Pepe es discapacitado. Él mismo dice: “Al pan, pan y al vino, vino. Antes podía caminar, ahora voy por la vida en una silla de ruedas”.
Han pasado cinco años desde el accidente que lo dejó parapléjico. Pepe no quiere mirar atrás, al contrario, parte importante en la recuperación de un discapacitado es el trabajo interno para aceptar su minusvalía y aprender una nueva manera de vivir por sí mismo, como cualquier persona.
Pepe tuvo la oportunidad de asistir a un centro de rehabilitación en el extranjero, donde lo enseñaron a valerse por sí mismo sin necesidad de depender de alguien para su vida diaria. Él, como muchos otras personas con alguna discapacidad física, libran sus propias batallas contra las barreras arquitectónicas, contra la exclusión de los minusválidos de una serie de servicios y derechos a los que no tienen acceso, aunque las leyes digan lo contrario.
En Coahuila existe la Ley para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en la que se consignan los derechos de los discapacitados y las obligaciones tanto del gobierno como de la sociedad para integrar a las personas con alguna discapacidad a las actividades productivas y a la vida cotidiana. La misma ley pretende motivar a la población a favorecer la incorporación de este grupo a las diferentes actividades.
Sin embargo, en muchos casos la ley es letra muerta, ya que no hay una cultura de respeto de la comunidad para el discapacitado. No existe en las personas y organizaciones conciencia para facilitarles la vida.
Donde hay un escalón y no hay rampa, automáticamente se está negando la entrada a cualquier persona en silla de ruedas que no lleve a alguien que lo empuje. Las personas que como Pepe tienen la fortuna de poseer un automóvil adaptado en el que se traslada a su trabajo, cuando llegan a algún lugar donde no existe rampa o donde tienen que subir a un segundo piso y no existe elevador, quedan excluidas de poder entrar a ese lugar.
La ley dice que habrá igualdad e oportunidades entre trabajadores discapacitados y trabajadores en general. Es un derecho para los primeros contar con un trabajo, pero ¿cómo se traslada esta gente a sus trabajos si no posee carro? Si la respuesta es en camión, basta mirar el trasporte público, sin elevador apropiado para que quien va en silla de ruedas pueda subir, con personal no sensibilizado, transporte deficiente en general. Pepe me habla de un amigo a quien ayudó a conseguir chamba en una maquila, pero luego vino el problema del trasporte, porque su amigo no tenía carro. Ahí terminó su empleo.
En algunos estacionamientos existen cajones especiales para quienes traen en su carro una calcomanía que indique que son discapacitados. Sin embargo hay automovilistas que no respetan los cajones. Hay otros que cuando se estacionan no se fijan y obstruyen el paso de las rampas.
Algunos bancos y oficinas de gobierno todavía no cuentan con las facilidades requeridas por la ley o no han acondicionado sus espacios. Si un discapacitado va al Palacio Federal o a la Presidencia Municipal y requiere un trámite en el segundo o tercer piso, no podrá hacerlo por sí solo, porque no hay rampas ni elevadores.
Muchas escuelas tampoco cuentan con instalaciones adaptadas: Baños, elevadores, rampas. La mayoría de las del sistema público no están acondicionadas y si tienen dos o más pisos y tienen alumnos con alguna discapacidad los ubican en salones de la planta baja. Si las aulas de computación o de inglés están en un segundo piso, pues estos estudiantes se quedarán sin computación o sin el inglés.
En los fraccionamientos los constructores por ley deben habilitar una casa adaptada para discapacitados, lo que aquí todavía no sucede.
Si la persona discapacitada planea viajar encontrará muchos impedimentos para disfrutar del turismo. Hace algunos años tomar vacaciones era una actividad impensable para ellos. Sin embargo en países de la comunidad europea existen más de 50 millones de personas cuya movilidad está reducida por lo que gobiernos y empresarios turísticos han visto un mercado potencial y han apoyado la creación de infraestructura hotelera y de transporte adecuadas para este grupo marginado. Ellos necesitan, como cualquier persona espacios de recreación y de esparcimiento.
La misma ley establece que toda persona que presente alguna disminución funcional tendrá derecho a beneficiarse con la rehabilitación médica necesaria para corregir o mejorar su estado físico o mental cuando sea un obstáculo para su integración. Sin embargo, en nuestra ciudad no existen los servicios médicos suficientes para este tipo de personas.
Lo que requerimos de la autoridad, como en muchos asuntos de la vida ciudadana es que sea vigilante de las leyes y disposiciones y tenga voluntad para llevar a cabo campañas de concientización para poder integrar a estas personas a la sociedad. Urge una oficina que vigile el cumplimiento de la normatividad que requieren estos casos. Si no hacemos algo para hacer cumplir esta ley estamos dejando aisladas a estas personas. Vivir en sociedad significa ser solidario con los demás, saber que no somos una isla sino que estamos vinculados y somos corresponsables del bien de todos.
En Torreón, hay un largo camino por recorrer, como dice Pepe hasta que te llega una situación como ésta te das cuenta que el mundo está hecho para andar a pie y no en silla de ruedas. Ojalá hagamos conciencia, entendamos al discapacitado y tratemos de reintegrarlos a la sociedad. garzara1@prodigy.net.mx