02 octubre 2003
Virginia, EU. (AP).- Una juez federal le prohibió el jueves al gobierno estadounidense buscar la pena de muerte para Zacarias Moussaoui, uno de los acusados por los ataques terroristas del 11 de septiembre.
La decisión es un duro revés para el gobierno, que le negó a Moussaoui la oportunidad de interrogar a agentes de Al Qaeda presos.
La juez Leonie Brinkema rechazó otra moción en que se le pedía descartar todas las acusaciones. El gobierno había reconocido que descartar las acusaciones era algo apropiado, por lo cual se podrían apelar las decisiones anteriores de la juez de darle a Moussaoui acceso a los detenidos.
La juez dijo que la notificación del gobierno de su intención de solicitar la pena de muerte debe ser retirada, y los fiscales no podrán presentar ninguna evidencia o argumento de que el acusado haya estado involucrado en, o haya tenido conocimiento de, los planes de los ataques del 11 de septiembre.
Brinkema pospuso el efecto de su dictamen de modo que el gobierno pueda apelar. El gobierno había anticipado que las acusaciones serían descartadas, y había dicho a Brinkema que ello era la ruta más rápida para que intervenga un tribunal de apelaciones. Moussaoui y su abogado, nombrado por el tribunal, habían solicitado que fueran descartadas las acusaciones.
Brinkema respondió así al desafío gubernamental de sus dictámenes de enero y agosto, que concedieron a Moussaoui acceso a los prisioneros mediante una conexión vía satélite.
Brinkema concluyó que el derecho constitucional de Moussaoui a testigos potencialmente favorables era más importante que la necesidad gubernamental de proteger información secreta que podría ser revelada en testimonios de los prisioneros.
Los fiscales habían argumentado que la seguridad nacional sería seriamente afectada si se llega a revelar algún detalle sobre los interrogatorios de los prisioneros, mantenidos en lugares secretos, fuera de Estados Unidos.
El gobierno del presidente George W. Bush podría decidir cambiar el caso de Moussaoui a un tribunal militar, donde la seguridad nacional muy probablemente prevalecería.
Pero esa decisión probablemente sería tomada luego que el 4° Tribunal de Circuito de Apelaciones, en Richmond, Virginia, dictaminara sobre el tema del acceso a los testigos. La parte perdedora en el tribunal de apelaciones podría entonces solicitar la intervención de la Corte Suprema.