En estos días ha quedado claro que el cine sí tiene quién lo defienda. Por desgracia el campo no. Actores, directores e intelectuales han protestado airadamente en contra del proyecto del gobierno de privatizar el IMCINE y de las intenciones oficiales de retirar apoyos a la producción de cine mexicano. Todo indica que, por fortuna, la indignación generalizada podría provocar la revisión o suspensión de tales planes. Pero no es el caso de El Colegio de Postgraduados, que sigue en el patíbulo sin la defensa que se merece.
El Colegio de Postgraduados es una institución de excelencia dedicada a temas agropecuarios originalmente vinculada a la antigua escuela de agronomía de Chapingo. Sin embargo, desde hace años opera como un organismo público desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura.
Hoy por hoy, el Colegio de Postgraduados es el centro de investigación y docencia más importante de América Latina en temas del campo. Allí se imparten 11 programas de doctorado y 18 de maestría atendidos por casi 600 profesores investigadores. Muestra del prestigio internacional del Colegio es el hecho de que 25 por ciento de sus alumnos proceden del extranjero. El aporte que El Colegio de Postgraduados ha hecho a la investigación del campo mexicano es inconmensurable a través de sus tres brazos: el Instituto de Fitosanidad, el Instituto de Recursos Genéticos y Productividad y el Instituto de Recursos Naturales.
Un defecto del Colegio de Postgrados es que no se encuentra en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, a golpe de vista de Los Pinos. Quizá por ello la burocracia cree que puede suprimirse esta institución sin que se note. Para los contadores de la Federación simplemente representa un renglón del presupuesto que podrían ahorrarse. Los que sí lo echarían en falta son los miles de productores agropecuarios, para quienes las tecnologías que El Colegio desarrolla para climas y suelos mexicanos, hacen una diferencia sustancial. Los miles egresados de las aulas y laboratorios de El Colegio a lo largo de décadas constituyen una derrama patrimonial sobre el agro mexicano, sin los cuales el campo estaría aún más desprotegido frente a la competencia del mercado internacional y las tecnologías desarrolladas para otros climas.
La sede de El Colegio se encuentra en Montecillos, Texcoco, y cuenta con centros de enseñanza e investigación en Veracruz, Puebla, Tabasco, San Luis Potosí. Alrededor de cada Centro varios cientos de hectáreas abrigan cultivos de experimentación e invernaderos para el desarrollo de semillas y técnicas de producción.
En resumen, la clausura de El Colegio de Postgraduados constituiría un crimen de efectos incalculables para el sector más desprotegido de la economía nacional. No es posible que el país renuncie a la generación de conocimientos propios en materia agropecuaria, simplemente porque una institución no arroja ganancias mercantiles al final del año.
No es posible que el Gobierno condene a los productores nacionales a depender de las trasnacionales, mucho más interesadas en vender su semilla y su tecnología que a lograr la viabilidad y la autosuficiencia del productor.
Uno habría esperado más sensibilidad de un Presidente de orígenes rancheros; pero resultó más cocacolero que campirano. El Gobierno tendría que reconsiderar la eliminación de El Colegio de Postgraduados: si no por convicción, como debería, al menos por sensibilidad. Desmantelar esta institución sería un paso más en el largo proceso en el que se han empeñado los Gobiernos neoliberales: convertir a los productores y trabajadores del campo en meros manifestantes de machete en las calles de la capital.
Miscelánea
La noche del miércoles pasado el diputado priista Tomás Ruiz se presentó en el noticiero de Joaquín López Dóriga para promover una nueva “genialidad” en materia fiscal. Se trata de evitar el polémico impuesto al IVA a alimentos y medicinas e imponer un impuesto a productores en su lugar. La exposición del diputado Ruiz fue interrumpida por una llamada inesperada del gobernador de Sonora, Enrique Bours. El sonorense, también del PRI, habló fuerte y sin tapujos para poner en evidencia lo absurdo de un impuesto a la producción. “Es una medida demagógica”, dijo al aire ante millones de televidentes. Su compañero de partido, todavía al aire, pasó saliva y balbuceó sin mucho éxito una pueril defensa.
Este hecho deja detrás de sí dos interesantes moralejas. Por un lado muestra lo mucho que ha cambiado el PRI. Al no existir un “Líder máximo” como solía serlo el presidente del país, ahora los miembros de ese partido pueden disentir abiertamente y criticarse en público y al aire. Enhorabuena. La segunda es que en verdad el proyecto del impuesto a la producción es una tomadura de pelo. Se supone que el Gobierno quiere recaudar más impuestos entre otras cosas para combatir el desempleo (problema número uno del país). Ahora resulta que para mejorar el empleo debe imponerse una carga adicional a la planta productiva. No se necesita ser economista para darse cuenta que esa carga provocaría, justamente, mayor desempleo. Una buena porción de las empresas del país opera con el agua al cuello, simplemente sobreviviendo. Un impuesto de 5 o de 10 por ciento las dejaría por debajo de esa línea de flotación y las llevaría al cierre con la consiguiente pérdida de las fuentes de empleo. En resumen, otra medida para invocar machetes. (jzepeda52@aol.com)