(Segunda de tres partes)
COMARCA LAGUNERA.- Frente al problema de seguridad, las autoridades oponen lo que se conoce como fuerza pública organizada. Ésta, en teoría, debe ayudar a prevenir y mitigar todos los actos violatorios de la ley que atenten contra la tranquilidad y paz sociales. No obstante, la expansión de la mancha urbana parece sobrepasar la capacidad de los cuerpos policíacos. Además, no en pocas ocasiones, desde la propias corporaciones se cometen los ilícitos que presuntamente se persiguen, lo cual, aunado a los niveles de corrupción, genera desconfianza en el ciudadano.
Falta estructura y recursos
Francisco de Urrutia y Gómez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en la Laguna de Coahuila, acerca de la infraestructura de las corporaciones policíacas, comenta: “falta mucho en todas, en la Ministerial o en la Preventiva”. Y se refiere a recursos económicos, materiales y humanos.
Según dice, las cifras internacionales establecen que una ciudad debe contar con un policía por cada 500 habitantes, para poder considerársele relativamente segura. En Torreón el número de pobladores se duplica por cada agente. “Estamos muy lejos”, considera De Urrutia y Gómez y se cuestiona y se responde “¿qué pasa? Pues que hay muy poca gente que quiere ser policía ¿por qué? Pues por distintos motivos: el salario, los riesgos o no hay la afición o el gusto al oficio”.
Pero, gran parte del problema lo visualiza en torno a lo económico. “Falta dinero para que esos policías tengan los medios para poder combatir la delincuencia y eso que en La Laguna nos podemos sentir privilegiados en cuanto a patrullas, armamento y equipo”. Y cree que se necesitaría una inversión anual de entre 20 y 40 millones de pesos, sin contar los sueldos, para cubrir todas las necesidades en materia de seguridad.
En Torreón, el sueldo mínimo de un policía es de cuatro mil pesos mensuales.
Otro factor importante que señala el presidente del Consejo, es el del crecimiento que la ciudad ha tenido en los últimos cuatro años, el cual califica de impresionante, sobre todo hacia el oriente, el sur oriente y el norte. Esto hace que la capacidad de la policía se vea rebasada, ya que se privilegia la cobertura de los servicios básicos de las nuevas colonias que el apoyo a los cuerpos policíacos.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Protección Ciudadana (DSPMyPC) de Torreón, en esta ciudad se cuenta con “450 policías que laboran 12 horas diarias por 12 de descanso de lunes a sábado, quedando una fuerza neta de 360 elementos”. Esto quiere decir que por cada un mil 177 habitantes existe un agente.
Para la vigilancia diurna del primer cuadro se tienen 60 ciclistas, o también conocidos como policletos. Otros 40 hacen rondines en otros puntos de la ciudad.
En cuanto al parque vehicular se incluyen 182 patrullas tipo pick up, cuatro tipo panel, una antimotín, cuatro cuatrimotos y 105 bicicletas.
En Gómez Palacio, la corporación homónima cuenta actualmente con una capacidad de 367 elementos, divididos en varias compañías: la femenil, la ciclista, la urbana, la de servicios especiales, el Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI) y la rural. Dichos agentes hacen uso de 74 unidades, entre carros y camionetas, y 11 motocicletas.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Lerdo tiene a su disposición 120 elementos para una población de 150 mil habitantes, es decir que hay un policía por cada un mil 250 pobladores. Según Rosalío Herrera Núñez, titular interino de la dependencia, desde el 11 de abril pasado, “el 80 por ciento de los agentes cuenta con capacitación de Academia”.
Sobre el equipamiento de los policías, el también cuarto regidor y presidente de la Comisión de Seguridad y Vialidad del Cabildo, menciona, por una parte que “tenemos armas, de las más modernas, que nos ha proporcionado el Consejo Estatal de Seguridad”, no obstante se contradice al manifestar que “desde luego, la mayoría no reúne el requisito de modernidad, de número, de parque... estamos escasos de armamento y cartuchos”.
En relación al presupuesto, Herrera Núñez expresa que “de todos es sabido que Lerdo es de los municipios más castigados en cuanto al apoyo de recursos del gobierno; es al que más se le ha restringido de manera permanente”. Debido a lo anterior, según explica, el parque vehicular no se repone de acuerdo a lo que la Dirección lo amerita.
En este rubro, actualmente se cuenta con 23 patrullas y cuatro motocicletas de uso de la Policía Preventiva. De aquéllas, únicamente la mitad está funcionando y las otras “están en regulares condiciones”, aclara.
Procuradurías: poco recurso, “más eficiencia”
Para suplir el poco crecimiento respecto al de la ciudad, Raúl Mario Mijares, subdelegado de la Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila, explica que “lo que se está haciendo ahorita es mejorar la infraestructura con la que contamos... básicamente los sistemas de cómputo”.
Se trata de la dotación completa de equipo nuevo cargado con un programa en red diseñado especialmente para la Procuraduría. “Todo con el fin de hacer más eficiente el trabajo de los agentes del Ministerio Público”.
La modernización consiste en varias etapas: establecer enlace directo con la Dirección de Seguridad Pública y la automatización de la parte receptora, entre otras.
La planta laboral está conformada por 340 personas, de las cuales, 150 son policías ministeriales y las otras se encuentran repartidas en las 28 mesas investigadoras con las que cuenta la delegación, fungiendo como agentes, adscritos y escribientes.
“Nunca es suficiente con el personal que uno tiene” considera, por su parte, Joaquín Saucedo Flores, titular de la Sub Procuraduría de Justicia (SPJ) de la Región Laguna de Durango.
De acuerdo a lo que informa, la dependencia a su cargo cuenta con alrededor de 19 agencias del Ministerio Público.
En cuanto a la Policía Ministerial, establece que está conformada por alrededor de 90 elementos, divididos en diferentes grupos de acuerdo a la función que realizan.
Cuatro motocicletas y 32 camionetas constituyen el parque vehicular de la SPJ. “Contamos además con el armamento necesario...” asegura.
No obstante, Saucedo Flores señala que requieren cuando menos otros dos o tres agentes investigadores, “porque la población está creciendo y con ella los delitos”.
Y manifiesta su inconformidad por la diferencia tan amplia con respecto a Durango Capital, en donde, afirma, existen 33 agentes investigadores.
Reconoce que por lo pronto es difícil contemplar una ampliación de agencias en la SPJ debido a los recortes presupuestales que el Gobierno Federal ha implementado.
Sobre la estructura propia de la delegación coahuilense de la PGR, la titular, María López Urbina, considera que es suficiente. 47 son los agentes federales investigadores que la conforman, pero cada uno con una capacitación de apenas cuatro a seis meses.
Corrupción, “imposible erradicarla”
La PGR, durante muchos años fue el sinónimo de corrupción. Sobre este fenómeno, opina López Urbina: “ahorita, la percibo en un nivel bajo. No tenemos ninguna denuncia contra ningún funcionario. En los pocos que se han presentado, se ha ejercitado acción penal como con cualquier ciudadano que ha cometido algún delito”.
Pero además apunta que es necesaria una mayor credibilidad en las instituciones. Pero, para eso, “los funcionarios primero tenemos que cambiar la atención al usuario, hacer conciencia de que somos pagados por la Federación, que ningún funcionario es dueño de las oficinas y que éstas deben estar abiertas al público... que no nos vean con temor”.
Sobre la vigilancia a los agentes comenta, “tenemos varios subdelegados que se encargan de la supervisión técnica jurídica de llevar un control diario, además, creemos que la ciudadanía ya no se calla, inmediatamente señala y presenta alguna querella o denuncia”.
Para el director de Seguridad Pública de Gómez Palacio “la corrupción existe y existirá siempre, lamentablemente, no se puede erradicar porque es parte de la naturaleza humana, lo que podemos hacer es disminuirla a los más bajos niveles”.
Según comenta Arturo López, ya la han minimizado en un 40 por ciento en lo que va de la actual administración.
Las estrategias que dice implementar se basan en: dialogar con los elementos, acompañarlos en los operativos, inculcar el trato digno a los ciudadanos y un buen salario. “Un agente raso aquí gana cuatro mil pesos... la de Gómez es la policía mejor pagada de toda la Laguna”, se jacta.
Por su parte, la Dirección torreonense establece que en lo que va de la administración de Guillermo Anaya han sido dados de baja 42 elementos de la corporación. Los casos más frecuentes de cohecho se presentan “cuando se aprovecha que algún ciudadano se encuentra en estado de ebriedad para quitarle el dinero”.
En cuanto a la corrupción al interior del cuerpo policíaco lerdense, Rosalío Herrera exclama: “lo que nos ubica en ese sentido es la ciudadanía”. Sin embargo, minimiza el fenómeno. Cree que muchas de las denuncias esconden fines políticos de desprestigio hacia el actual Ayuntamiento. Advierte que “existen también muchos regidores de oposición que quieren llevar agua a su molino... por lo que a esos señalamientos les damos un tratamiento político”.
Las Procuradurías estatales no son la excepción en este problema. A decir de Mario Mijares, subdelegado de la PGJE, “no se puede decir que una institución esté exenta de ella. Pero, aquí no se ven esos niveles que se conocieron o que son famosos en muchas otras partes del país... pero lo que sí te digo es que al que se le descubre, se le sanciona”.
Según explica, los coordinadores de áreas son los encargados de supervisar que no se presente ningún tipo de irregularidad entre los agentes y los inculpados o los ofendidos. Sin embargo, existe una Contraloría Interna, que es la instancia que conoce de cualquier hecho de corrupción que se presente, la cual, de una manera u otra, depende del propio Gobierno del Estado, lo cual merma su credibilidad.
Para Saucedo Flores, de la SPJ, desde el inicio de su gestión, han ido disminuyendo las quejas en forma considerable. “El año pasado tuvimos alrededor de 20, ahora, en lo que va de éste, estamos hablando de unas cinco o seis”.
Sin embargo, dice estar consciente de que “la corrupción es muy difícil de erradicarla, porque yo creo que todos contribuimos a ella”.
Más adelante, señala que es importante la participación de toda la ciudadanía. Desgraciadamente, “mucha gente ya no cree en los funcionarios, es un gran problema... y si no hay quejas, para mí la corrupción está bajando”. Así de simple.
Preocupación en sector empresarial
Acerca de cómo se percibe la corrupción desde el sector empresarial, Arturo Gallegos Salcido, presidente de la Confederación Patronal Mexicana de la Laguna (Coparmex), responde: “nosotros creemos que si no hubiera corrupción no hubiera tantos problemas. Por ejemplo, se nos ha dicho hasta la saciedad que hay compromisos de los policías federales con bandas de narcotraficantes; no se explicaría de otra manera el que ellos no se den cuenta en dónde se expenden las drogas, lo que todo mundo te señala. No es posible que a los señores federales no les llegue esa información”.
Además, gran parte de la apatía de la sociedad para señalar y acercarse a las autoridades, se debe a que existe una percepción de que estas últimas presentan severos vicios en sus elementos y, en consecuencia, se presume una complicidad con el crimen.
Acerca de esto, Luis Cuerda Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón (Canacoto) apunta que, en esta ciudad, existe una leve mejoría, “lamentablemente, el problema de la corrupción no se ha podido erradicar... hemos observado en algunas de las corporaciones recortes de personal por ese motivo y yo creo que la situación tiene que ir mejorando poco a poco”.
Y retoma la idea de la coparticipación de la ciudadanía. “También en la medida en que nosotros evitemos el darle una mordida a los agentes, iremos ayudando a que el problema sea menor”.
Pero, al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Francisco de Urrutia no le asusta la corrupción que se da en los agentes policíacos, aunque no descarta la necesidad de ser más rigurosos con los policías en cuanto al trato con la ciudadanía, evitar los abusos, “eso sí se tiene que frenar”.
Dice: “creo que hay una corrupción mucho más grave y seria: la de cuello blanco... que no la vemos tan fácilmente y que, por eso, es muy difícil de identificar y combatir”.
Todo lo anterior pone en tela de juicio si la actual estructura de combate a la delincuencia y mantenimiento de la seguridad es el más adecuado o si, por el contrario, es necesario un replanteamiento del problema incluso, asumirlo desde otros enfoques distintos al que hoy prevalece: a mayor crimen, corporaciones policíacas más grandes y, por ende, menos controlables.
Un gran riesgo por ocho mil pesos
Casco antibalas sobre la cabeza; bolsa camello (camel bag) en la espalda; gafas selladas cubriendo la cara con pasamontañas; chaleco contra plomo; funda táctica para escuadra, ya sea en cintura o en costilla; botas con soporte de aire; linterna, navaja, guantes, rodilleras, bastón, esposas... todo en negro y con un peso en su conjunto cercano a los 30 kilogramos. Esta es la indumentaria de un elemento del cuerpo de élite antisecuestros de la Policía Ministerial. Se formó hace ya siete años y su nombre oficial es Dirección General de Investigación del Secuestro y Crimen Organizado del Estado (DGISCOE).
Enrique Ruiz Arévalo, director de la corporación, explica que en la acción de rescate, este grupo tiene una misión muy específica.
“Proteger la vida del rehén, pagar la menor cantidad de dinero posible e investigar para atrapar a los culpables”.
Y para lograr lo anterior son necesarios tres factores: “concentración, condición física y entrenamiento”. La técnica utilizada es israelita, según las explicaciones de Enrique Ruiz Arévalo.
Los siete elementos formados, se disponen a realizar una de sus incursiones a un “cuartel de secuestradores”.
El de adelante carga un escudo antibalas, el cual sirve de protección para todo el grupo. A su vez, apunta hacia el frente con su escuadra nueve milímetros.
Una vez dentro, el último agente del pequeño pelotón se queda en la puerta para cuidar la retaguardia: sin pestañear, vigila.
Los otros seis irrumpen e inspeccionan el lugar en forma cautelosa. De pronto, uno de los presuntos criminales es descubierto y la violencia represiva se desata.
A gritos y apuntando con sus rifles M 15 hacia el cuerpo logran someterlo.
“¡Tírate al suelo! ¡Voltéame a ver! ¡No te muevas!” y los señaladores de luz escarlata se observan en las ropas del detenido.
Una vez que es esposado, el sospechoso es llevado al vehículo que lo transportará a la base del DGISCOE.
La labor de rescate de un rehén es similar a la anterior en lo que respecta a la incursión. El tratamiento de la víctima es muy distinto. Con cuidado, los elementos sacan al sujeto de la pieza protegiendo su vida con sus cuerpos.
El ‘monkey’, agente pequeño, hábil, baja a rapel de la azotea para observar a través de los cristales y apuntando con su escuadra, para cerciorarse de la presencia de otro criminal.
Un francotirador, ubicado en cualquier lugar de los alrededores, mantiene la mirada fija a través de su “sig sauer” para detectar cualquier movimiento en falso. Todas estas acciones están respaldadas en el trabajo de inteligencia que la propia Dirección elabora.
“Los delincuentes pueden usar cualquier tipo de arma, hasta del ejército... nosotros no”, asegura el director de la corporación, Enrique Ruiz Arévalo.
En la realidad, el riesgo para los agentes es elevado. Por este trabajo, ganan ocho mil pesos mensuales.
“También lo hacen porque les gusta”, comenta el jefe operativo de la unidad antisecuestro.
Tres caminos
Los corporaciones policíacas de la zona conurbada de la Comarca Lagunera tienen diferentes maneras de actuar.
TORREÓN COAH.
Contra el “narcomenudeo” ¿estrategia equivocada?
La estrategia de combate a este delito ha sido hasta el momento la persecución y detención de los famosos “puchadores”. Respecto a lo anterior, De Urrutia y Gómez opina que, como por lo regular no traen más que una dosis, al detenerlos, fácilmente quedan libres porque una dosis es posesión, no venta. “Y es eso otro de los problemas que tenemos; las leyes, muchas de ellas, se han hecho ya a favor del ‘malandro’ y éste se las sabe incluso más que la Procuraduría quien tiene las manos amarradas”.
Pero, el “puchador” es el último escalafón en la estructura delictiva del “narco”. ¿Por qué no perseguir mejor a los medios o a las cabezas?
—Porque son los que están más protegidos y difícilmente puedes hallarlos con dosis o que demuestres que la droga es de ellos. La estructura legal no es suficiente... hay que hacer leyes más duras y menos requisitosas en la tipificación de los delitos.
“De por sí los delincuentes cuentan con mejor equipo que las policías, ahora, encima de eso, las leyes están de su lado”.
María López Urbina, delegada de la PGR en Coahuila, expresa: “debemos evitar que esos delincuentes vayan creciendo. Hoy venden diez bolsitas, mañana diez kilos”.
Y para los famosos peces medios o gordos, “existen fiscalías especializadas dentro de la PGR, que abren líneas de investigación con carácter confidencial que nos lleven a la detección de la delincuencia organizada”.
Más adelante señala que el compromiso de la erradicación de este problema es de todos, no sólo de las instituciones encargadas de procurar justicia. “Nosotros ejercitamos acción penal ante la autoridad judicial correspondiente a los narcotraficantes... pero a un fármaco dependiente lo vamos a mandar a que reciba un tratamiento médico y psicológico, pero no podemos decirle al papá que ya no le dé dinero o ya no lo deje salir o chéquele las entradas a su domicilio, ahí ya no podemos entrar porque es de cada quién”.
¿Cómo se actúa frente al traficante?
—Una vez que se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de que una persona se está dedicando a vender o está traficando y con la presunción de responsabilidad del delincuente, ejercitamos acción penal ante la autoridad judicial.
“Si encontramos una persona fármaco dependiente, no lo podemos consignar porque el Código Penal lo protege”.
Y esta situación ha servido para que muchos presuntos puchadores sean puestos en libertad.
GÓMEZ PALACIO, DGO.
Abrir paso con rudeza
Desde su formación en el trienio de Carlos Herrera Araluce, el Grupo Operativo de Reacción Inmediata (GORI) fue muy cuestionado por sus formas violentas de actuar. Pero, el actual director de Seguridad Pública, Arturo López, justifica la formación y labor de la organización: “don Carlos lo creó para combatir el pandillerismo, porque en aquellos entonces no había principio alguno de autoridad en las colonias”.
Posteriormente, agrega: “consideraba el entonces alcalde que era necesario abrirse paso de forma ruda” y afirma que así fue como se logró controlar a la Rubén Jaramillo, El Consuelo, la Cinco de Mayo, Tierra Blanca, la Flores Magón, la Brittingham, entre otras que figuraban como las más conflictivas.
“Existe un lema que me gusta: hay que imponer el orden con justicia y procurar la justicia con orden” exclama.
-Pero las quejas en contra de los GORIs no han cesado.
— “Mira, siempre va haber quejas. Por un lado, el ciudadano de buen vivir reclama protección. Luego viene el reclamo del que es vicioso, que es al que se persigue. Se sabe a leguas quién anda delinquiendo y quién no, por la vestimenta y no se trata de decir ‘el que parece es’, no, pero, alguien que es de bien no va a traer un atuendo impropio”.
CIUDAD LERDO, DGO.
¿Los GORIs lerdenses?
Para muchos, son los GORIs de Ciudad Lerdo. Como respuesta a la creciente ola delictiva en este municipio, se creó el grupo policíaco de élite que tiene como función principal “la sobrevigilancia”, según lo que manifiesta Rosalío Herrera, director interino de Seguridad Pública. “Los lugares que no se alcanzan a cubrir con las rutas normales”, explica el funcionario, “es a donde estamos atendiendo”.
El cuerpo actualmente cuenta con ocho elementos “voluntarios”, a los cuales, próximamente, se les sumarán otros ocho. No tienen horario fijo, están disponibles cuando son requeridos. Por lo pronto, la cobertura que se tiene es diurna, con la integración de los nuevos se abarcará la vigilancia nocturna. Una sola patrulla es la que está a disposición de los “GORIs lerdenses”.
En este medio de comunicación se informó en días anteriores que por lo menos cuatro agentes estaban pidiendo ser dados de baja de la nueva corporación. Rosalío Herrera explica que no fue así: “lo que pasó es que una agente, de nombre Crescencia Gutiérrez, debido a la movilidad continua de los horarios y que ella tiene niños que atender, solicitó el cambio pero dentro del mismo cuerpo, eso fue todo”.