01 de diciembre de 2003
Washington, (EFE).- El Tribunal Supremo de EU se pronunciará sobre la legalidad de que agentes federales viajen al extranjero en busca de criminales, a partir del discutido secuestro y traslado a este país de un ginecólogo mexicano en 1990.
El caso ha llegado hasta la máxima corte de EU luego de que el Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco (California) determinara en junio pasado que el secuestro en México y posterior traslado a EU de Humberto Alvarez Machain era ilegal.
También, que el médico tiene derecho de demandar al gobierno por violación de tratados o convenios internacionales.
Para Estados Unidos, el caso sentaría un precedente en la lucha antiterrorista si el Tribunal Supremo determina -probablemente en junio de 2004- que agentes federales pueden realizar incursiones en otros países para arrestar a sospechosos criminales, siempre y cuando tengan causa probable para hacerlo.
Theodore Olson, abogado de EU ante el Supremo, ha argumentado que el Gobierno necesita estos poderes para, por ejemplo, llevar ante la Justicia a Osama bin Laden, acusado de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en este país.
Agentes de la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA) decidieron traer al médico por cuenta propia con la ayuda de mexicanos, a quienes pagaron unos 60.000 dólares.
Efectivos de la DEA orquestaron en abril de 1990 el secuestro, detención y traslado a EU de Alvarez por su presunta complicidad en la tortura y asesinato del agente antinarcóticos estadounidense Enrique Camarena Salazar, en 1985.
Sin orden de extradición, Alvarez fue secuestrado en su oficina en Guadalajara (México), trasladado a El Paso (Texas) y procesado en Los Angeles (California).
Según las autoridades de EU, Alvarez suministró medicinas a Camarena para mantenerlo con vida mientras era torturado por narcotraficantes. Alvarez pasó dos años en prisión pero fue absuelto en 1992 por falta de pruebas.
Alegando agravios y violación de la Constitución mexicana y de varias leyes federales, el médico presentó una demanda civil por 20 millones de dólares contra EU, sus antiguos captores y agentes de la DEA. Desde entonces su caso por indemnización permanece en el limbo.
Con seis votos a favor y cinco en contra, el Noveno Circuito de Apelaciones determinó que el ginecólogo puede demandar a quienes, a sueldo de la DEA, lo secuestraron, entre ellos al ex policía mexicano José Francisco Sosa.
La juez federal Margaret McKeown reconoció que ciertas leyes criminales de EU pueden aplicarse de forma extraterritorial, pero enfatizó que esto no autoriza al Gobierno para detener a sospechosos en todo el mundo.
El secuestro se realizó "sin una solicitud de extradición por parte de EU y sin la participación de las autoridades judiciales o policiales de México", indicó el Noveno Circuito.
No obstante, McKeown fue cautelosa al agregar que el fallo de su tribunal no determina la autoridad del Ejecutivo ni del Gobierno o de las Fuerzas Armadas de EU para actuar en casos de terrorismo o la defensa de los intereses de seguridad nacional.
El Gobierno de México protestó sin éxito por la captura y traslado del médico a EU, alegando que se violaron sus derechos constitucionales, al debido proceso legal y a una audiencia.
El Tribunal Supremo antes había determinado que el secuestro de Alvarez no violaba el tratado de extradición entre EU y México.
Pero hoy, la máxima corte de EU señaló que intervendrá en el caso para determinar si el médico tiene derecho a una indemnización.
El Gobierno y Sosa, un informante mexicano de la DEA -que vive bajo protección federal en EU- apelaron por separado la decisión del tribunal de apelaciones. Los dos casos han sido consolidados y son los que escuchará el Tribunal Supremo el próximo año.
Paul Hoffamn, abogado de Alvarez, refutó los argumentos del Gobierno de que EU debe bloquear demandas como la que presentó el médico mexicano, porque estas acciones minan la lucha antiterrorista.
Hoffman sostiene que este caso no tiene nada que ver con la lucha antiterrorista y que, además, el Gobierno de EU no está exento del derecho internacional.