“Ahora ésta es la ley de la selva,
tan vieja y tan verdadera como
el firmamento...”
Rudyard Kipling.
El homicidio de Jorge Ramírez Espíndola, dirigente de una organización de ambulantes de la ciudad de México, ha sido visto como un simple hecho de sangre que debe quedar enterrado en las páginas de nota roja de los periódicos. Lo menos importante en este homicidio, sin embargo, es que lo haya podido haber ordenado Alejandra Barrios, la lideresa de otro grupo de ambulantes. El problema es que con la privatización de la vía pública que se lleva a cabo a través del comercio ambulante se genera un hueco legal que nadie puede llenar.
¿Quién es el verdadero dueño de las calles o las aceras que los gobiernos locales entregan a los ambulantes? ¿Dónde están las escrituras que acrediten la propiedad de vía pública que le toca a cada uno? ¿Cómo puede defenderse cada grupo de la invasión de “sus territorios” por grupos rivales que también quieren usufructuar los espacios públicos?
La verdad es que estas disputas no se pueden resolver en los tribunales por la sencilla razón de que el Gobierno no puede privatizar legalmente la vía pública. Esto significa que la resolución de disputas debe realizarse por la influencia política o por la fuerza. Nadie puede sorprenderse de que dos grupos distintos de ambulantes se hayan enfrentado violentamente el pasado 19 de agosto en las calles del centro histórico de la ciudad de México para dirimir la “propiedad” de una zona de vía pública. Tampoco es extraño que los hechos hayan resultado en el homicidio de Ramírez Espíndola, esposo de María Rosete, quien encabeza una organización rival a la de Alejandra Barrios, la presunta autora intelectual del homicidio. Lo sorprendente es que estos enfrentamiento no se den con más frecuencia, porque la decisión de la autoridad de privatizar la vía pública los genera.
En el caso del enfrentamiento del 19 de agosto, por lo menos, las dos partes eran grupos que se benefician de estas privatizaciones ilegales. Pero no lo es el de unos vecinos de la colonia Ajusco en la delegación Coyoacán que este pasado fin de semana decidieron reclamar el derecho de uso de su propia calle, llamada Totonacas. Para ello estacionaron sus automóviles frente a sus propias casas, ocupando los lugares que todos los domingos, desde hace años, toma un grupo de tianguistas. Los vecinos de esa calle están cansados del despojo al que se les somete una vez a la semana. Los tianguistas les impiden el acceso a sus propios hogares. Los vecinos no pueden sacar sus vehículos o recibir visitas. Pero los tianguistas hicieron caso omiso el pasado domingo de los automóviles estacionados y colocaron sus puestos alrededor de ellos provocando una mayor obstrucción de la calle.
Los vecinos tienen la razón. Ellos mantienen con sus impuestos prediales los servicios de esa calle. Los ambulantes no sólo bloquean el acceso sino que se cuelgan de la luz, dejan basura y utilizan gas para cocinar con instalaciones improvisadas que son un riesgo para todos. Los vecinos han tratado de levantar denuncias por obstrucción de la vía pública, pero las autoridades de Coyoacán se niegan a aceptarlas. Hay órdenes de arriba, dicen, para que se proteja a los tianguistas.
Las autoridades de Coyoacán y de la ciudad de México le apuestan a que los vecinos de ésta y de muchas otras calles se resignen a perder el acceso a sus casas una vez por semana. No deja de ser paradójico que sea un gobierno del PRD, partido que supuestamente ha mantenido una política contraria a la privatización de activos gubernamentales, el que solapa esta privatización de bienes, como la vía pública, que por su propia naturaleza no puede ser sujeta a ese tratamiento.
Lo peor de todo es que la privatización de la vía pública genera conflictos interminables que culminan en violencia. Esto es lo que ocurrió el pasado 19 de agosto en el enfrentamiento que llevó a la muerte de Ramírez Espíndola, ya que los dos grupos que se disputan las calles del centro histórico no tienen forma de dirimir legalmente sus diferencias. Lo mismo pasará tarde o temprano en el la calle de Totonacas o en tantos otros lugares de la ciudad de México y del país donde se ha llevado a cabo la ilegal privatización de la vía pública. Cuando surja algún nuevo brote de violencia, y muera alguien más, las autoridades que hoy solapan la privatización de la vía pública se asombrarán de lo que ellos mismos han provocado.
Pobreza
En su informe Panorama Social de América Latina 2000-2003 la Cepal señala que México y Ecuador son los únicos países que han logrado reducir de manera significativa la pobreza en los últimos años. En Argentina se registró el mayor aumento.
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