Es verdad que la constitución general de la República consagra el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Pero también lo es que la misma Norma Fundamental establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, de manera que si bien el gobierno está obligado a establecer programas para lograr el objetivo mencionado, ante la imposibilidad de atender la elevada demanda, quienes carecen de vivienda no pueden hacerse de una al través de la comisión de delitos.
En tal consideración se enmarca la invasión que se presenta en el predio del fraccionamiento Filadelfia, del municipio de Gómez Palacio, del que se posesionó un grupo de familias mediante la ilegal acción de invadirlo, pues el hecho de que carezcan de un terreno para construir una vivienda digna no los autoriza a afectar los derechos de terceros, ni aún en el caso de que éstos cuenten con grandes extensiones de terreno y tal acción de los precaristas fuera, como algunos de ellos sostienen, “como quitarle un pelo a un gato”.
Las autoridades municipales, junto con las estatales y federales deben de buscar solución a ese conflicto, pero respetando el derecho de propiedad que corresponde a los legítimos dueños del predio, partiendo desde luego de un estudio de la condición social de los que necesitan una vivienda, pues es común que entre estos grupos se encuentren personas que ya cuentan con una casa habitación y han hecho de esos actos ilegales un modus vivendi.
Además los precaristas deben de considerar que ellos no pueden pretender hacerse de una propiedad violentando el derecho de otros y que así como ellos tienen necesidades existen más personas que en igualdad de condiciones podrían eventualmente atentar contra el derecho de propiedad del que ellos pueden ser titulares en el futuro; de ahí la importancia de que respeten el derecho de otros si quieren luego que se respeten también sus derechos.