TORREÓN, COAH.- El alcalde, Guillermo Anaya Llamas, declaró que su gobierno no está solapando las invasiones de terrenos particulares y es mentira que sólo “esté dando bolita”, pues es de sobra conocido que legalmente la solución está en manos del Gobierno del Estado.
Dijo además que “me parece muy bien y justo que el sector empresarial externe su preocupación por este asunto y esté demandado soluciones. Yo estoy dispuesto a comparecer y a informar a los empresarios este viernes, sobre las acciones y peticiones que he hecho a la Procuraduría de Justicia en el Estado”.
Las cosas son sencillas, pues según el Presidente Municipal, sólo es cuestión de aplicar la Ley, de leer el Código Penal de Coahuila en el que se considera a la invasión de terrenos un despojo calificado y se sigue a petición de parte o denuncia expresa.
El Presidente Municipal puntualiza que no pretende justificarse en este asunto, pero “yo no soy juez, tampoco Ministerio Público y es positivo que los empresarios hayan decidido hacer frente común, pues son reiteradas las ocasiones en que hemos pedido la intervención de la Procuraduría de Justicia en el Estado sin que hasta ahora se vea la solución legal que se precisa en este tipo de hechos.
Anaya Llamas sostuvo que no es temor al costo político lo que impide ordenar un desalojo de invasores de terrenos en el área de Zaragoza Sur, sino más bien “que toda acción debe sustentarse en un mandato por escrito”.
Por lo que hace a alternativas de vivienda que se brinden a esas personas, dijo que por ahora el Municipio no tiene reservas territoriales disponibles y bien urbanizadas como para ofrecerlas a esas personas.
Únicamente cuenta con 80 hectáreas en el ejido San Agustín en las que durante el resto del año se proyecta realizar la urbanización y para lo que se invertirán alrededor de ocho millones de pesos.
Reunión
Este viernes, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), se reunirá con el Procurador de Justicia, Óscar Calderón Sánchez y lo emplazarán a que solucione los casos de invasiones de terrenos donde ya existen demandas penales.
Y por toda la responsabilidad que le compete en este asunto, también se pedirá la comparecencia del alcalde, Guillermo Anaya Llamas, para que informe lo que ha hecho en este grave problema social que ahuyenta la inversión y viola el Estado de Derecho, según el presidente del organismo cúpula empresarial, Roberto Rodríguez Cruz.
Ya no es tanto el caso del empresario Raymundo Becerra que interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia por el despojo de que fue objeto, sino por otros casos de invasiones que se han dado y ha pasado el tiempo sin resolverse, casos concretos: los sectores conocidos como Rocío Villarreal de Juan Marcos y Mayrán.
Para el dirigente empresarial, estas invasiones no son de buena intención, sino bien manejadas por personas que utilizan gente con necesidades de vivienda.
Es una incongruencia que se permita a las personas invasoras que ocupen un zona destinada para área verde y además el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, (Simas), los abastezca de agua potable.
Se preguntó si esto es o no solapar a invasores de terrenos.