La detección por parte de la Contraloría del Estado de Coahuila, de un problema de falsificación de documentos y alteración física de marcas en unidades de transporte público municipal, amerita ser objeto de comentario. La situación que se plantea en un número aún indefinido de autobuses, pero que según algunas versiones podría llegar a ciento veintitrés casos, supone la expedición y correspondiente obtención de placas de manera ilegal.
El problema es serio, porque implicaría que las unidades no reúnen los requisitos de Ley en cuanto a modelo y condiciones de funcionamiento, lo que hace que la ostentación de los permisos y placas sean de origen fraudulento. Con ello, están en entredicho tanto los concesionarios que procedieron de manera engañosa, como las autoridades estatales y municipales responsables de la regularización y control del autotransporte.
El hallazgo de la Contraloría, plantea un conflicto entre transportistas agremiados a la Confederación de Trabajadores de México de filiación priista y la administración panista del alcalde Guillermo Anaya, en tanto que el municipio es el responsable de mantener o cancelar las concesiones bajo tales circunstancias. Lo anterior obliga a evitar que el caso se partidice y derive en un conflicto estéril que divida a los torreonenses.
Para impedir que ocurra lo anterior, la cuestión debe ser abordada en forma coordinada por autoridades estatales y municipales, como corresponde a la competencia concurrente en materia de autotransporte. Es importante que Gobernador y Alcalde atiendan de la mano este problema, para que por encima de los intereses de partido, prevalezcan los intereses de los usuarios del servicio y de la ciudadanía en general.