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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Indígenas choles del municipio de Palenque, en el norte de Chiapas, denunciaron amenazas e intimidaciones de integrantes de la organización priista “Paz y Justicia”.
En medio de estas denuncias, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la desaparición de la unidad especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos armados en Chiapas, que investigaba denuncias relacionadas con bandas armadas y grupos paramilitares en la región.
La dependencia federal indicó que por instrucciones del procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, el organismo se incorporó a la Subprocuraduría de Investigación.
La nueva estructura, además de la investigación de grupos armados está involucrada en las indagatorias de delitos contra la salud, trasiego de armas y tráfico de indocumentados.
La unidad especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos civiles armados en Chiapas, investigaba desde 1995 la denunciaba contra 12 grupos armados considerados paramilitares, en el Norte, Altos, Sierra y Selva del estado.
No obstante, durante los ocho años que dicha unidad permaneció activa, su titular Armando Pérez nunca presentó un informe de las actividades desarrolladas.
En tanto, mediante un comunicado, respaldado por la red de defensores comunitarios por los derechos humanos, señalan que Felipe Arcos Méndez, Juan, Miguel y Domingo Alvaro Arcos, originarios de la comunidad La Aurora, enfrentan amenazas de despojo de tierras.
Los afectados señalan que el pasado 26 de enero, miembros de “Paz y Justicia” y autoridades del comisariado ejidal, encabezadas por Lucas de la Cruz, Juan Álvaro Cruz y Juan López Cruz “ acordaron despojar de sus tierras a los cuatro simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.
Por otra parte, militantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), cercaron por varias horas el edificio de la sede del pode Ejecutivo, en demanda de la liberación de un grupo de presos autoproclamados políticos, detenidos por la administración de Pablo Salazar Mendiguchía.
Los campesinos, originarios de diferentes zonas del estado, armados y resguardados con palos, machetes y piedras bloquearon la entrada principal del palacio del gobierno estatal.
Los manifestantes exigen la liberación de un grupo de reos procesados en el penal de Cerro Hueco, entre los que destaca el dirigente Noé Jiménez Pablo, detenidos hace más de un año en la comunidad Zamora Pico de Oro, en la Selva, durante un operativo de desalojo policiaco.