Por María Elena Holguín
El Siglo de Torreón
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Un ciudadano recién compró un vehículo nacional usado. El problema empezó junto con su interés por regularizar la situación fiscal de la unidad, pues se percató que existen adeudos desde 1993.
Al menos así lo establece el presupuesto de pago que se le entregó en las oficinas de Control Vehicular de la Recaudación de Rentas de esta ciudad, donde según las cuentas, el propietario debe pagar cerca de 14 mil pesos para ponerse al corriente. Por este mismo vehículo, iguales características, el dueño podría pagar sólo 2,018 pesos de acuerdo con el cálculo efectuado en la Recaudación de Rentas de Torreón.
De entrada, los dos presupuestos sorprendieron al dueño de la unidad, un Datsun modelo 1989 de cuatro cilindros, quien se pregunta por qué tratándose de una zona conurbada, aunque dos Estados, existen tantas diferencias; sin embargo, se vio impedido a realizar el pago en la vecina ciudad, porque antes, le dijeron, debe presentar la baja de la vecina entidad, lo que implica liquidar el cuantioso adeudo.
En el presupuesto de pago de la dependencia de la Secretaría de Finanzas de Durango, aparecen cobros por tenencias y refrendos desde 1993 hasta el presente año; multas por refrendos que no fueron cubiertos, gastos de ejecución federales y estatales y multas por no haber cambiado las placas, además del cambio de propietario y la cooperación para la Cruz Roja.
La oficina recaudatoria de Torreón, sin embargo, aplica cobros a partir de 1998, con la variante de que se le está cobrando una tenencia estatal que en el otro presupuesto no figura; aún así la diferencia sigue siendo mucha.
De acuerdo con lo manifestado por el encargado de la oficina de Control Vehicular de la Recaudación de Rentas en Torreón, Edgardo Ayup Guerrero, el cobro por la tenencia federal es el mismo a nivel nacional y los que presentan variaciones son los referentes a los derechos o impuestos estatales, de acuerdo con el Compendio Fiscal de cada entidad que se aprueba anualmente, a la par de la Ley de Ingresos.
El criterio que aplica la dependencia es el que establece la prescripción de los adeudos después de cinco años de haberse generado, con base en la Ley de Impuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, según explicó Ayup Guerrero.
“Estamos ante un problema de interpretación, pues la Ley puede ser asumida de distintas formas en cada Estado de la República y en esto puede encontrarse una explicación al caso”, consideró.
Estas diferencias habían dado como resultado la fuga de contribuyentes de una entidad a otra, pues según el funcionario, anualmente se lograba captar de dos mil a tres mil casos de este tipo de un total de 100 mil contribuyentes.
Esta situación imperaba al menos hasta hace algunos meses, en que los secretarios de Finanzas de Coahuila, Durango y Chihuahua, establecieron convenios para detener la fuga o evasión de los contribuyentes, pues el perjuicio era para todos.
En este sentido, dijo, ya no se permite que un propietario de la otra entidad venga y realice el trámite sin antes presentar la baja, lo que representa ponerse al corriente con los adeudos que allá generó y viceversa.
“Lo incorrecto es que se estén haciendo cobros que a mi parecer ya prescribieron”, dijo.
“Quieren sacar provecho”
Juan Agustín Vargas Garza, titular de la Recaudación de Rentas de Gómez Palacio, dijo que en casos como el expuesto, sólo se trata de contribuyentes que se resisten a cubrir lo que deben, por lo que buscan la manera de pagar lo menos que se pueda.
A su consideración, la evasión en el pago ya se había convertido en un hábito entre algunos habitantes de la Comarca Lagunera, de manera que era recíproco el que de una ciudad a otra acudieran con el interés de realizar el pago por los derechos vehiculares cuando ya tenían adeudos acumulados.
El impedimento para pagar en otra entidad, ha servido para aumentar la captación, pues ha ingresado dinero que se iba a la vecina ciudad y esto dañaba las finanzas de ambos Estados.
Argumentó que el párrafo Segundo de la Fracción IV del Artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, hace referencia a la prescripción de la declaración de impuestos en casos en que el contribuyente la presente en forma espontánea sin ser requerida, y sin haberlo hecho antes, por lo que este criterio sólo se aplicaría en el caso de que el dueño de la unidad no hubiese pagado nunca los derechos vehiculares a la entidad de gobierno.
En busca de un equilibrio
En opinión del diputado local, Guillermo Hilario Cantú, debe existir un equilibrio en el cobro de impuestos y contribuciones que realizan las dos entidades federativas, tomando en cuenta la situación a la que se enfrentan los habitantes de la Comarca Lagunera.
Consideró que si bien es cierto se debe combatir la evasión fiscal, también deben regularse otros aspectos, pues por ejemplo, las autoridades municipales de Gómez Palacio en cierta forma la fomentan realizando la expedición excesiva de permisos para circular sin placas.
Incluso, dijo, existe una ventanilla especial en las cajas de la Tesorería Municipal para la expedición de estos documentos, a la que cada mes pueden acudir los automovilistas a obtenerlos mediante el pago de alrededor de 100 pesos, pero nadie vigila el propósito de “provisionalidad” para el que fueron creados, es decir que el dueño realmente los use sólo durante un mes mientras regulariza su situación fiscal.
Para la Recaudación de Rentas, esta práctica representa la pérdida de ingresos mientras que para el Municipio es una entrada muy considerable.
El legislador también cuestionó que se estén aplicando cobros de casi diez años atrás sin tomar en cuenta la prescripción.
Respecto de las tenencias, consideró que es un tema que debe revisarse a profundidad por los integrantes de la nueva legislatura en la Cámara de Diputados, mediante la reforma fiscal y hacendaria, partiendo de que éstas se empezaron a cobrar hace algunos sexenios con el fin de captar recursos para la Olimpiada de 1968, pero han seguido vigentes y resultan gravosas para los dueños de los vehículos nacionales.