GÓMEZ PALACIO, DGO.- La lucha continúa. Silvia Carreón de Vázquez interpuso una queja ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Durango, contra el titular del juzgado segundo del ramo civil, Aurelio Alvarado Favila. La denunciante señala lo que considera una serie de irregularidades que generaron la pérdida de su casa y después el derrumbe de la misma, que se dio a conocer el pasado 29 de agosto de 2003.
El documento de tres hojas y que expone 12 puntos sobre el expediente 1106/94, fue entregado el pasado 20 de octubre en la capital del Estado, donde también se distribuyeron copias en la Procuraduría General de Justicia y en la Secretaría particular del gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier.
En la queja, Silvia Carreón describe con detalle el inició de la demanda mercantil interpuesta el 24 de octubre de 1994, contra su esposo José Vázquez Rubio, por la cantidad de seis mil 123 pesos. El demandante era Juan Orozco Esparza y sus endosatarios en procuración, Álvaro Meléndez y Gabriela Inés Soto.
El estado de indefensión, la pérdida de su patrimonio, de su libertad y la de su cónyuge, derivado del actual proceso penal que ambos enfrentan por del delito de despojo: son las causas de las irregularidades enlistadas por la afectada en su queja.
Notificación falsa, la no aplicación de la caducidad del juicio, ausencia de firmas, contubernio entre demandante y autoridades: son algunos de los puntos más relevantes que fueron presentados a la superioridad del titular del juzgado segundo del ramo civil para que se investigue con detalle.
Excesos en el juicio, derrumban la casa
Como se informó en su oportunidad, el pasado 29 de agosto, la familia Vázquez Carreón perdió todo cuando Rafael Cháirez Castro, abogado representante de Juan Orozco, se excedió en la posesión provisional de la finca en litigio y ordenó su derrumbe, sin importar que los cuatro hijos del matrimonio estuvieran dentro.
La enérgica acción que causó repudio entre diferentes sectores de la sociedad, se agravaba, porque desde el pasado ocho de julio, José Vázquez y Silvia Carreón estaban en la cárcel acusados de delito de despojo, luego de ocupar la casa ubicada en la avenida Doroteo Arango 452, de la colonia El Dorado.
“Fue un abuso y un exceso del abogado derrumbar la casa, sólo recibió la posesión provisional y su fianza no garantiza el daño causado”, señaló al día siguiente de los hechos Luis Enrique Montoya, titular del Juzgado Primero del Ramo Penal.
Fueron vecinos de la familia Vázquez Carreón quienes informaron sobre lo que consideran una arbitrariedad y un exceso. Detallando que a las 14:30 horas del jueves 28 de octubre, una máquina entró a la casa y empezó a destruir las paredes. Minutos antes, se logró rescatar los pocos muebles básicos del hogar de los niños desamparados.
“Llegó un abogado y dijo que tenía orden del Juez para destruir la casa, que si había alguien mayor de 16 años adentro mejor lo sacaran porque si no también iba a parar a la cárcel”, dijo un vecino del lugar.
Los cuatro hijos menores de la familia fueron testigos de la demolición del lugar que alguna vez fue su casa. Los padres seguían en la cárcel, la fianza era de 50 mil pesos para cada uno. Con el derrumbe de la casa, ya no había que garantizar la reparación de posibles daños y los inculpados lograron salir depositando una fianza más accesible.
Sobre la conducta de Cháirez Castro, se informó que en el juicio actuó como representante de Gerardo Antero Silveyra González, persona que interpuso la denuncia de despojo contra los esposos Vázquez Carreón, toda vez que se hizo del inmueble el 15 de agosto de 2000, mediante una audiencia de remate efectuada por el titular del Juzgado Segundo del Ramo Civil, Aurelio Alvarado.
“Vacío en la Ley”
Respecto a los señalamientos en su contra, relacionados con el expediente 1106/94, el titular del juzgado segundo del ramo civil, Aurelio Alvarado Favila, dice que en su momento, las instancias superiores ya resolvieron sobre la procedencia del juicio y señala que posiblemente Silvia Carreón y su familia, fueron víctimas de sus primeros abogados, así como del vacío en la Ley que terminó con las reformas al Código Civil de 1996.
“Conocemos ampliamente el caso, no es la primera vez que nos preguntan del mismo, pero le pudo decir que la denunciada presentó varios amparos, mismos que fueron sobreseídos a favor del demandante”, señaló el funcionario público.
Cuestionado respecto a cada uno de los 12 puntos planteados en la queja que presentó Silvia Carreón de Vázquez ante el Consejo de la Judicatura del Estado, Aurelio Alvarado respondió a cada señalamiento, mostrando documentación que avalaba su dicho.
En el caso concreto del señalamiento por el estado de indefensión de la quejosa, el juez civil señaló que al principio de la demanda, Silvia Carreón tenía un domicilio de sus abogados, mismos que tiempo después desconocieron cualquier relación, pero la notificación finalmente se dio.
Respecto al cuestionamiento donde una notificación fue entregada a la hija menor de edad del matrimonio, Alvarado Favila dijo que el estado de indefensión se hubiera dado si se evitaba notificar a la hija de los demandados y que el punto de la mayoría de edad lo resolvería otra instancia.
Consiente del problema social que implicó para la familia Carreón Vázquez, el juez civil manifestó que desafortunadamente, situaciones similares ocurrían con frecuencia hasta antes de las reformas al Código Civil hace siete años. “Antes era común que los agiotistas y los abogados se quedaran con muebles y casas completas, por eso los legisladores deben trabajar para analizar los vacíos de la Ley”, concluyó Aurelio Alvarado.