“El Estado no puede demeritar la existencia o dominar el destino (de estas personas) al convertir en crimen su conducta sexual privada”.
Anthony Kennedy
En una decisión dividida, de seis votos contra tres, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos declaró ayer inconstitucional una ley tejana que prohíbe la sodomía o los actos sexuales entre varones. La decisión es especialmente importante porque proviene de un tribunal considerado conservador y porque desecha una resolución previa de la Corte, de 1986, que había validado la aplicación de otra ley estatal contra la sodomía.
El sentido fundamental del fallo, como lo escribió el ministro Anthony Kennedy al explicar la posición mayoritaria, es que “los homosexuales tienen derecho a la realización de conductas privadas sin intervención del gobierno”. El ministro Antonin Scalia presentó un punto de vista disidente al afirmar que la Corte ha adoptado “la agenda homosexual”.
Virtualmente todos los estados de la Unión Americana tuvieron hasta la década de 1960 leyes que prohibían la sodomía (que el Diccionario de la Real Academia define como “Concúbito entre varones o contra el orden natural”). Muchos las han derogado. Trece -incluyendo Texas— las mantienen. De éstos, cuatro prohíben las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y nueve incluso los actos de sexo oral o anal entre individuos de distinto género. Los juristas en Estados Unidos consideran que la decisión de la Suprema Corte invalida todas estas leyes.
El caso que ha llevado a la decisión de la Corte lo iniciaron dos hombres —John Geddes Lawrence y Tyron Garner— arrestados y multados por haber tenido relaciones sexuales en un apartamento del área metropolitana de Houston. Éstos presentaron una querella judicial contra el cargo, argumentando la inconstitucionalidad de la ley tejana contra la sodomía. Una corte estatal de apelaciones falló en su contra y concluyó que “el Estado tiene un legítimo interés en preservar la moral pública”, pero los quejosos recurrieron a la Suprema Corte federal.
El simple recurso generó controversia. Un senador republicano de Pennsylvania, Rick Santorum, advirtió: “Si la Suprema Corte dice que tienes el derecho de tener sexo consensual (homosexual) dentro de tu casa, entonces tienes el derecho a la bigamia, tienes el derecho a la poligamia, tienes el derecho al incesto, tienes el derecho al adulterio, tienes el derecho a cualquier cosa.”Mi posición es que la Corte ha tomado una decisión tardía pero necesaria. No es función del Estado cuidar la moral de las personas. Las decisiones morales sólo pueden ser individuales. El gobierno no tiene el derecho de introducirse a la alcoba de nadie mientras quienes ahí estén hagan lo que hacen de común acuerdo. No puedo entender cómo algunas personas que se dicen liberales, que exigen que el Estado se abstenga de intervenir en las relaciones económicas consensuales entre adultos, se vuelven fieros conservadores cuando se toca este tema y exigen que el Estado se convierta en policía de la moral.
En México no tenemos -que yo conozca— legislación que abiertamente prohíba actos sexuales consensuales entre adultos. De hecho, el artículo primero de la Constitución incorporó en el 2001 un nuevo párrafo que prohíbe la discriminación por distintas razones, entre ellas las “preferencias”, término que se ha interpretado en el sentido de preferencias o inclinaciones sexuales. Los grupos organizados de homosexuales se han movilizado en nuestro país no para luchar contra la prohibición de actos consensuales sino más bien para promover la promulgación de leyes de convivencia que otorguen derechos a personas que vivan en situaciones distintas a la familia convencional. Esto no significa, sin embargo, que no se practique en México una fuerte discriminación contra homosexuales o contra personas que tengan prácticas personales distintas a las convencionales.
La decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre las leyes de sodomía nos obliga a reflexionar sobre la necesidad en México de eliminar todas aquellas leyes que implican una intervención innecesaria del Estado en la vida de los individuos. Una de las razones fundamentales de la pobreza de nuestro país es la persistencia de leyes que prohíben la realización de actividades económicas -como la generación de electricidad— que no sólo no dañan a terceros benefician a la sociedad en su conjunto. Ni en economía ni en moral se deben castigar las relaciones consensuales entre adultos.
Promotor
La decisión es correcta. No tiene caso que el presidente Fox insista en mantener la campaña de promoción del voto. Él es parte en esta contienda electoral. No debe ser el promotor del voto.
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