La declaración del alcalde Guillermo Anaya en el sentido de que el Municipio no será rehén de seudo líderes invasores de terrenos urbanos es positiva. En manifestación hecha a El Siglo de Torreón, el Alcalde asegura que ya solicitó la intervención de la Procuraduría de Justicia de Coahuila en el caso del asentamiento precarista reciente, que se ubica en Bulevar Laguna y prolongación de Diagonal Las Fuentes.
Lo anterior enciende una luz de optimismo en el caso en cuestión, que en forma extraña fue objeto de indiferencia por parte de las autoridades de ambos niveles de gobierno en los últimos dos meses. Lo negativo es la lentitud de la reacción, que hizo que la invasión creciera en forma alarmante fomentada por la impunidad, lo que hoy hace más difícil restaurar el orden jurídico violado y volver al anterior estado de cosas.
Son lamentables la ruptura del estado de derecho así como la presencia de intereses políticos bastardos y la manipulación que suelen acompañar al fenómeno en comento. Por ello, las autoridades deben mantener una política consistente en materia de apoyo a la vivienda popular en beneficio de las familias que lo requieran, como una forma de responder a esa demanda social que merece ser atendida.
La firmeza que se espera de la autoridad en la protección al derecho de propiedad privada, se ha de fincar y sostener en la fuerza moral que deriva del cumplimiento de los compromisos del gobernante con los sectores más pobres y por ende vulnerables. Los torreonenses esperan que en ambas vertientes se atienda y resuelva el problema que nos ocupa, para evitar que ocurra una confrontación entre sectores sociales.