El director jurídico de la delegación del ISSSTE, Ernesto Morales, al informar que a raíz de la auditoría en el área médica de la Comarca Lagunera sigue en juicio el caso de 9 derechohabientes que no justificaron legalmente la incapacidad total y permanente que tenían, dio a conocer que también se investiga a un médico y al ex director de la clínica hospital de Gómez Palacio, por haberse detectado su presunta responsabilidad en la realización de tres cirugías a personas no derechohabientes del Instituto, que tuvieron un costo de 47 mil 300 pesos.
Jorge Corazón Orona Flores, ex director de la clínica hospital del ISSSTE en Gómez Palacio, y el cirujano José Ramón Martínez Borrego, son quienes están siendo investigadsos por los órganos de control interno del Instituto, luego de que se les detectó la responsabilidad en las 3 cirugías que aplicaron a personas no derechohabientes, según se pudo confirmar por los procedimientos que tiene el organismo.
Se operó dentro de la clínica hospital del ISSSTE a Elizabeth Esquivel, José Flores Cruz y a P. Robles García, por lo que aún falta investigar si a tales personas se les cobró el monto estimado, entre las 3, de 47 mil 300 pesos.
Además, a Jorge Corazón Orona, Enrique Valdez Villalobos (subdirector), Aidé Angélica Franco, titular de Administración; Juan Gerardo Quiñónez Martínez, de Recursos Materiales; Amador Domínguez, de Personal, y Humberto de Luna, de Atención al Derechohabiente, todos de la clínica hospital del ISSSTE en Gómez Palacio, se les cesó de sus funciones por encontrárseles irregularidades en la operación de la unidad. El apoderado jurídico destacó que, por ejemplo, el subdirector era quien autorizaba las vacaciones al director, y a éste el de personal.
Con relación a las incapacidades totales y permanentes, Ernesto Morales informó que de los 9 detectados como aptos para trabajar, luego de la auditoría que descubrió irregularidades en 24 casos, 2 de ellos interpusieron amparo ante tribunales federales y otro más uno administrativo; otro no ha hecho nada, y 5 son defendidos por el SNTE en la capital del país.
A los 9 se les suspendió el pago de sus pensiones a partir de la resolución que emitió la Subdirección General de Prestaciones Económicas, luego de que se diera el desahogo de los alegatos y pruebas de los involucrados en los órganos de control interno.