“Nunca negociemos por miedo. Pero nunca tengamos miedo de negociar”.
John F. Kennedy
Hay ciertas cosas que no se pueden negociar y la realidad económica es una de ellas. De nada sirve que el Gobierno de la República haya aceptado llevar a cabo una “convención de desarrollo rural” el cinco de febrero con los grupos que representan el corporativismo agrario nacional, cuando ni las medidas proteccionistas ni los subsidios que saldrán de esa convención podrán poner fin a los profundos problemas del campo mexicano.
Lo que están buscando el perredista Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón y la priista Guadalupe Martínez, coordinadora del Congreso Agrario Permanente, tiene más que ver con la política que con el bienestar del campo mexicano. Este es el momento del ciclo político en que cada dirigente busca fortalecer su posición para ganar espacios y postulaciones a cargos de elección popular.
El Gobierno ha aceptado el chantaje de estos grupos corporativistas para llevar a cabo la convención porque quería evitar los bloqueos de carreteras y cruces fronterizos previstos para las vacaciones de fin de año. Es muy posible, por otra parte, que ceda en las próximas semanas a muchas de las demandas de estos grupos. El Gobierno de la República sigue operando bajo la filosofía que llevó el año pasado a la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco tras el bloqueo con machetes de la carretera Texcoco-Lechería por los ejidatarios de San Salvador de Atenco y sus aliados, entre ellos el Frente Popular Francisco Villa.
La verdad, sin embargo, es que las demandas de El Barzón y el Congreso Agrario se fundamentan en una premisa equivocada: que el Tratado de Libre Comercio es el causante de los problemas del campo mexicano. Es verdad que el TLC aumentó las importaciones de productos agropecuarios pero también las exportaciones. Pero la pobreza del campo mexicano no empezó el primero de enero de 1994.
El campo ha sido el sector productivo consentido del México post revolucionario. La reforma agraria dividió una y otra vez la tierra de nuestro país con la idea de que así se podría dar a los campesinos un mejor nivel de vida. La promesa resultó falsa. El campo mexicano sufre hoy una pobreza enorme, muy superior a la de las ciudades. El 12 por ciento de la población urbana en México vive en pobreza extrema; pero en las zonas rurales la cifra se eleva a 42 por ciento. Y no sorprende: el campesino mexicano promedio, con cinco hectáreas ejidales que por ley no pueden ser garantía de crédito, no puede producir siquiera lo suficiente para alimentar a su familia, por no hablar ya de competir con las granjas de miles de hectáreas y alta tecnología de otros países.
El Gobierno mexicano ha gastado billones de pesos en programas de apoyo al campo con el argumento de que así se beneficiaría a los campesinos. Tan sólo en este 2003 se han presupuestado 102,000 millones de pesos para este propósito. Pero el dinero sólo ha servido para alimentar a una burocracia insaciable. En Banrural, por ejemplo, la mitad del presupuesto se lo llevan las pensiones de unos empleados que se jubilan antes de cumplir los 50 años y que reciben pensiones más tiempo del que laboraron. De cada seis pesos de recursos que maneja Banrural, cinco se dedican a los gastos burocráticos y sólo uno a otorgar créditos al campo. Los subsidios al maíz y al azúcar, por otra parte, han sido enormes a lo largo de las décadas; pero lo único que han logrado es reducir la productividad, empobrecer a los productores y encarecer estos bienes para los mexicanos.
Si de verdad los líderes de nuestras organizaciones corporativistas quisieran mejorar el nivel de vida de los campesinos, en vez de tratar de fortalecer sus posiciones políticas, exigirían la desaparición del ejido y la eliminación de las instituciones burocráticas que solamente le han chupado la sangre a los campesinos. Pero en lugar de eso piden subir los aranceles, para que aumenten los precios de la comida que se sirve en la mesa de los mexicanos y elevar los subsidios, para que siga creciendo la burocracia que vive de los campesinos y para que los líderes campesinos puedan seguir gozando de influencia política.
Hay ciertas cosas que no se pueden negociar. En nuestro país las organizaciones corporativistas han obtenido grandes beneficios para sí. Lo que nunca han podido negociar, porque no les interesa, es una fórmula para mejorar el nivel de vida a los campesinos.
Condonación
Hacienda decretó el perdón de los adeudos fiscales de los contribuyentes del campo y la pesca. Con esto beneficia a algunos productores prósperos -porque los pobres de cualquier manera no pagan impuestos- pero se burla de los que fueron tan tontos que pagaron sus impuestos.