El delegado de la PGR en Durango, José Alberto Rodríguez Calderón, reconoce que todavía sigue siendo importante el rezago de órdenes judiciales que no han sido cumplimentadas por la AFI y el Ministerio Público Federal, pero explicó que en el año 2000 eran 100 mil mandamientos no cumplidos a nivel nacional y más de 2 mil tan sólo en Durango, de los cuales se ha avanzado desde entonces a la fecha en un 40%.
Sin embargo, negó que sea insuficiente el número de agentes de la AFI en esta entidad, y rechazó categóricamente que sea “muy pobre” el trabajo de esta corporación en el estado, pues no es verdad que los agentes federales únicamente se dedican a cumplimentar órdenes de aprehensión, cateo o comparecencia.
El funcionario federal señaló que se está haciendo todo lo posible en lo que respecta al narcomenudeo, aunque dejó claro que no es fácil que los elementos policiacos y el Ministerio Público Federal puedan catear domicilios donde presumiblemente se vende droga.
Explicó: “Para ello necesitamos hacer una investigación y vigilancia muy estrechas, porque debemos estar al pendiente del domicilio del que recibimos la denuncia para esperar a que llegue un comprador. Luego asegurarlo y valernos de eso para poder pedirle al juez una orden de cateo. No es fácil. La gente piensa que sí podemos llegar así de repente, pero no”.
Cuestionado sobre la posibilidad de que los agentes que están bajo su responsabilidad puedan estar en contubernio con los vendedores de narcóticos, o que al hacer un decomiso más o menos importante se queden con una parte de la droga al no reportarla, el Delegado de la Procuraduría General de la República manifestó que “eso no es posible”.
Señaló que las diligencias de ese tipo siempre van acompañadas no solamente por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, sino por el Ministerio Público y un actuario del juzgado, quien da validez jurídica al acto que se lleva a cabo.