Los muebles que estaban en la ex hacienda son propiedad de particulares, afirma Alberto Ramírez
Aunque en 1972 se declararon en forma automática como monumentos y zonas arqueológicas todos los bienes muebles e inmuebles que se hayan construido en los siglos XVI al XIX, en el que se incluye la ex hacienda de La Ferrería, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se ve imposibilitado en la supervisión y control de la remoción de sus bienes muebles, ya que se aduce que éstos se introdujeron en 1970 y que la institución tuvo director local hasta 1994.
La remoción del resto del mobiliario que aún quedaba en la ex hacienda de La Ferrería y que fue trasladado a las bodegas del Gobierno del Estado desde el pasado jueves se vio imposibilitada de ser supervisada por el INAH, ya que consideró su director, Alberto Ramírez Ramírez, que la mayor parte de los bienes fue puesto en este lugar tras la remodelación de la Casa Grande en Ruinas, en el año de 1970 aproximadamente, cuando estuvo a cargo de un particular.
Explicó que los bienes muebles que proceden del siglo XIX sí son responsabilidad del INAH, para su conservación, ya que se consideran patrimoniales.
“Del bien inmueble no hay ninguna duda: el edificio es de principios del siglo XIX y lo consideramos como monumento histórico y por eso está registrado con una ficha en la nación”. Explicó que de acuerdo con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas, no le confiere el uso del inmueble.
Los bienes, explicó, no son propiedad de la nación, sino de los particulares, pero el INAH tiene la responsabilidad de su conservación, a través de la respectiva legislación.
Aceptó que el INAH no tiene ningún inventario de los bienes muebles que hubo y había hasta el pasado jueves en el interior de la ex hacienda.
Aseguró que alrededor del inicio de la década de 1970 un particular restauró la ex hacienda y adquirió muebles de otro lugar, “porque estaba muy destruido”, aseguró. Incluso, señaló que el Jardín del Unicornio fue traído de otro lugar, así como gran parte de su mobiliario.
El INAH llegó en 1989 a Durango y en 1994 ya tuvo un director. Éste fue el motivo que adujo por el que no se tiene registro de los bienes muebles y de que no se sabe si éstos fueron modernos o históricos.
Finalmente, el Director indicó que, por convenio con el Gobierno del Estado, se realizará un catálogo de los bienes muebles de mil 800 monumentos históricos que hay en la entidad, para evitar su extracción.
SE ACABÓ EL ATRACTIVO TURÍSTICO
“Independientemente del destino de la ex hacienda de La Ferrería, ésta debe mantenerse junto con su mobiliario, para que el turismo pueda conocer cómo se vivía en aquella época”, dijo Fernando Andrade Cansino, crítico de arte, poeta y escultor.
Comentó que durante mucho tiempo los turistas han acudido a este lugar con la idea de que se van a encontrar con un lugar en donde se les explicará o de alguna manera se enterarán de cómo se vivía en La Ferrería, en una ex hacienda.
Consideró que el espacio que se le dio en su momento a la obra que donó Guillermo Ceniceros, mismo nombre que llevaba la ex hacienda como museo, fue bueno; sin embargo, no fue el adecuado para una exposición de obra moderna.
Dijo que debe buscarse un espacio adecuado al arte abstracto de Guillermo Ceniceros, pero con respecto a La Ferrería comentó: “hubo mucha gente que iba a visitar la ex hacienda con la idea de encontrarse con el mobiliario que ahí había”, explicó.
En forma desafortunada, muchos de los muebles nunca se guardaron adecuadamente. Algunos se encontraban en los pasillos, en la oficina de la Dirección, en los corredores; también se colocaron en la Casa de Gobierno, en el mismo ICED, en las bodegas de la Casa Grande en Ruinas y del Gobierno del Estado.
Finalmente, comentó el crítico de arte que es importante que se busque un espacio a la obra de Guillermo Ceniceros, acorde con la abstracción con que presenta sus obras.
traspiés jurídicos del gobierno estatal
Con la entrega de la ex hacienda La Ferrería, en este año se suman dos asuntos perdidos por el gobierno estatal en expropiaciones y una corrección de iniciativa de decreto de enajenación de los terrenos de la Feria, que deja entrever la capacidad de la asesoría jurídica del Poder Ejecutivo.
El jueves inició la formal desocupación de la Casa Grande en Ruinas, para dar cumplimiento al ordenamiento del Juzgado Tercero de Distrito, al perder los derechos en el decreto expropiatorio de este bien inmueble.
El ordenamiento de la devolución del inmueble en mención y de su mobiliario se realizó por la autoridad mencionada en agosto del año pasado.
El asunto fue turnado al Tribunal Colegiado de Circuito, situado en esta ciudad, en el que se solicitó su revisión. La sentencia fue ratificada; sin embargo, el Juez de Distrito realizó un acuerdo, que para la familia Mertins fue hecho en forma irregular, en el que ahora sólo ordena la entrega del bien inmueble, no así del mobiliario.
La pérdida de este juicio se suma a otro asunto que tampoco logró hacer efectivo el gobierno estatal y que se registró en la ciudad de Gómez Palacio.
Por decreto expropiatorio trató de hacerse de 323 metros lineales en la propiedad de “Los Compadres”, con lo que se pretendía obtener el paso de la tubería del emisor de la planta tratadora; sin embargo, por sentencia de la justicia federal, ésta fue revocada a través de un amparo.
Por otro lado, con respecto de los terrenos de la Feria, el gobernador del estado, Ángel Sergio Guerrero Mier, tuvo que resarcir un error en el procedimiento legal, al reconocer que no pidió autorización al Congreso del Estado para realizar la operación de compra-venta con la familia Chavarría Diez, misma que vendió 40 hectáreas para las nuevas instalaciones de la Feria.
El asunto de reconocimiento de error fue no pedir autorización a la actual legislatura con respecto de los terrenos de las actuales instalaciones de la Feria, con los que pretendía pagar complementariamente la deuda con esta familia.
En su momento las fracciones parlamentarias de oposición de la actual legislatura consideraron que hubo una falta de respeto en esta operación y que no se actuó con transparencia.
Unos días después, Guerrero Mier presentó ante este órgano de gobierno una iniciativa de decreto mediante la que solicitó al Congreso la autorización para la desincorporación de la totalidad de los terrenos actuales de la Feria.
Asuntos en los que la justicia federal amparó a propietarios contra decretos expropiatorios promovidos por el Gobierno del Estado.
Fecha asunto
Agosto 2002 Ex hacienda “La Ferrería”, ciudad de Durango
Agosto 2003 Rancho “Los Compadres”, ciudad de Gómez Palacio
Mayo 2003 Gobierno estatal corrige iniciativa de decreto de enajenación de terrenos de la
Feria y solicita autorización al Congreso del Estado
DIVERGENCIAS
Nunca se requirió el mobiliario, amparo dice lo contrario.
El amparo que concedió el año pasado la justicia federal a Banamex Accival, División Fiduciaria, por el asunto de la ex hacienda de La Ferrería, se contrapone a las declaraciones del gobernador del estado, Ángel Sergio Guerrero Mier, en el sentido de afirmar ayer que, nunca en el proceso legal se tocó el tema del mobiliario y que por esto sólo se entregará el bien inmueble.
Como se ha informado a través de este medio, la sentencia de amparo que concedió el Juzgado Tercero de Distrito el 22 de agosto del 2002, fue en el sentido de escudar a la institución financiera mencionada, por todos sus actos reclamados.
Dentro del amparo se estima por la autoridad federal que debido a que no se pudo establecer el objetivo de la expropiación de la ex hacienda, que fue la de mantener unido el mobiliario junto con el edificio, al decretarlo monumento histórico y patrimonio cultural de Durango.
El documento de decreto que se publicó en 1988 en el Periódico Oficial del Estado expresó claramente que “se declara monumento histórico del estado de Durango, y del exclusivo interés histórico estatal, a la Casa Grande en Ruinas y los muebles antiguos que se encuentran dentro de dicha finca, ubicada en el poblado La Ferrería del municipio de esta capital”, según la sentencia de amparo que promovió Banamex, a través de su apoderado legal, Jesús Guillén Reyes.
El Juez Tercero de Distrito consideró que “el decreto señala de manera expresa que los bienes muebles pertenecen a la Casa Grande en Ruinas” y que el objetivo del decreto fue el mantener unidos tanto muebles como el inmueble, sin embargo, lo anterior no se cumplió, cuando comenzó a ser sustraído el mobiliario.
Dijo el Gobernador del Estado que el Ejecutivo estatal ha cumplido al informarle al juez en referencia sobre la entrega del inmueble, al aducir que jamás se cumplió con la comprobación de la propiedad de los bienes muebles, sin embargo, dentro de los considerandos de la sentencia de amparo se determinó que no había necesidad de acreditar la propiedad del mobiliario y que lo anterior no era materia del juicio, sino que el asunto implicaba la solicitud del recurso de reversión de la expropiación, misma que fue concedida.
El acuerdo que realizó el Juzgado de Tercero de Distrito, en julio del 2003, determinó que sólo debe entregarse el bien inmueble, situación que se analiza en el Tribunal Colegiado de Circuito, a través de recurso de queja contra acuerdo y ante denuncia contra Juez, interpuesto en el Consejo de la Judicatura.