SUN-AEE
QUERÉTARO, QUERÉTARO.- Funcionarios de seis municipios del estado, incluidos los alcaldes, fueron demandados por la vía penal por el Poder Legislativo de Querétaro, acusados de haber incurrido en el delito de peculado y desvío de recursos públicos hasta por 15 millones de pesos.
En la denuncia, presentada por el contador mayor de Hacienda de la LIII Legislatura del estado, Manuel Vega, ante la Fiscalía Especializada para Servidores Públicos, se argumenta que se otorgaron salarios a las personas que presidían los sistemas DIF, cuando el puesto de acuerdo con el decreto de creación del sistema es de carácter honorario.
El director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Pastor López Cabrera, comentó que fueron presentadas seis denuncias en contra de quienes se desempeñan como presidentes de los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y contra "algunos servidores públicos, incluyéndose los presidentes municipales".
Los funcionarios involucrados en las denuncias son de los municipios de Arroyo Seco, Amealco de Bonfil, Colón, Huimilpan, El Marqués y Tolimán, abriéndose las Averiguaciones Previas ASP83/03, ASP84/03, ASP85/03, ASP86/03, ASP87/03 y ASP88/03.
Especificó Pastor López que a pesar de que en el decreto de creación de los sistemas DIF en los 18 municipios de la entidad se establece que quienes presidan estas instancias lo harán sin recibir ingresos por su servicio, en ocho de ellos se decidió pagarles salarios, aunque por ahora solamente se turnaron denuncias contra seis.
No hubo denuncia en contra de los funcionarios de los municipios de Huimilpan y Pinal de Amoles, a pesar de que también ahí las presidentas del DIF cobraban salarios.
El director de Averiguaciones Previas de la PGJ también explicó que las denuncias se restringen exclusivamente a los salarios cobrados en el año 2001, sin mencionar si también cobraron en el 2002 y el 2003.
Fue en junio del año pasado cuando los diputados Carlos Martínez Montes, del Partido del Trabajo (PT), y Enrique Becerra Arias, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en su calidad de integrantes de la Comisión de Hacienda de la LIII Legislatura, solicitaron abrir una nueva investigación para conocer la situación.
Refirieron que, desde su creación, ninguna instancia del DIF había sido auditada, por lo que no desconocía cómo se manejan los recursos financieros y materiales de dichas instancias, además de desconocerse su operatividad administrativa.
Carlos Martínez explicó que en los municipios donde los titulares del DIF cobran salarios existe responsabilidad directa del alcalde, pues es él quien determina qué persona deberá desempeñarse como presidente del sistema.
En caso de que haya sido el presidente municipal quien autorizó salario a una persona cuyo cargo es honorario, habría violado el artículo 40 en su fracción XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el que se estipula que no pueden contratar a familiares, consanguíneos o civiles hasta en cuarto grado.
Por igual, violan el Decreto de Creación del Sistema DIF, en el que se establece que quienes presidan estas instancias lo harán de manera honorífica; esto es, sin cobrar ingreso alguno.
La presidenta de la Comisión de Hacienda de la LIII Legislatura, Aidée Guerra Dallidet, lamentó que a pesar de que se les hizo señalamientos a todos los funcionarios municipales de que dejaran de infringir la ley, éstos siguen en la misma dinámica.
"Esta actitud denota una falta de civilidad, una enorme falta de apego a la legislación, porque a pesar del reclamo de la ciudadanía que defiende sus recursos insisten en la misma actitud".