En la más reciente reunión de la Confederación Nacional de Gobernadores, el coahuilense Enrique Martínez y Martínez subrayó la urgencia de concertar un nuevo acuerdo fiscal entre las autoridades federales, estatales y municipales el cual podría alcanzarse mediante la celebración de una IV Convención Nacional Fiscal. La III tuvo lugar en el año 1947.
Como se puede colegir de 56 años transcurridos, las conclusiones de aquella convención fiscal no convencieron a nadie, mucho menos se aplicaron a favor de las entidades federativas y municipales. En la dicha reunión privó como necesidad prioritaria el armado de la estructura fiscal federal, mas no las de otros niveles de poder. Para el centralismo político resultaba ofensivo que las autoridades estatales y municipales aspiraran a constituir poderes públicos equiparables al federal; pues según pensaba la Secretaría de Hacienda debían estar subordinados al supremo mando del presidente de la República y a los poderes legislativo y judicial federales.
La Constitución general había reconocido tres instancias políticas y fiscales: Federación, Estados y Municipios. Así se explicitó en los artículos 31 y 73 de la carta fundadora. En el 31 se establece que los ciudadanos están obligados a contribuir a los gastos públicos de esos tres niveles de autoridad. El artículo 73, por su parte, definió las facultades generales del Congreso de la Unión, pero en la fracción X le atribuye el poder legislar, con efectos en toda la República, en las materias de hidrocarburos, minería, industria, comercio, juegos con apuestas y sorteos así como energía eléctrica; y también a establecer el Banco único de Emisión y reglamentar el artículo 123 constitucional.
Más adelante, en la fracción XXIX, la carta magna otorga facultades al Congreso para legislar sobre diversos ramos impositivos, en los cuales también pueden concurrir los Estados y el Municipio; concurrencia en que la Secretaría de Hacienda se queda con la parte del león. El caso más notorio es el impuesto sobre ingresos mercantiles, que desde 1974 es recaudado y administrado por el gobierno federal el cual participa una modesta porción de lo ingresado a las tesorerías de los Estados y los Ayuntamientos.
Las recomendaciones de la III Convención Nacional Fiscal nacieron muertas en aquella ocasión, pues Hacienda sólo atendió las que le dejaban beneficio y no las que le obligaban. Algunas serían observadas muchos años después, cuando empezaron a soplar nuevos vientos en la política, en el federalismo fiscal y en el fortalecimiento de las haciendas estatales y municipales, con un alto costo para éstas: el gobierno nacional descargó sus responsabilidades en las instancias más débiles del poder político, como ha sucedido recientemente con el ramo educativo federal. Al Estado se le entregó la elefantiásica burocracia educativa, pero las negociaciones de salarios, planeación pedagógica y organización electoral se deciden y ordenan entre la Secretaría de Educación del gabinete federal y el Sindicato nacional de trabajadores de la Educación. A las entidades federativas, como en el Virreinato, sólo les toca callar y obedecer.
El principal objetivo de la III Convención Nacional Fiscal fue corregir la falta de uniformidad de las tres diferentes legislaciones hacendarías, aunque fracasó estrepitosamente en el cometido; igualmente se frustraron las buenas intenciones de fortalecer a los estados y municipios mediante mayores y más regulares ingresos provenientes de fuentes privativas y por la efectiva distribución de participaciones federales. Luego, la crisis económica nacional desatada en 1994, bajo el gobierno zedillísta, inspiró una solución improvisada.
Maniatado el gobierno federal por la impuesta lucha anti-inflacionaria no podía ejecutar las obras públicas que demandaba el país. En consecuencia el Presidente de la República invadió el campo estatal de atribuciones para tener algo qué inaugurar, y los gobernadores de los estados, sin cómo justificarse ante sus ciudadanos, desplazaron a los Ayuntamientos en la construcción de las muy pequeñas obras municipales. Por obra y gracia de algunos programas federales surgieron algunos programas de contenido social; los gobernadores estimularon su imaginación para aprobar nuevos ramos impositivos, como el impuesto sobre nóminas que decretó el gobernador Mendoza Berrueto Con sus ingresos la entidad ha podido solventar la construcción de nuevas vialidades y otro tipo de obras necesarias.
La demanda de la Conago y la específica ponencia del gobernador Martínez y Martínez para la celebración de una IV Convención Nacional Fiscal debe concretarse. Los Estados devendrán motores de progreso al recuperar facultades y deberes que le eran sustancia en virtud del pacto federal. El gobierno federal se podría dedicar a la conducción de la política nacional e internacional; a la planeación del desarrollo económico y social del país y a la construcción de obras de gran envergadura y beneficio interestatal. Y los Ayuntamientos estarían ocupados en resolver las sentidas necesidades de sus habitantes, a impulsar el avance de la estructura urbana y atender los servicios públicos esenciales.