30 octubre 2003
Jerusalén, (Notimex).- El primer ministro israelí Ariel Sharon, fue interrogado hoy por la policía en relación con dos casos de corrupción conocidos como "Cyril Kern" y "la Isla Griega", en los que también se encuentran implicados sus hijos Omri y Gilad.
El primer ministro enfrentó el interrogatorio este jueves en su residencia oficial de Jerusalén, luego de una semana de preparar sus respuestas al lado del abogado, Dori Kegelsblad, según reportes de la prensa israel. Uno de los casos se refiere al préstamo por 1.5 millones de dólares que recibieron él y su hijo Omri de parte del millonario sudafricano, Cyrill Kern, para cubrir financiamientos ilegales de su campaña en la búsqueda por el liderazgo del partido Likud en 1999.
Aunque la campaña para las primarias del Likud estuvo dirigida por Omri, la policía ha argumentado que el ahora primer ministro estaba enterado de ese préstamo millonario realizado por Kern que le permitió pagar a las autoridades algunos financiamientos ilegales.
El otro caso se refiere a la relación que el primer ministro y su hijo menor mantienen con el empresario David Appel, quien presuntamente habría pagado a Gilad cientos de miles de dólares para que éste lo ayudara a comprar una isla turística griega.
A cambio de la ayuda de Sharon, Gilad habría sido empleado por Appel con un sueldo demasiado ostentoso para la función que cumplía, en lo que ha sido interpretado como un pago indirecto al actual primer ministro y líder del Likud.
Sharon se ha comprometido a colaborar de manera total con el interrogatorio que fue aprobado por el asesor asesor jurídico del gobierno israelí y el jefe de la Procuraduría General, y se espera que de cuenta de la participación de sus hijos.
El jefe de la policía de Israel, Shlomo Aharonishky, aseguró la víspera que no existen limitaciones o restricciones de ningún tipo para el interrogatorio de Sharon quien está dispuesto a colaborar al igual que el resto de los interrogados con excepción de Gilad.
La actitud de Gilad ha molestado a la fiscalía ya que se opone a entregar cualquier tipo de prueba --documentos y grabaciones-- que lo puedan comprometer, acción que se ha considerado un abuso de la inmunidad parlamentaria de que gozan y que impide los cateos.