“El poder para cobrar impuestos implica el poder de destruir.”
John Marshall
La democracia mexicana ha avanzado mucho pero aún le falta un paso fundamental. Pasamos la época en que las urnas llegaban embarazadas o eran robadas por grupos políticos. Dejamos atrás los tiempos en que un partido podía imponer los resultados electorales por tener mucho más dinero que los demás y controlar las coberturas de los medios de comunicación. Estamos ya en la era de la competencia, en que los partidos buscan el poder haciendo promesas a los ciudadanos. Pero no hemos llegado aún al tiempo en que los políticos puedan hablar honesta y abiertamente sobre cómo financiar sus promesas.
En estos días de campaña estamos viendo fundamentalmente tres tipos de anuncios electorales: los que descalifican al rival, los que buscan dar a conocer a partidos y candidatos, y los que hacen promesas concretas. En estos últimos los candidatos están de ánimo generoso: ofrecen más policías, más y mejores escuelas, más dinero para los viejitos y para los pobres, más y mejores hospitales, más programas para combatir la pobreza y más proyectos ecológicos. En una palabra, todos prometen más gasto público. Pero ninguno dice de dónde van a sacar el dinero para financiarlo.
Los políticos aborrecen hablar del tema de impuestos. No se atreven a sugerir subirlos o siquiera cobrárselos a quienes no los pagan. Los priistas le echan la culpa por sus derrotas electorales del 97 y el 2000 a la subida del IVA del diez al 15 por ciento en 1995. Los panistas sienten que no han podido consolidar su esfuerzo por alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -pese a la popularidad personal del presidente Fox y a su llamado a que los ciudadanos le quiten el freno al cambio- por el intento de gravar medicinas y alimentos con el 15 por ciento de IVA.
Sin embargo, es una verdadera irresponsabilidad de los candidatos hacer promesas sin considerar el costo de lo que prometen y sin ofrecer alguna forma de financiar sus promesas. En esto los candidatos, por supuesto, no están haciendo más que imitar a los legisladores que hoy se encuentran en funciones. ¿No aprobaron éstos, después de todo, una iniciativa que obligará al gobierno de la república a dedicar el ocho por ciento del producto interno bruto a la educación, contra el 4.5 por ciento que ahora se usa para este propósito, sin señalar de dónde se sacará el dinero para ello?
Nuestro país empieza a vivir nuevamente por arriba de sus posibilidades. Tenemos un gasto deficitario que aumenta constantemente la deuda pública. El monto real de la deuda gubernamental se soslaya por el hecho de que el Congreso se ha negado hasta ahora a convertir en deuda pública el pasivo del IPAB/Fobaproa. Pero el gobierno tiene de todas maneras la obligación de cubrir los pasivos del rescate bancario.
México necesita una verdadera reforma fiscal. La recaudación tributaria del gobierno no sólo es muy baja -con el 12 por ciento del producto interno bruto- sino sumamente injusta, ya que se fundamenta en el pago de impuestos altos por un grupo relativamente pequeño de contribuyentes, especialmente los cautivos, mientras se mantiene la evasión abierta y desvergonzada de buena parte de la población económicamente activa. La propuesta de reforma fiscal del presidente Fox era sin duda discutible, pero se basaba en una tendencia creciente a nivel internacional: darle mayor peso a los impuestos sobre el consumo que a aquellos que gravan el ingreso. Abría además las puertas a una mayor eficiencia y equidad en la recaudación, particularmente por el hecho de que el IVA es mucho más difícil de evadir que el impuesto sobre la renta.
El Congreso, sin embargo, ni aprobó la propuesta del presidente ni promovió alternativa alguna. El esquema de impuestos de lujo y gravámenes especiales ideado por el PRD y avalado por el PAN ni aumentó la recaudación ni le dio mayor equidad al sistema. Por el contrario, promovió la evasión.
Lamentablemente no hay indicaciones de que la situación pueda mejorar en los próximos años. Los candidatos a diputados han dado claras señales de que tienen muy buenas ideas para gastar el dinero del pueblo, pero no para mejorar la recaudación. Al final el país no podrá salir adelante así. Pero esto no inquieta a nuestros candidatos. Lo que ellos quieren es un empleo asegurado por tres años que les dé un buen sueldo y no les exija demasiado tiempo de labor. Y para lograr eso, hablar de impuestos es tabú.
Irlanda
No olvidemos el ejemplo de Irlanda. Este país redujo del 40 al 12.5 por ciento su impuesto sobre la renta a las empresas, eliminando deducciones y exenciones, con lo que la recaudación aumentó 400 por ciento.
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