“Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”.
Artículo 27 de la Constitución
Yo no sé si es correcta la sentencia de la juez octava administrativa Gabriela Rolón que ordenó al gobierno del Distrito Federal el pago de 1,800 millones de pesos de indemnización a Enrique Arcipestre del Ábrego por la expropiación en 1989 del llamado paraje de San Juan de la ciudad de México. Me parece adecuado que se haga una investigación para determinar si hubo algún acto de corrupción en el proceso. Pero la actitud del jefe de gobierno de la capital, Andrés Manuel López Obrador, de simplemente desacatar una decisión judicial, es realmente peligrosa.
El caso del paraje San Juan tiene muchas complicaciones. Hay dudas, por ejemplo, al respecto de quién era el legítimo propietario del predio. En sus cátedras jurídicas de las mañanas, el jefe de Gobierno no se ha cansado de presentar documentos que comprueban, a su juicio, las enormes irregularidades del proceso. De lo que no hay duda es de que en 1989 el gobierno del Distrito Federal expropió un predio por el cual no ha pagado la indemnización que ordena la Constitución.
López Obrador ha aprovechado con gran éxito la controversia para propósitos políticos. Las encuestas de opinión sugieren que más del 80 por ciento de los capitalinos apoya su decisión de no pagar la indemnización, especialmente a raíz de que ha dicho que tendría que aumentar los impuestos o subir el precio del Metro para realizar el pago. López Obrador ha encontrado en el paraje de San Juan un instrumento para apuntalar su ya indestructible popularidad.
El problema es que la aplicación de la ley no puede definirse por encuestas. Todos los documentos y argumentos que está presentando Andrés Manuel en sus cátedras matutinas debieron haber sido sometidos al juez en el momento oportuno. Pretender litigar ante los medios ahora, cuando el asunto es ya cosa juzgada, carece de sentido.
López Obrador ha tratado de culpar a los “sospechosos usuales” del quebranto del paraje de San Juan. Así, ha responsabilizado del origen del problema al “Chupacabras”, a su villano favorito, a Carlos Salinas de Gortari. Parecía fácil culparlo porque Salinas era presidente cuando la expropiación se realizó. Pero si se le rasca un poco al asunto esta fácil solución política se desmorona. El problema es que el regente de la ciudad de México que ordenó la expropiación fue Manuel Camacho Solís, quien si bien en el pasado fue villano por colaborar con Salinas de Gortari hoy es ya respetable por ser diputado del PRD. Y el secretario de gobierno de la capital en ese momento era Marcelo Ebrard, hoy también respetable por ser Secretario de Seguridad Pública del propio López Obrador. De hecho a Ebrard se le atribuye la firma del documento con el que supuestamente se comprobó la propiedad del paraje de San Juan, firma que Ebrard dice que fue falsificada.
Si la expropiación se llevó a cabo en los tiempos de Camacho, el juicio por indemnización se ventiló y se perdió en los de Cuauhtémoc Cárdenas y sus sucesores perredistas. Samuel del Villar era el procurador del Distrito Federal. Hoy el nuevo procurador Bernardo Batiz ha amenazado con investigar a quienes cometieron irregularidades o falsificaron documentos en el proceso, lo cual puede servir para nuevos juicios pero no cambia la sentencia del caso juzgado.
Preocupa el sesgo discrecional que López Obrador pretende darle a la justicia. El Chupacabras es culpable de todos los males, pero Ebrard -que trabajó para el Chupacabras- es un “hombre honesto” (y muy posiblemente lo sea pero no porque haya trabajado para uno o para otro). Lo más grave de todo es la idea de que un gobernante puede decidir qué sentencias de los jueces son correctas y cuáles no.
Reitero que no conozco lo suficiente el caso del paraje de San Juan como para convertirme en juez. Si de verdad hubo irregularidades, que se investiguen y se sancionen. Que se castigue también, si se debe, a quienes por supuesta negligencia perdieron un juicio que según López Obrador no se podía perder. Lo que no puede hacer Andrés Manuel es decidir si acepta o no una sentencia que otorga una indemnización por una expropiación tal y como lo exige el artículo 27 de la Constitución.
Presiones
El secretario de gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, un hombre usualmente moderado, anunció ayer que el gobierno capitalino agotará todos los cauces legales para no pagar la indemnización por el paraje de San Juan, pero que después pasará a “acciones de índole política”. En otras palabras, el gobierno organizará movilizaciones para presionar a la Corte para darle la razón. Y esto es muy grave.
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