El artículo cuarto constitucional establece que: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Pero ello no significa que pueda la familia hacerse de la misma al través de la comisión de un ilícito, como está sucediendo en el municipio de Torreón en donde las invasiones de terrenos urbanos están proliferando en perjuicio no solo de los legítimos propietarios de inmuebles, sino también de muchas familias.
En efecto, la invasión de terrenos tiene diversos tipos de repercusiones, pues lo mismo significa una afectación para el propietario del terreno invadido que siente en riesgo su propiedad, que un perjuicio genérico para las familias que habitan los predios colindantes al invadido, pues los precaristas acostumbran conectarse arbitrariamente a las redes de agua y drenaje, así como a las líneas de energía eléctrica, lo que sobrecarga toda la zona.
Pero además, si bien es cierto que entre los posesionarios se encuentran personas que en verdad necesitan una vivienda, también lo es que en su mayoría suelen ser vivales que al amparo y protección de líderes que han hecho de éste un lucrativo negocio, se apropian de terrenos cuando ya cuentan con una vivienda y lo hacen con la finalidad de especular con esos terrenos lo que es aún más censurable.
Por todo ello, es importante que el municipio de Torreón concluya el estudio que está llevando a cabo para saber quiénes en verdad no cuentan con vivienda propia y quiénes están tratando de especular, a fin de ofrecer a los primeros una alternativa a su problema y a los segundos aplicarles todo el peso de la ley a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la que debe actuar con todo rigor, de manera especial en contra de los líderes que atentan contra la propiedad privada y la seguridad del municipio.