Ayer, en sesión extraordinaria, con 14 votos a favor de los diputados priistas y 7 en contra del PAN y PT, el pleno de la LXII Legislatura declaró improcedente iniciar juicio político contra José Luis Galindo Almanza, alcalde con licencia de Nazas.
Además, instauró el procedimiento administrativo de responsabilidades en contra de Gerardo Castillo Jiménez, para lo cual se constituyó la comisión especial de legisladores que dictaminará al respecto.
Con la asistencia de vecinos de Nazas, quienes con pancartas fustigaron a los diputados priistas, éstos y los panistas se enfrascaron en una discusión parlamentaria, los primeros para defender los dictámenes elaborados por la Comisión de Responsabilidades, mientras que los del blanquiazul para descalificar el procedimiento que se aplicó para dar posesión al presidente municipal suplente de Nazas, Benito Gutiérrez Villegas.
Los dictámenes de ambos acuerdos, elaborados por la Comisión de Responsabilidades, no fueron firmados por el presidente, el diputado panista José Guillermo Hilario Cantú, quien incluso no asistió a la sesión de ayer en muestra de inconformidad y protesta porque se le rebasó en sus funciones por los otros 4 integrantes (Juan Manuel Félix León, Armando Rodríguez Morales *éste del PD*, René Carreón Gómez y Rogelio Ayala Arzola, priistas).
El primero de los acuerdos que se discutió y votó fue el que se refiere a José Luis Galindo Almanza, que además incluyó desechar la solicitud para declarar desaparecido el Ayuntamiento de Nazas.
También se rechazó, por improcedente, la solicitud de juicio político en contra del Presidente Municipal con licencia, “al no comprobarse la existencia de los actos a que se refiere el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios”.
El artículo tercero del acuerdo establece que “al haberse configurado la existencia de responsabilidades administrativas en las diversas revisiones realizadas por la Secretaría de la Contraloría y Modernización Administrativa y el órgano técnico en materia de fiscalización del Congreso, se propone la instauración del procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de José Luis Galindo Almanza y Gerardo Castillo Jiménez.
En sus facultades, el presidente de la Comisión Permanente que dirige los trabajos legislativos durante el período extraordinario, Octaviano Rendón Arce, designó a los integrantes de la comisión especial de diputados que dictaminará el procedimiento administrativo: Adrián Valles Martínez, Jorge Herrera Delgado, José María Alcántar Franco, Sergio Carrillo y Laura Elena Estrada.
A petición de la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Rosario Castro Lozano, se incluyó en el acuerdo la constitución de la comisión especial de diputados, con lo cual se le dio mayor validez a la designación.
Ello significa que los 5 diputados nombrados para integrar la comisión deberán investigar las observaciones administrativas que resultaron de las auditorías que aplicó la Secretaría de la Contraloría en los casos mencionados, y ponerlas a consideración del pleno para su aprobación, rechazo o modificación en su caso.
Mientras que los panistas criticaron la declaración de improcedencia del juicio político en contra de Galindo, al señalar que “el gobernador del estado decidía a su conveniencia a quién ayudar y a quién no”, los priistas en voz de Rogelio Ayala justificaron su voto a favor en los considerandos que presentó la comisión dictaminadora.
El acuerdo sobre Gerardo Castillo establece que al haberse configurado la existencia de responsabilidades administrativas en las diversas revisiones realizadas por la Secretaría de la Contraloría y Órgano Superior de Fiscalización, (se debe) instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa.