“El poder de cobrar impuestos implica el poder de destruir”.
John Marshall.
Si usted está en la ciudad de Tijuana y quiere comprar un buen tequila a buen precio, lo único que tiene que hacer es cruzar la línea y adquirirlo en San Diego. Sorprendentemente, el precio en Estados Unidos para este producto mexicano es menor que el de nuestro país.
Pero si usted no puede cruzar la frontera, y quiere un tequila barato, es muy probable que termine comprando una botella en el mercado informal. Quizá el tequila no sea bueno —de hecho, es muy probable que esté adulterado— pero por lo menos evitará pagar el prohibitivo impuesto especial (IEPS) de 50 por ciento que en nuestro país se cobra a las bebidas alcohólicas y que es adicional a IVA y a otros impuestos normales.
Este alto impuesto especial ha sido uno de los factores que han reducido de manera drástica las ventas de la industria formal de bebidas alcohólicas en México. Hace una década la industria formal vendía alrededor de 30 millones de cajas al año (cada caja contiene 12 botellas de 750 mililitros; esta cifra no incluye a la cerveza y vino). El consumo ha caído ahora a 15 millones de cajas.
Hay quien tontamente ve estas cifras con alegría porque piensa que está bajando el consumo de bebidas alcohólicas. Pero la idea es falsa. El consumo real no ha bajado sino que se ha mantenido estable. El brutal descenso en las ventas de la industria formal ha sido simplemente compensado por el mercado ilegal. El contrabando, la producción informal y la adulteración de bebidas -en una práctica que representa un altísimo riesgo de salud pública— han desplazado el consumo de bebidas alcohólicas de la industria formal. Hoy se estima que por cada botella de la industria legal se vende otra en la ilegalidad.
El impuesto ya brutal que se cobra a las bebidas alcohólicas no es tan alto como el que trataron de imponer nuestros legisladores. La ley dice que las bebidas de más de 20 por ciento de contenido alcohólico deben cubrir un impuesto especial del 60 por ciento. El Ejecutivo federal, consciente de que un gravamen de tal magnitud habría destruido a la industria formal, lo atemperó con un subsidio que baja la carga real a 50 por ciento. El problema es que esto hace que el sistema fiscal que se aplica a la industria sea terriblemente complejo. De hecho, esta actividad ha tenido que enfrentar ocho cambios fiscales en los últimos diez años. Si algún político se hubiera hecho el propósito de impedir la inversión en una industria a través de la incertidumbre no habría tenido tanto éxito.
La Comisión para la Industria de Vinos y Licores, una asociación civil que incluye a las principales empresas productoras y distribuidoras de bebidas alcohólicas, está buscando acuerdos con legisladores y autoridades que permitan un renacimiento de la industria. No se trata de que la gente beba más, sino de que la industria formal —que otorga mejores salarios y prestaciones, que paga impuestos y que se acoge a las reglas de salubridad— deje de perder terreno ante una actividad informal promovida y protegida por la complejidad de las leyes y por los impuestos excesivos.
Curiosamente, la industria no está pidiendo una reducción muy grande sobre el impuesto especial de 50 por ciento. Su propuesta es que se reduzca al 45 por ciento, pero en la ley: no tiene sentido legislar una tasa imposible y compensarla con un subsidio que vuelve complejo todo el sistema. La industria está dispuesta a que se acaben todos los subsidios, como el que se aplica a la producción de tequila. Pero un objetivo muy importante es que las nuevas reglas no sólo sean sensatas sino que se mantengan a lo largo de los años. Nadie puede planear para el futuro si las reglas cambian constantemente.
Los políticos han tratado de castigar a la industria de las bebidas alcohólicas porque piensan que así disuaden a la gente de beber y le hacen un bien a la sociedad. Pero la realidad es muy distinta. Los mexicanos no están bebiendo menos sino que están acudiendo al mercado ilegal. Y con ello se están destruyendo empleos formales y se están creando riesgos innecesarios a la salud.
Lo absurdo de nuestro sistema queda de manifiesto en el hecho de que sea más barato comprar un buen tequila en Estados Unidos que en México. Lo realmente grave es que la propia autoridad esté promoviendo la informalidad.
Adulteración
¿Sabía usted que es menor el castigo por adulterar una bebida que por reproducir ilegalmente un disco compacto? Pese a los riegos contra la salud, la adulteración de bebidas no se considera un delito grave, por lo cual el responsable puede obtener libertad bajo fianza. No nos extrañemos, pues, de que la práctica sea tan común.
Correo electrónico: sergiosarmiento@todito.com