En Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscal Especial para investigar el asesinato de Digna Ochoa presentó ayer un segundo informe (el primero fue expuesto allí mismo el 18 de octubre pasado, un día antes de que se cumpliera el primer aniversario del homicidio todavía impune) sobre las tareas que asumió hace más de medio año.
No lo dice el informe de modo explícito, por supuesto, pero su contenido contrasta fuertemente con el estado en que la Fiscal Margarita Guerra recibió la investigación el año pasado. En vez de ofrecer conclusiones cuando faltaba mucho por hacer, y dar por buena la hipótesis del suicidio, la indagación ha abierto nuevamente el abanico de las pistas que la naturaleza del caso hacía necesario examinar, y ha desechado información irrelevante. Se trata de privilegiar, de entre el cúmulo de información obtenida a lo largo de toda la pesquisa, “aquellos datos que por su claridad y viabilidad ayuden al esclarecimiento de los hechos”. Tampoco lo dice así el informe, porque lo impide la prudencia de la investigadora, pero se están colmando insuficiencias del período previo al día en que ella se responsabilizó de las averiguaciones. Se están recabando nuevos testimonios (de 113 personas) “inclusive de quienes ya declararon con anterioridad, para puntualizar determinados aspectos” y “se está llevando a cabo la valoración, reestudio y aclaración de diversas pruebas técnicas”. Se trata, en suma, de someter “a examen la viabilidad de cada una de las líneas de investigación que se encontraron abiertas, conforme al análisis del material probatorio tanto técnico como documental”.
En lo que toca a una de las ramificaciones de la pista castrense —la que se refiere a la defensa que hizo Digna Ochoa de los campesinos ecologistas— han sido interrogados miembros del Ejército, y se ha solicitado ayuda a los mandos para localizar a quienes ya no pertenecen a las fuerzas armadas. Por lo que hace a los soldados y oficiales que la siguieron durante su visita postrera a Guerrero, “se ha requerido al fuero militar realizar las diligencias que considere conducentes a efecto de que se pueda identificar, localizar, citar y recabar testimonios de personas... que tuvieron contacto” con Digna Ochoa en esa ocasión, “conforme a las imágenes contenidas en el videocasete en que se fijó la visita” de la defensora de derechos humanos.
También se requirió el apoyo de la Procuraduría de Guerrero para recabar testimonios de personas de alguna manera relacionadas con Digna Ochoa o con su muerte. El hermano de la víctima, Jesús Ochoa expuso el cuatro de febrero “que en los meses de diciembre y enero anteriores sostuvo entrevistas con personas que a su vez hacían señalamientos de que habían escuchado de algunos otros sujetos que intervinieron en el fallecimiento” de la abogada. Dos de esos testigos están presos en Acapulco y dos se encuentran en libertad. Por razones de seguridad, que el propio Jesús Ochoa adujo, él mismo presentaría a los testigos que se hallan libres, “sin que hasta la fecha haya comparecido para tal efecto; sin embargo, se envió personal de la Fiscalía al Estado de Guerrero a fin de recabar documentos que permitan... contar con mayores elementos para la formulación de interrogatorios a estas personas”.
Amén de realizar directamente diligencias en Veracruz, la Fiscalía ha solicitado ayuda de las procuradurías de ese mismo estado, Michoacán, Jalisco, Yucatán y Chiapas. Se han solicitado a la Procuraduría General de la República los expedientes relativos a las amenazas recibidas por Digna Ochoa y otros miembros del Centro Pro, de derechos humanos, desde mucho tiempo antes de su muerte. A la propia PGR se pidió también reestudiar diversos materiales que ya habían sido dictaminados. Pero “en algunos casos los elementos de estudio fueron copias y fotografías, por no contar en ese momento con los documentos originales, mismos que ya fueron recabados”.
El nuevo dictamen arroja datos que la Fiscalía corroborará. También se solicitó que la PGR informe sobre la posible presencia de miembros de su policía, en la víspera de la muerte de Digna Ochoa, en las inmediaciones de su despacho. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, a su vez, ha sido instada a procurar la entrega de informes sobre el tráfico de llamadas telefónicas en los números fijos y móvil a que tenía acceso la víctima, ofrecidos hasta ahora sólo de modo parcial. En el intenso proceso de revisión de las indagaciones mal hechas, la Facultad de Medicina de la UNAM analizó el trayecto del proyectil, ya que el previo “presentaba algunas irregularidades”. Igualmente se realiza un nuevo estudio sicológico para “conocer con mayor objetividad y certeza tanto la personalidad de Digna Ochoa como su entorno social y personal”. También se harán de nuevo pruebas: de disparo con el arma utilizada, y la de Walker en el pantalón, “mismas que en un primer momento no se realizaron debidamente”.
Se hace notar en el informe de la Fiscal la presencia en México, del 13 al 24 de enero, de los peritos enviados por la Comisión Interamericana, expertos en balística, medicina y patología. Todo lo cual es necesario para “un nuevo dictamen en criminalística, pieza angular en la indagatoria”. Alienta conocer la apertura con que procede la Fiscalía, dispuesta incluso a iniciar nuevas líneas de investigación. Es de lamentarse en cambio, aunque se comprenda, que el tiempo perdido antes no sea todavía recuperado.