“El hombre es por naturaleza un animal político.” Aristóteles
“¿Cuál era el objeto?” se preguntó el gobernador mexiquense, el priista Arturo Montiel, ante la visita del presidente Vicente Fox al municipio de Chalco el pasado 18 de febrero. “No se entrevistó con ningún funcionario del estado ni con ningún funcionario municipal. No entregó ninguna obra ni habló de ningún programa.” La visita del presidente a Chalco parecía más bien destinada a ejercer alguna influencia sobre el proceso electoral local que culminará con la votación del próximo 9 de marzo.
Quizá no haya nada de malo en que el presidente de la república haga gala de lealtad al PAN, el partido al que pertenece y que lo llevó al poder. Pero en un momento en que el propio gobierno estatal ha entrado ya en un período de cuarentena en la difusión de sus logros, es cuando menos cuestionable que el primer mandatario federal realice una gira en el estado de México que parece no estar justificada.
Estoy convencido de que los mexicanos le hemos tratado de poner demasiados candados a la acción partidaria del presidente. Si bien el mandatario debe ejercer su responsabilidad para todos los mexicanos, y no nada más para sus correligionarios, es imposible pensar que la función pública pueda desvincularse de la política. Como todos los jefes de gobierno en el mundo, el presidente de México debe estar en posición de impulsar a su partido, porque el fortalecimiento de su partido en una elección intermedia puede permitir la consolidación de la acción del gobierno.
Lo que necesitamos son reglas claras. ¿Qué puede o no hacer un gobernante federal, estatal o municipal para promocionar los logros de su administración? ¿Cuándo y cómo puede tomar parte en una reunión política? ¿Qué limitaciones deben imponérsele cuando respalda a un candidato de su propio partido?
En otros países del mundo el jefe de gobierno apoya de manera natural y abierta a su partido y a ciertos candidatos clave. Lo hacen el estadounidense George W. Bush y el canadiense Jean Chretien, el británico Tony Blair, el francés Jacques Chirac y el español José María Aznar. Nadie se inquieta y nadie se ofende, siempre y cuando se respeten ciertas reglas.
Nuestras reglas quizá deban ser distintas a las de otros países, pero tampoco podemos dejar de definir algunas que sean razonables. Si se recurre a la prohibición total, si se pretende ponerle un bozal al presidente o a los gobernadores, lo único que se logrará será la violación sistemática de la regla.
En este momento el proceso electoral inminente es el del estado de México. Parece poca cosa, pero no lo es. Estamos hablando de la entidad más poblada del país, con más de 13 millones de habitantes y un número superior a 8 millones de posibles electores. El tiempo que resta para los comicios del 9 de marzo es tan breve que no puede ya pensarse en un cambio de reglas.
Pero el próximo 6 de julio habrá elecciones al Congreso de la Unión y a los gobiernos de varios estados y numerosos municipios. Y si bien ya no es tiempo de cambiar las reglas formales para estos procesos en marcha, sí podrían los partidos definir ciertos acuerdos voluntarios que después podrían convertirse en la base de un nuevo marco legal sobre la actuación de los gobernantes en los procesos electorales.
Estas reglas deberán reconocer que todo gobernante tiene derecho a hacer labor política y electoral, pero tienen que imponer restricciones a los momentos en que puede hacerlo. Debe reglamentarse también estrictamente el uso de recursos gubernamentales para dar a conocer obra pública y proyectos asistenciales, especialmente cuando se incluya la imagen del gobernante o los colores de su partido político. Ahora los gobernantes de todos los partidos políticos utilizan sus presupuestos de “comunicación social” para llevar a cabo abiertas campañas de promoción personal o partidaria.
A final de cuentas lo que deberíamos tener los mexicanos no es un sistema que le tape la boca al presidente, a los gobernadores o a los presidentes municipales, sino más bien uno en que las condiciones en que los gobernantes pueden hacer política estén claramente definidas y sean las mismas para todos. Si conseguimos esto se acabarán muchos comportamientos cuestionables y, sobre todo, mucha hipocresía.
De un plumazo
En octubre terminarán su período todos los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Si bien hay la posibilidad de que el Congreso renueve el mandato de algunos, la regla actual puede borrar de un plumazo toda la experiencia acumulada por los consejeros en los últimos años. Lo lógico sería tener un sistema similar al de la junta de gobierno del Banco de México, en el que los gobernadores van terminando escalonadamente su función.