“Lo que cuenta es lo que se hace y no lo que se tenía intención de hacer.” Jorge Edwards
Uno de los elementos fundamentales de la propuesta de reforma fiscal del Gobierno de la República es aplicar IVA a todos los productos, eliminando exenciones y tasas cero. En un principio parecía haber un acuerdo entre el gobierno y la coordinadora de los diputados priistas, Elba Esther Gordillo, para lograr esta aplicación universal del IVA, pero al parecer se cayó la semana pasada cuando los nuevos diputados priistas, en una rebelión contra Elba Esther, acordaron rechazar la aplicación de cualquier impuesto a alimentos o medicinas.
La posición de los diputados del PRI es lamentable porque hay muy buenas razones para eliminar el trato fiscal especial a medicinas, alimentos, libros, periódicos, revistas, honorarios médicos y otros productos y servicios. El costo de las exenciones y las tasas cero no es pequeño. Por ellas el Gobierno deja de percibir quizá un 45 por ciento de la recaudación potencial de IVA. El costo de administración de un sistema con excepciones, por otra parte, es enorme. Y lo peor de todo es que este sacrificio fiscal implica un beneficio relativamente pequeño para los más necesitados, ya que las preferencias se aplican sin distinción a pobres y ricos.
Como instrumento para combatir la pobreza, las exenciones y tasas cero son extremadamente ineficientes porque entregan un monto excesivo de subsidio a personas de clase media y a ricos. Es mucho más eficaz combatir la pobreza -especialmente la pobreza extrema- a través de un gasto público dirigido solamente a quienes menos tienen. La exención al impuesto es retardataria porque apoya más a quienes gastan más y no a quienes menos tienen.
No puede decirse que ningún impuesto sea bueno, pero el IVA es cuando menos razonablemente sano. Como gravamen tiende a castigar el consumo en lugar de la productividad, al contrario que el impuesto sobre la renta. Promueve, por lo tanto, el ahorro y la inversión. Ésa es la razón por la cual en Europa y en naciones progresistas como Chile se han hecho reformas para darle un mayor peso al IVA que al impuesto sobre la renta en la recaudación.
El gran problema con la reforma al IVA que el Gobierno trató de promulgar en el 2001 fue el intento de homogeneizar la tasa en un nivel muy alto, de 15 por ciento. Los tecnócratas buscaron convencer a la población de que este nivel era adecuado, usando ejemplos de países europeos y sudamericanos, que tienen IVA de 18 a 21 por ciento. En México, sin embargo, no hemos podido siquiera generalizar la tasa de 15 por ciento en todo el país. En las fronteras estamos obligados a mantener una tasa especial de diez por ciento -con todo lo que esto implica en términos de ineficiencia administrativa y fraude- para que el comercio local sea razonablemente competitivo frente al de Estados Unidos, donde el impuesto al comercio al menudeo oscila alrededor del seis por ciento. El sistema de dos tasas, sin embargo, genera la injusta situación de crear mexicanos de primera, que viven en las fronteras y pagan IVA de diez por ciento, y de segunda, que vivimos en el resto del país y tenemos que pagar 15 por ciento.
Si nuestros legisladores quieren en verdad beneficiar al país y a quienes menos tienen, deben apoyar un sistema de IVA que se aplique a todos los productos y servicios sin excepción. Deben insistir, sin embargo, en una tasa razonable de diez por ciento.
Quizá en principio la homogenización del IVA en diez por ciento en todos los productos y servicios no generará muchos recursos adicionales. Lo que se gana con aplicar el impuesto a todos los productos y servicios se pierde con la disminución de cinco puntos en el IVA general. Pero la experiencia internacional sugiere que cuando se simplifica el sistema fiscal se facilita la administración tributaria y se eleva la recaudación. El incentivo para la evasión se reduce cuando la tasa es razonable.
Hay otro punto importante que los legisladores deben tener en mente. De nada sirve recaudar más si el dinero simplemente se usa para aumentar una burocracia improductiva. En el presupuesto de egresos los diputados deben asegurarse de que todo dinero fresco se emplee para programas sociales o para inversión productiva. Así podrán estar satisfechos de que, a pesar de haber aprobado la aplicación de IVA a medicinas y alimentos, lo han hecho de tal manera que se ayude a quienes menos tienen.
DESEMPLEO
El aumento del desempleo abierto a su máximo nivel desde 1998 recalca una vez más la necesidad de impulsar reformas que generen inversión y empleos. México se está quedando atrás mientras que otros países que sí han hecho las reformas necesarias crecen y generan empleos.
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