“Nosotros no negociamos
en la calle. La ciudadanía
no tiene por qué sufrir
este tipo de conductas.”.
Gabriel Mendoza
Jiménez
Este 22 de mayo junto al estadio Azul de la ciudad de México, unas horas antes del partido de repesca entre Cruz Azul y Guadalajara, avanzaban lentamente dos autobuses de transporte público secuestrados por un grupo de muchachos que blandían banderolas de las Chivas. Algunos saltaban en el techo de los vehículos y tiraban por las calles grandes cantidades de papelitos cortados y rollos de papel higiénico.
Dos patrullas acompañaban a los autobuses; pero en lugar de tomar medidas en contra de los muchachos, que habían secuestrado los autobuses y violaban los reglamentos de la ciudad, simplemente los escoltaban. Esto no es algo nuevo en la ciudad de México. La policía nunca trata de detener a delincuentes cuando éstos son numerosos y participan en actos vandálicos o manifestaciones. Prefiere protegerlos. La semana pasada se llegó al absurdo de que la policía capitalina se mantuvo al margen de una batalla campal en el centro histórico que culminó en la toma violenta del edificio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por un grupo disidente de maestros.
Puede parecer lógico que la policía del Distrito Federal, que encabeza el político Marcelo Ebrard, se muestre temerosa de intervenir ante actos flagrantes de ilegalidad. Los policías son seres humanos y tienen temor de enfrentarse a grupos violentos. Sin embargo, la inacción en estos casos no es producto del comprensible temor de los policías, sino de una cobardía política en el gobierno del Distrito Federal.
El gobierno capitalino, efectivamente, mantiene la posición de no intervenir en actos vandálicos de jóvenes o en acciones violentas realizadas por organizaciones políticas. En el caso de la toma de las instalaciones del SNTE, la policía no intervino, al parecer, porque el sindicato es priista mientras que el grupo disidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tiene lazos con el PRD. El mensaje de las autoridades capitalinas es que no utilizarán la fuerza pública para detener un ataque violento si éste lo lleva a cabo un grupo cercano al PRD en contra de uno priista. La CNTE, me queda claro, puede tener agravios válidos contra la dirigencia del SNTE, pero eso no justifica la toma de violenta de un edificio ni la impasibilidad de las autoridades. ¿Qué habría pasado si estas acciones hubiesen provocado muertes? ¿Habría señalado también la policía que no era su responsabilidad intervenir?
El gobierno perredista del Distrito Federal tiene en este momento una gran popularidad impulsada por la personalidad carismática de Andrés Manuel López Obrador. Pero sería un error pensar que esta popularidad justifica la renuncia a las responsabilidades de gobierno. Me doy cuenta de que la tolerancia ante los actos vandálicos y bloqueos de calles por grupos organizados es un pecado que viene desde los tiempos del PRI. Pero el que los priistas lo hayan hecho no es excusa para que el actual gobierno “democrático” mantenga la práctica.
El tema no es simplemente capitalino. Se ha hecho costumbre que los gobiernos de todos los niveles se dejen chantajear por movimientos políticos. El Frente Popular Francisco Villa se ha especializado en agredir a los ciudadanos en sus numerosas manifestaciones. El gobierno federal cedió el año pasado frente a las demandas de los ejidatarios de San Salvador Atenco para no construir el nuevo aeropuerto de Texcoco porque éstos cerraron carreteras a fuerza de machetes.
En contraste con la cobardía del gobierno perredista de la capital y el panista de la federación destaca la firmeza del perredista Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán. Cuando una organización de taxistas trató de bloquear el tránsito en el centro de Morelia el 29 de enero, la fuerza pública actuó de inmediato y liberó las calles (que han quedado también, vale la pena decirlo, libres de ambulantes). Los líderes de los taxistas pretendieron “negociar”, pero el subsecretario de seguridad pública de Michoacán, Gabriel Mendoza Jiménez, respondió tajante: “Nosotros no negociamos en la calle.” No es éste el caso, desafortunadamente, ni del gobierno perredista del Distrito Federal ni del panista de la república.
Represión
Las manifestaciones en vías primarias están prohibidas en el Distrito Federal. Pro el secretario de gobierno, Alejandro Encinas, explicó el viernes pasado por qué no aplicará la ley: “Este gobierno no va a reprimir... Aquí hay derecho de manifestarse libremente.” La respuesta, exactamente contraria a la de Cárdenas en Michoacán, es una invitación abierta al bloqueo de vialidades primarias.
Correo electrónico: sergiosarmiento@todito.com