Lázaro Cárdenas Batel, el gobernador de Michoacán, no mostró ninguna duda. El pasado 29 de enero, cuando un grupo de taxistas trató de bloquear con sus vehículos unas calles del centro de Morelia, un grupo de unos 150 granaderos se presentó armado con toletes, gases lacrimógenos, caretas y escudos. De inmediato los efectivos de la fuerza pública comenzaron a levantar el bloqueo.
“No tengo idea de cuál sea su petición -le dijo el subsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Gabriel Mendoza Jiménez, al reportero- y no es lo que vine a negociar aquí. Nosotros no negociamos en la calle. Hasta donde tengo entendido se les ofreció una comisión, pero mediante el bloqueo no podemos comenzar el diálogo. La ciudadanía no tiene por qué sufrir este tipo de conductas”.
La decisión de actuar en este tipo de bloqueos, que han sido comunes durante años en el centro de la politizada ciudad de Morelia, proviene sin duda del propio gobernador y de su secretario de Gobierno Leonel Godoy, quien fue secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. No falta quién se sorprenda de que un gobierno perredista -y más uno encabezado por el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas y nieto del general Lázaro Cárdenas- adopte una política de tolerancia cero ante los bloqueos. Pero esto revela una cabeza clara, sin las telarañas o culpas que pesan sobre muchos funcionarios del Gobierno Federal.
El Gobierno michoacano no está violando el derecho a la libre manifestación y expresión de las ideas. “Manifestarse es manifestar su voluntad políticamente; es decir, marchar, gritar consignas -señaló Gabriel Mendoza en la entrevista-. Pero interrumpir el derecho de terceros al libre paso, no”. “Haremos lo posible porque se equilibren ambos derechos, el de manifestarse y el de circular -continuó Mendoza-. En este caso estamos haciendo prevalecer el de circular.”
Esta sana actitud contrasta notablemente con la del Gobierno Federal. Tanto el Presidente de la República, Vicente Fox, como el secretario de Gobernación, Santiago Creel, han asumido una posición que, por miedo, favorece siempre los derechos de los manifestantes sobre los del resto de los ciudadanos.
Así, en julio del año pasado los ejidatarios de San Salvador Atenco y sus grupos políticos de apoyo -como el Frente Popular Francisco Villa- pudieron cerrar durante días, armados con machetes, la importante carretera Texcoco-Lechería. Sus militantes secuestraron incluso a funcionarios públicos y los humillaron frente a los medios de comunicación. Cuando se presentaron cargos en contra de los responsables de los secuestros y el bloqueo, la propia autoridad prefirió desistirse de continuar los procesos. El único “castigo” a la acción de estos grupos fue darles lo que exigían: la cancelación de la expropiación del ejido de San Salvador Atenco para la construcción de un nuevo aeropuerto.
También el año pasado, en noviembre, un grupo de manifestantes encabezado por la presidenta del PRI en Morelos y diputada federal Maricela Sánchez bloqueó durante más de un día tanto la autopista como la carretera federal México-Cuernavaca. La autoridad, lejos de desbloquear la carretera, se sentó a negociar y al final le prometió a este grupo priista darle más dinero de los contribuyentes.
La verdad es que las autoridades federales parecen tener miedo a aplicar la ley. Varios altos funcionarios cuestionan cada vez más abiertamente a los “puristas del Estado de Derecho” que insisten en actuar con la fuerza pública y la ley en la mano en lugar de negociar hasta llegar a acuerdos.
Pero en esta actitud hay dos problemas importantes. Uno radica en el hecho de que los funcionarios juraron aplicar y respetar la ley en el momento en que asumieron sus cargos: si no pueden o no quieren hacerlo, mejor que renuncien. El otro es que, con la política que han aplicado hasta ahora, simplemente están promoviendo que el bloqueo de calles y carreteras se convierta en una forma automática de acción para llamar la atención y empezar una negociación sobre cualquier exigencia política o económica.
La claridad de pensamiento del joven gobernador de Michoacán contrasta con la actitud cobarde del Gobierno Federal. Lázaro Cárdenas Batel no ha pretendido violar el derecho a la manifestación que está garantizado por la Constitución. Pero no tiene miedos ni culpas que le impidan aplicar la ley con firmeza.
Acusación
¿Por qué preocuparse de que un pequeño grupo de estudiantes le grite “asesino” al presidente Fox en Alemania? Esto es normal en un régimen de libertades. Es claro que el Presidente no es un asesino; y cuando se tiene la conciencia tranquila, no hay por qué preocuparse de una acusación infundada.