La administración estatal se resiste a firmar un convenio donde se debe comprometer a solventar una aportación de 5 mdp
El Gobierno del Estado se ha resistido de manera sistemática a firmar el convenio por cinco millones de pesos para completar el pago a las 92 familias que fueron defraudadas por la Caja Popular la Número Uno, pese a que el Gobierno Federal ya dispuso una partida por diez millones de pesos para concretar la devolución del 70 por ciento del saldo de los afectados, según lo dio a conocer un comité de ahorradores.
El organismo representativo sostuvo que la autoridad estatal se había comprometido a solventar la parte pactada en el convenio; sin embargo, ha manifestado su rechazo bajo el argumento de que no hay recursos financieros para enfrentar este compromiso, asentó.
Como se recordará, desde el 2000 se detectó un fraude cometido por la Caja Popular la Número Uno, pero se acordó un esquema para liquidar a los socios afectados, entre el cual estaba cubrir el 70 por ciento del saldo a los ahorradores con una alcancía superior a los 190 mil pesos.
La vocera del grupo inconforme, María del Socorro Pérez, manifestó: “no estamos contra el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, pero ya nos cansamos de tantas mentiras y de que no se cumplan los compromisos adquiridos”.
Explicó que desde diciembre delo 2002, el Congreso de la Unión aprobó la “Ley de Apoyo a las Sociedades Cooperativas y sus Ahorradores”, a través de la cual se establecía que los socios de este tipo de cajas deberían obtener la devolución del 70 por ciento de sus saldos acumulados, pero esta disposición no ha sido cumplida por el gobierno estatal.
Aseguró que aproximadamente desde mayo del presente año, el Gobierno Federal remitió al estatal la propuesta de convenio; incluso, el tesorero estatal Juan Manuel Flores Álvarez “nos señaló que el dinero estaba presupuestado”. Sin embargo, lejos de concretarse la firma del pacto y ejecutarse el pago, el funcionario, mediante un oficio con fecha 19 de agosto, manifestó que no había recursos para pagar a los ahorradores.
La representante de los ahorradores manifestó que mientras en la mayoría de los estados los gobiernos estatales asumieron la responsabilidad acordada por el Congreso de la Unión, en el caso de Durango, se ha observado una resistencia a solidarizarse con las familias afectadas.
Indicó que en caso de no firmarse el convenio, los diez millones de pesos dispuestos para Durango podrían ser regresados y asignados a otros estados, donde la autoridad ha mostrado interés en responder solidariamente con los socios defraudados por la Caja Popular la Número Uno.
DEFENSA
Incapacidad financiera
El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Juan Manuel Flores Álvarez, declaró que el Gobierno del Estado está incapacitado financieramente para cubrir el saldo que le corresponde para solventar un reembolso a los ahorradores de la Caja Popular la Número Uno.
En una entrevista televisada y cubierta por medios de comunicación de la fuente gubernamental, el Tesorero dijo que, jerárquicamente, la administración estatal tiene otras prioridades, en las cuales no está el problema de los ahorradores defraudados.
Adicionalmente, en defensa del Gobierno del Estado, Flores Álvarez destacó que el problema en cuestión “es de particulares”, de tal manera que no se puede culpar a la autoridad estatal, apuntó.