Notimex
México, D.F.- El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez Morales, advirtió que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación corre el riesgo de convertirse en una respuesta superficial a la situación grave de discriminación que es observada en México.
Expresó que dicha ley pretende enfrentar formas de discriminación que se presentan en espacios de interacción social diversos, pero deja de lado prácticas discriminatorias que sufren cotidianamente los mexicanos en estados y municipios.
Expuso que la creación de esa legislación era un paso necesario e ineludible para el gobierno ante la situación de discriminación que se presenta en los espacios sociales del país. En la nueva norma se reiteran derechos sociales universales que están contemplados en la Constitución y en tratados y convenios internacionales.
No obstante, no reglamenta la aplicación y el cumplimiento de las obligaciones internacionales que en la materia ha adoptado el Estado mexicano así como los órganos intergubernamentales de protección de los derechos humanos, explicó Cortez Morales.
Comentó que dicha ley establece que su contenido se interpretará tomando en cuenta las declaraciones de derechos humanos y tratados firmados por el Estado.
Entre otros puntos, mencionó, se hace un catálogo de las conductas discriminatorias más lesivas y comunes sólo como referencia enunciativa, pues no hay una definición amplia y operativa de la discriminación ni establece sanciones para quienes la cometan.
Además la ley aborda la discriminación sólo hacia individuos, lo cual excluye a las identidades de grupo o colectivas.
Asimismo observa a los individuos desde una perspectiva de vulnerabilidad y deja de lado las condiciones sociales que propician las situaciones de discriminación, lo que significa que la misma ley sigue reproduciendo criterios de ese tipo, opinó.
Por otra parte indicó que en el Capítulo IV se establecen las funciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que por su carácter federal no es un mecanismo operativo contra la discriminación que se presenta en estados y municipios.
Cortez Moralez señaló que aunque la firma del decreto respectivo es un acto positivo que refleja disposición política para colocar en la agenda nacional la grave problemática de la discriminación también se advierte que constituye sólo una primera mirada por parte de las autoridades.
Ante ello, sostuvo, las acciones siguientes deben considerar las limitaciones que dicha ley contiene.
Estos aspectos deben ser atendidos si realmente pretenden ser erradicadas las prácticas discriminatorias tanto en la relación gobierno-sociedad como entre los diferentes grupos sociales que la conforman.
Agregó que en los esfuerzos por avanzar en el marco normativo para erradicar la discriminación es muy importante garantizar la consulta y opinión de los grupos destinatarios de las acciones que ese tipo de instituciones públicas diseñen e implementen.
De la misma manera debe asegurarse que los contenidos de dichas políticas estén basados en los estándares más elevados de protección de los derechos humanos.
Es imprescindible que el gobierno mexicano pondere las obligaciones que el Estado ha adquirido con la firma de tratados y convenios internacionales en materia de discriminación, tales como el “Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” y el Convenio 169 de la OIT, entre otros, añadió.