ellos. No actuarían impunemente pues, aun con penas bajas, de sólo seis años de prisión como máximo, se castiga el uso indebido de documentación electoral, y específicamente la relativa al Registro Federal de Electores.
No sólo es lejanísima la posibilidad de que el IFE como institución esté involucrada en el tráfico de la información respectiva, sino que en 1998 y ahora ha cumplido su deber de denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito. La fortaleza que da al Instituto apegarse a la legalidad en este asunto, ha sido también evidente en la investigación de los dos casos de financiamiento irregular habidos en la campaña del 2000. Esa notoria fortaleza ha generado un también notorio interés en minarla. Se ha llegado al extremo, ridículo, de publicar que José Woldenberg asistió a la rumbosa ceremonia nupcial de la hija del ex presidente Salinas. El consejero presidente desmintió que hubiera sido siquiera invitado. Pero no faltará quien, de ahora en adelante, achaque parcialidades y aun contubernios a quien encabeza el consejo general del IFE, por figurar en una fiesta a cuyas obvias implicaciones políticas se agrega una importante carga de imaginación sobre conspiraciones.
La autoridad electoral se desplegó a plenitud en el estudio y solución del financiamiento no declarado por el PRI, y que provino de Pemex. Su histórica decisión al respecto, la multa de mil millones de pesos a ese partido, está sometida ahora a la justicia electoral, que puede por supuesto no confirmarla, pero que seguramente apreciará la solidez de la documentación y los razonamientos que la sustentan.
Lo mismo ocurrirá, llegado el momento, con el financiamiento no declarado por Acción Nacional, proveniente de los Amigos de Fox. Aunque en este caso se produjo una lamentable demora, el saldo del proceso, hasta ahora, ha sido favorable al IFE. De modo formal el Trife, e informalmente la Suprema Corte de Justicia han definido sin lugar a dudas que para efectos de su tarea, el Instituto es una autoridad fiscal, frente a la que no vale como excusa el secreto bancario.
Los Amigos de Fox, y autoridades como la Secretaría y de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores consiguieron retrasar el abordamiento de este caso. Pero su esfuerzo fue insuficiente para impedirlo. Al contrario, gracias a ese empeño el IFE es más fuerte que nunca. Los desistimientos de los cuentahabientes en sus juicios de amparo para evitar la indagación de la autoridad electoral no fueron espontáneos. Derivaron de su certidumbre de que el IFE ganaría los casos. El más conspicuo de esos amigos, Lino Korrodi, fue también derrotado en su intento de enjuiciar a un consejero electoral, que recibió al efecto la solidaridad plena de sus compañeros.