Tengo cierta resistencia a leer las páginas rojas de los periódicos. Me parecen escaparates para la diaria tragedia humana de nuestras comunidades, en especial de millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y por ello son probables víctimas o victimarios en los hechos de sangre. En las páginas rojas asoman hechos que nos impactan, pero los leemos dada la buena o mala costumbre de estar informados; aunque siempre encontramos válidos motivos para el desconsuelo y la compasión. Los crímenes, accidentes viales, latrocinios y asaltos pueden hacer que nos conmovamos e indignemos, pero igual provocan una reacción sarcástica o irónica porque conocemos las consecuencias penales de los antijurídicos, generalmente benignas e ineficaces.
Los días seis, siete y nueve de este empinado y ascendente Enero acaecieron tres accidentes de tránsito en las calles de Saltillo. Fueron causados por choferes de unidades del servicio público para el transporte de personas: el primero huyó, abandonando a su víctima, con lo cual agravó su responsabilidad; el segundo manejaba bajo la influencia de la cocaína, una droga a la que es adicto y el tercero pudo evitar el atropellamiento, pero no quiso o no tuvo habilidad para hacerlo. Los hechos descritos causaron la muerte de dos adultos y un niño de siete años.
Curiosamente los conductores responsables podrán recuperar su libertad y tornar a conducir vehículos de servicio público o privado. Resulta relativamente fácil. Los abogados y los líderes de los sindicatos -¿o sociedades anónimas?- convencieron a la familia del niño de que su corta vida valía sólo 120 mil pesos, los cuales harían el sacrificio de pagar si los padres otorgaban el perdón judicial al chofer homicida. Qué duro debe ser, para un padre de familia, tener que perdonar al homicida de su propio hijo, a cambio de dinero. En los otros dos casos no será “tan difícil” obtener la libertad de los conductores: uno de ellos la consiguió, por sí mismo, al huir y desaparecer; al otro le fue practicado el examen antidoping y resultó limpio, así que sólo se le acusará de homicidio culposo y podrá obtener la libertad bajo fianza. Ni modo, así están las leyes.
Homicidio culposo es una frase que suena terrorífica, pero no lo es. El legislador de los códigos penales hace diferencia entre homicidio culpable y culposo sólo por la existencia o inexistencia de la intención de cometerlo. En el caso resulta evidente que los tres choferes no imaginaban siquiera que matarían, cada cuál, a una persona durante su turno de trabajo pero es sabido, por quienes tenemos licencia de chofer o automovilista, que tal posibilidad es real y puede volverse concreta al conducir un vehículo. Por eso debemos manejar con las debidas precauciones, obediencia al reglamento y a las señales de tránsito, sin haber ingerido alcohol o cualquier sustancia alteradora de la visión, el equilibrio o los reflejos mentales. A ello estamos obligados todos, pero con mucha más razón los operadores del servicio público de transporte de personas. Nadie busca matar a alguien cuando sale de su casa rumbo a la calle, pero nadie sale tampoco a la vía pública con el fin de que un conductor descuidado, narcotizado o irresponsable lo atropelle y lo mate. En ambos casos existe tal riesgo, pero éste desaparece si los choferes y los peatones tomamos las debidas precauciones al manejar o caminar por la vía pública.
Un accidente se puede definir como la concatenación de dos circunstancias fortuitas y distintas que concurren en un mismo lugar y en un mismo instante. Puede ser un simple encuentro corporal de dos peatones distraídos que chocan sin consecuencias graves; o, como en los casos que comentamos, un desgraciado percance de un vehículo contra una persona con resultados trágicos. Ninguno de los participantes tuvo la intención de cometerlos, pero si uno de los choferes condujo bajo el influjo de las drogas y los otros dos fueron imperitos y omisos en controlar su autobús, es evidente que deberían ser castigados por la autoridad de acuerdo a la gravedad de su delito o de su falta.
Las decisiones del Ministerio Público en casos como éstos pueden ser consideradas como legales, pero es evidente que son injustas. Y si la impartición de una plena justicia es la finalidad de todo sistema de gobierno, resulta incontestable que las leyes penales y los procedimientos administrativos claman por ser reformados para cumplir con sus objetivos sociales y jurídicos.