Sergio Estrada Cajigal, gobernador panista de Morelos, hizo publicar anteayer, en un diario capitalino, un desplegado en que se ufana de que “ahora sí se están resolviendo los más importantes problemas que durante mucho tiempo agobiaron a nuestros paisanos”. Pero se queja de que, “desgraciadamente, esta nueva actitud de ver el futuro de nuestros hijos, no ha sido compartida por algunas cuantas (sic) personas, empeñadas en regresar a los viejos esquemas de privilegios y prebendas”. Se refiere enseguida, sin nombrarlos, a los semanarios Proceso y Cambio: “El domingo 18 de enero del presente, apareció publicado en dos revistas de circulación nacional, un reportaje que pretende implicar a diversos funcionarios del Gobierno del Estado de Morelos con actos de corrupción, robo y narcotráfico. Debo agregar que en ninguna de ellas se ofrece el sustento de la información ni la versión del Gobierno del Estado de Morelos”.
En su propio provecho, Estrada Cajigal leyó mal esos reportajes. No sólo se habla de corrupción, robo y narcotráfico sino también, y principalmente, de homicidios. Al contrario de lo que afirma, la información parte de una averiguación previa donde consta la declaración de un agente de la policía ministerial, cuyo trabajo lo llevó a determinar la extraña relación del procurador y un subprocurador de Justicia con un homicida confeso de un crimen y de haber recibido el encargo de practicar otros. Proceso aclara, en fin, que el reportero Rodrigo Vera “buscó al gobernador Estrada Cajigal para conocer su versión, pero según informó Carmen Flores, de la oficina estatal de Comunicación Social, se encontraba de gira por Yecapixtla y Cuautla”.
Los hechos que elude el ejecutivo morelense son de una enorme gravedad, mayor aun que las atrocidades ocurridas durante el Gobierno de Jorge Carrillo Olea, que causaron su caída. Sumariamente, consisten en lo siguiente:
El 24 de junio del año pasado fue asesinado de un tiro en la nuca Benjamín Gómez González, probablemente vinculado con el narcotráfico. De la investigación correspondiente fue encargado el comandante de la policía ministerial Ezequiel Vital Barrera, quien comprobó que tras dos llamadas recibidas en su teléfono móvil, la víctima salió del restaurante donde comía con un amigo, y desapareció. Fue fácil identificar las llamadas: procedieron del celular de Enrique Yépez, alias “El Jarocho”. Cuando se conoció el registro de llamadas de éste, Vital Barrera encontró que entre el 23 y el 29 de junio Yépez marcó diez veces el número del teléfono celular del procurador de Justicia del estado, Guillermo Tenorio Ávila; y otras tantas, pero sólo del 27 al 29 de junio, al del subprocurador Alejandro Hernández Arjona. No sólo eso: “El Jarocho” marcó 64 veces, en esos mismos días, el número telefónico de un comandante de la policía ministerial, José Luis Chávez Roldán. Se dirá que cualquiera puede llamar a teléfonos que conoce sin que el destinatario sepa quién marca. Pero ocurre que con el procurador Tenorio, Yépez habló un total de 18 minutos y seis más con el subprocurador. Llamadas equivocadas o impertinentes no fueron.
Vital Barrera hizo conocer a sus superiores esos hechos, pero no continuó las indagaciones. Las suspendió el coordinador general de la policía ministerial José Agustín Montiel López, quien citó al investigador a través del director de la policía ministerial en la zona metropolitana de Cuernavaca, Luis Alain Pano Vega. Ya no es posible comprobar con este último ese encargo: fue asesinado el 31 de octubre en la autopista México-Cuernavaca. Su coche fue atacado con cuernos de chivo y pistolas de nueve milímetros. En el vehículo se encontró una suma importante en efectivo, fichas de depósito bancario y armas de uso exclusivo del Ejército.
Montiel fue franco con Vital Barrera. Atribuyó al gobernador Estrada Cajigal, al secretario de Gobierno Eduardo Barrera y al propio procurador Tenorio Ávila la decisión de detener las investigaciones. Para asegurarse de que eso ocurriría, días más tarde le pidió su renuncia. Y la averiguación quedó inconclusa, y libre el presunto homicida, “El Jarocho”.
Éste, sin embargo, apareció inopinadamente el 13 ó 14 de noviembre, en la oficina de Graco Ramírez Garrido, líder del PRD estatal, significado por su empeño impugnador de Carrillo Olea y del actual gobernador, a menudo involucrado en sucesos desde graciosos hasta graves, pasando por los frívolos. No sólo confesó haber matado a Gómez González, sino haberlo hecho contratado por “gente del gobernador”, que además le había encargado otras muertes, entre ellas la de Ramírez Garrido mismo. “El Jarocho” acudió despechado ante el dirigente político, porque sus contratantes lo engañaron. Como parte del pago por el homicidio del 24 de junio recibió un automóvil para que se alejara de Morelos por un tiempo. Pero el auto era robado, por lo que fue detenido. Quedó en libertad gracias a sus contactos con la policía ministerial, pero quedó agraviado y por eso delató a sus contratantes, entre los que incluyó al gobernador directamente.
No tome usted en serio, si quiere, esta última imputación pues al fin y al cabo proviene de un sicario protegido por la policía. Pero hay datos inequívocos (como las comunicaciones telefónicas mencionadas) que no provienen de un testimonio sospechoso, que conectan al procurador y al subprocurador con un homicida confeso. Y hay un ex agente policiaco que algo tiene que decir. Y nada de eso parece preocupar al despreocupado gobernador.