“No me gustan las elecciones, pero
ha sido en mis muchas elecciones donde
he aprendido a conocer y respetar
al pueblo de esta isla.”
Winston Churchill
Dos veces el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha anulado los resultados de elecciones para gobernadores. Dos veces se han realizado nuevos comicios sólo para que los electores le den nuevamente el triunfo al candidato originalmente vencedor.
La primera vez el Tribunal desconoció la elección del priista Manuel Andrade como gobernador del estado de Tabasco en los comicios del 15 de octubre del 2000. Andrade tuvo que recorrer nuevamente todo el camino, desde la elección interna del PRI hasta los comicios constitucionales, para ganar nuevamente el gobierno de Tabasco el cinco de agosto del 2001. Uno de los factores que aparentemente fortaleció su triunfo fue la percepción de muchos tabasqueños de que el Tribunal había intervenido indebidamente en contra de la voluntad popular.
La segunda vez tuvo lugar este año de 2003. El 29 de octubre el Tribunal Electoral anuló la victoria del seis de julio obtenida por el también priista Gustavo Vázquez Montes por una indebida intervención del entonces gobernador, Fernando Moreno Peña, en la campaña. En esta ocasión también los electores han vuelto a ratificar su apoyo al vencedor. Según cifras oficiales preliminares, Vázquez Montes se aproxima a un triunfo con el 51.6 por ciento de los votos, contra el 47.8 por ciento de su rival Antonio Morales de la Peña, respaldado por el PAN y el PRD.
Empiezan a surgir protestas al respecto del nuevo resultado, pero éste es avalado por las encuestas de opinión. El 26 de noviembre un sondeo del Grupo Reforma le daba a Vázquez Montes el 51.5 por ciento de las intenciones del voto contra el 48.5 por ciento de Morales de la Peña (la precisión de esta encuesta previa es sorprendente). La noche de la elección, por otra parte, dos encuestas de salida, una pagada por el PRI y otra por el PAN, le daban también la victoria al priista.
El triunfo de Vázquez Montes tiene varias implicaciones. Constituye en parte una ratificación del poder de Elba Esther Gordillo. Vázquez Montes no sólo es docente de origen-sería, de hecho, el único maestro gobernador en caso de que su triunfo se ratifique-sino que es un aliado de la maestra Elba Esther. La victoria le llega, pues, en buen momento a una mujer que se encuentra inmersa en una enconada batalla por su supervivencia política.
El otro punto tiene que ver con el papel del Tribunal Electoral. No hay duda de que el ex gobernador de Colima, Moreno Peña, se burló de las restricciones a la participación de gobernantes en procesos electorales. Así, hizo declaraciones a los medios a favor del candidato del PRI, participó en el mitin de cierre de campaña de Vázquez Montes, mantuvo publicidad en medios para difundir logros de su gobierno -como lo estaba haciendo el presidente Vicente Fox- e instaló retenes policíacos el día de la elección en que se solicitaba a los ciudadanos su credencial de elector.
Fuera de los retenes, el gobernador no hizo nada que no sea común en otro país del mundo. En México hemos establecido restricciones a la acción política de los gobernantes que serían absurdas en otros países donde se da por sentado que un gobernante tiene una función política además de administrativa.
Es significativo que la decisión del Tribunal Electoral sobre Colima haya sido dividida. Cuatro magistrados, incluido el presidente Fernando Ojesto, votaron por la anulación de los comicios. Tres de ellos, incluyendo al ex presidente José Luis de la Peza, lo hicieron en contra, por considerar que, si bien se había demostrado la incorrecta participación del gobernador Moreno Peña en el proceso, no había manera de comprobar cómo había influido sobre los votantes. Al final los contribuyentes tuvieron que pagar los nuevos comicios y los electores ratificaron el triunfo de Vázquez Montes. Para el Tribunal Electoral este segundo rechazo de los ciudadanos a la anulación de unas elecciones debe ser motivo de preocupación. Podría ser un golpe muy fuerte contra la credibilidad de la institución el que ésta continúe anulando resultados electorales que los ciudadanos ratifican después en las urnas. El Tribunal tiene que ser un garante de que el Estado cumpla la voluntad popular expresada en los comicios. Para eso quizá haya que revisar los criterios que se aplican en las anulaciones.
Al vapor
Quedan solo siete días y dos sesiones plenarias para que concluya el primer período ordinario de la actual legislatura. En sus más de tres meses de actividades el Congreso no ha legislado nada de importancia. Y, como todos los años, el presupuesto y la Ley de Ingresos se tendrán que resolver al vapor y sobre las rodillas.
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