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México, DF.- El gobierno de Estados Unidos anunció que será hasta el 12 de agosto de 2004 cuando se deberán acatar “por completo” las reglas de la Ley contra el Bioterrorismo, que entra en vigor hoy y ofreció que “ningún alimento importado o traído de fuera entre el 12 de diciembre y el 12 marzo próximo será rechazado para su entrada”.
Bruce J. Zanin, director de la oficina Comercial y Agricultura de la embajada del gobierno de Washington en México, precisó que ante la falta de acatamiento del registro de bioterrorismo y las reglas de aviso previo de todos los países que exportan hacia territorio estadounidense, su país decidió ampliar la flexibilidad por ocho meses.
En conferencia de prensa aseguró que tanto la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA por sus siglas en inglés) como el Servicio de Aduanas “responderán” a las violaciones que pudieran presentarse con amplia información a las empresas.
Refirió que la medida entrará en funciones en dos etapas. La primera que va del 12 de diciembre y hasta el 12 de marzo de 2004, periodo en el cual se profundizará en la información a través de las embajadas de los países que envían alimentos a EU.
Del 12 de marzo al 12 de mayo del próximo año será un periodo en el cual se aplicará con “mayor vigor” la Ley, por lo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) impondría penalidades civiles o monetarias a las firmas que no acaten las reglas, cuya violación a éstas sea repetitiva, intencional o flagrante.
El funcionario comentó que de los 120 mil exportadores al mercado estadounidense, alrededor de 50 por ciento se inscribió al padrón. Japón es el que más registro lleva, y México está en sexto lugar con dos mil 950. Incluso de las 120 mil empresas estadounidenses que abastecen este mercado, sólo se han registrado 50 mil.
Estados Unidos importa alrededor de 50 mil millones de dólares de productos agroalimentarios, de los cuales México les abastece con 15 por ciento.
Zanin aclaró que ayer la FDA y la CBP enviaron un comunicado mediante el cual anunciaron la prórroga y en el que mencionan la medida que tomarán en los próximos ocho meses. Es decir, recopilarán datos para rastrear el acatamiento de los requisitos de aviso previo y determinar cómo aprovechar mejor los recursos para informar y capacitar a la industria y al público; darán seguimiento a los tres primeros meses de educación y alcances a fin de evitar penalidades contra violaciones, y proveer a la industria y al público información sobre el nivel del cumplimiento.
El diplomático desestimó eventuales aglomeraciones en la frontera cuando entre en vigor la Ley.
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“Rechazo
silencioso”
Solamente cuatro mil de las aproximadamente siete mil 500 empresas exportadoras de México se han registrado ante el gobierno estadounidense frente a la entrada en vigor de la Ley de Bioterrorismo hoy viernes, informaron fuentes del sector agropecuario.
“Se registraron cuatro de siete mil 500 empresas”, es decir, poco más del 60 por ciento, señaló el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Armando Paredes, en conferencia de prensa.
Ese bajo registro se debe, en opinión del empresario, al “silencioso rechazo” que ha generado en México la Ley, aprobada en junio de 2002 por el presidente George W. Bush para prevenir ataques terroristas mediante la contaminación de alimentos de origen vegetal y animal.
La legislación obliga a todos los exportadores de alimentos a Estados Unidos a registrarse ante la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA) antes de este viernes.
A pesar de que Estados Unidos alentó a lo largo de este año a los empresarios mexicanos para que se inscribieran, los trámites “tienen su complejidad en términos de que (las empresas) tienen que almacenar su información, y cubrir ciertos requisitos”, explicó Paredes.
Sin embargo, “creo que ha sido flexible el gobierno estadounidense”, reconoció el presidente del CNA, que agrupa a un centenar de grandes firmas del sector, entre ellas Bimbo, la marca de cervezas Corona o las de zumos (jugos) de frutas Jumex o Del Valle.”Comprendemos la necesidad de ellos de tener este tipo de medidas tras el 11 de septiembre (de 2001), y confiamos en que sean estrictos en que no sea una medida discrecional, que no sea una barrera no arancelaria también, que se proceda en el caso de que tengan sospechas reales”, pidió Paredes.