“Todos los impuestos recaen, al final, sobre la agricultura”. Edward Gibbon
los legisladores mexicanos —con esa incapacidad que tienen para entender la economía— decretaron a fines del 2001 la aplicación de un impuesto especial de 20 por ciento a los refrescos elaborados con fructosa. El resultado ha sido el desplome de la industria de la fructosa en nuestro país y una inminente escasez de azúcar.
Hasta el año 2001 la fructosa -que se produce con maíz amarillo en lugar de caña de azúcar— representaba el 11 por ciento del mercado nacional de edulcorantes. De las 5 millones de toneladas anuales que se consumían en México, 550,000 eran de fructosa y el resto de azúcar de caña. La mayor parte del consumo de fructosa, 360,000 toneladas, se satisfacía directamente con producción nacional: sólo el resto se importaba. El golpe del impuesto, por lo tanto, ha sido muy directo en contra de una industria que había invertido grandes cantidades de dinero en México para ser competitiva.
Hasta la aplicación de este impuesto, la producción mexicana de fructosa —un edulcorante que tiene grandes ventajas prácticas para endulzar productos líquidos— se encontraba al alza. La empresa Arancia acababa de realizar una inversión de más de 200 millones de dólares en nuevas instalaciones de la más avanzada tecnología, mientras que Almex (Almidones Mexicanos) se encontraba también en curva ascendente. El nuevo impuesto hizo que se desplomara su producción de manera injusta: se castigó a las empresas por ser más competitivas.
El impuesto ni siquiera estaba diseñado para generar nueva recaudación fiscal. Su propósito era simplemente beneficiar a una industria —la del azúcar de caña — y golpear a otra, la de fructosa.
El propósito perverso se consiguió. Las empresas refresqueras -muchas de las cuales tienen intereses en la industria azucarera— cambiaron sus insumos de fructosa a azúcar. Con esto evitaron pagar un centavo del nuevo impuesto, pero también aumentaron la demanda de azúcar de caña. El precio en el protegido mercado nacional ha subido para beneplácito de los grupos que controlan esta industria. Y el alza, como siempre, la han tenido que pagar los consumidores. Mientras en México el azúcar al mayoreo tiene un precio de 5,700 pesos la tonelada, en Sudamérica cuesta 2,650 pesos la tonelada.
Con esta medida destinada injustamente a favorecer a un grupo de industriales, sin embargo, los políticos mexicanos han generado una nueva crisis. Ante el aumento artificial de la demanda de azúcar de caña y el virtual cierre de las productoras de fructosa, el país se acerca a un déficit de edulcorante. Por eso la Secretaría de Economía está considerando la posibilidad de importar 120,000 toneladas. Lo absurdo del caso es que, hasta antes de este impuesto, los mexicanos teníamos un excedente que buscábamos exportar a los Estados Unidos. Ahora los azucareros mexicanos ni siquiera quieren abastecer a las empresas maquiladoras de exportación, que generan productos de mayor valor agregado, porque el precio internacional del azúcar es muy inferior al de nuestro país. México está abandonando un mercado internacional muy rentable en el largo plazo simplemente para proteger a los viejos monopolios azucareros.
Pero ni siquiera el precio artificialmente alto es suficiente para resolver los problemas de la industria azucarera de nuestro país. El problema de fondo es que tenemos un marco legal que ha hecho una industria ineficiente y corrupta. El llamado Decreto Cañero obliga a los industriales a pagar la caña al 56 por ciento del precio final del azúcar, lo cual genera una tremenda inflexibilidad de mercado y mantiene viva una parte de la capacidad instalada de producción que simplemente no es competitiva. El Contrato Ley, por otra parte, establece las mismas reglas laborales y salarios a la industria azucarera en toda la República, lo cual elimina los incentivos para la productividad y garantiza que nuestra industria azucarera se vuelva cada vez más obsoleta y siga generando pobreza entre sus trabajadores.
Este es el momento en que la nueva legislatura debe dejar de lado los intereses de grupos favorecidos tradicionalmente por el Gobierno y legislar para bien del país. Para ello debe eliminar un impuesto que no sólo es injusto sino que ha destruido miles de empleos sin generar un solo peso de recaudación.
Garzón
El juez español Baltasar Garzón sigue pensando que es un cruzado con jurisdicción universal. Tras su intento de procesar a Augusto Pinochet y la extradición de Ricardo Miguel Cavallo, ahora busca enjuiciar a Osama bin Laden por los atentados del 11 de septiembre del 2001. Sus pretensiones imperialistas son peores que las que tuvo Carlos V en su tiempo.
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