“La democracia es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás.”
Winston Churchill
Soy un demócrata convencido y entiendo la necesidad de lograr que la participación de los ciudadanos en la vida política del país no se limite a un sufragio cada tres o seis años. Pero el juego de las consultas públicas, lejos de ser un avance hacia la democracia participativa, se ha convertido en una perversión política.
El perredista Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno de la ciudad de México, inició el proceso al organizar consultas sobre la construcción de un segundo piso vial y sobre su permanencia como gobernante. En ambos casos los resultados fueron los mismos: baja participación de los ciudadanos, pero un respaldo abrumador a la posición defendida por el gobernante y organizador de la encuesta.
Ahora han seguido el ejemplo los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista del estado de México con el tema de la posible aplicación de la pena de muerte o cadena perpetua en la entidad. Y nuevamente el resultado ha sido el mismo: poca participación, pero un apoyo contundente a los castigos propuestos. No soy uno de esos activistas en contra de la pena de muerte que hoy proliferan entre las buenas conciencias de la sociedad. Entiendo el deseo de una población aterrada por el crimen de buscar castigos más severos para los delincuentes.
La experiencia nos dice, sin embargo, que la pena de muerte o la cadena perpetua no son necesariamente los instrumentos más eficaces para combatir el crimen. Es la impunidad, y no la severidad del castigo, lo que promueve la comisión de delitos. Si la pena de muerte fuese realmente un disuasivo contra el homicidio, Estados Unidos -el único país desarrollado que aplica esta pena— no tendría las mayores tasas de homicidio doloso entre los países ricos.
Por otra parte, inquieta la definitividad de la muerte como castigo en un país en que el error judicial es la regla en vez de la excepción. El tema importante, sin embargo, no es la pena de muerte, la permanencia de López Obrador o la construcción de un segundo piso vial, sino el endosarle a la gente —sin darle información adecuada— la toma de decisiones en temas de una gran complejidad. Esto es lo que ha convertido a las consultas en una simple forma de manipulación política.
Hay una visión romántica sobre la democracia participativa que en la realidad resulta inmanejable en casi todas las sociedades. Con frecuencia se hace referencia al caso de Suiza, país en que el referéndum es obligatorio para muchas acciones gubernamentales. Se olvida, sin embargo, que el referéndum ha tenido un papel retardatario en la sociedad suiza. Una de las razones por las que el voto de las mujeres llegó tan tarde a Suiza fue, precisamente, por la obligación de autorizar la medida por referéndum. Actualmente varios países del mundo -como Australia e Irlanda— tienen la obligación de recurrir a referendos para realizar modificaciones constitucionales.
Otros, como Francia e Italia, asumieron esta obligación después de la segunda guerra mundial, pero la eliminaron posteriormente para no entorpecer su avance social y económico. Varios estados de la Unión Americana permiten que los referendos pongan candados a la acción gubernamental; tal es el caso de California, que a través de un referéndum estableció un límite al impuesto predial, el cual ha generado con el tiempo a un peligroso desequilibrio de las finanzas públicas, y que también por referéndum aprobó la famosa proposición 187 que negó servicios de educación y de salud a los hijos de trabajadores indocumentados (la medida fue más tarde declarada inconstitucional por la Suprema Corte).
México cometería un error si persistiera en el perverso camino de las consultas públicas. Éstas no son un instrumento progresista sino retardatario y populista, que reduce las decisiones más importantes, las que requieren de un conocimiento profundo y sopesado, a simples reacciones emocionales.
El mejor sistema político, a mi juicio, sigue siendo el de la democracia representativa, en la que el pueblo elige a sus gobernantes pero los deja actuar durante un período dentro de las limitaciones de la ley y los derechos individuales. Este sistema le da al político la oportunidad de convertirse en un verdadero estadista, que asume causas que quizá no sean populares en el corto plazo pero que permiten la construcción de un futuro mejor para toda la sociedad.
Bien administrados
Quizá México sea un país bien administrado, como lo señaló ayer el presidente del BID Enrique Iglesias, pero tiene una economía que no está creciendo. Hay que hacer cambios estructurales para que el país avance sin perder, por supuesto, su buena administración.