¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido
en la información?
T.S. Eliot
Todo parece indicar que las cosas tendrán su desenlace natural y el jefe de gobierno del Distrito Federal conseguirá lo que buscaba en el campo de la transparencia: un consejo local de información hecho a su modo y que no le signifique problemas.
Hubo un momento en que pareció que las cosas serían distintas. La anterior Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la cual el PRD se encontraba en minoría frente a la oposición, aprobó una ley de transparencia bastante avanzada que creaba un consejo de información para administrar la apertura informativa del gobierno del Distrito Federal. El jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, vetó esa ley y se ha negado a ratificar los nombramientos de los consejeros ciudadanos que la Asamblea propuso para el consejo de información.
La anterior Asamblea Legislativa presentó una controversia constitucional con el fin de obligar al gobierno de López Obrador a ratificar a los miembros del consejo. Pero el gobierno capitalino ha actuado eficazmente a través de dos vías para evitar que se le obligue a aceptar a los consejeros. Por una parte ha logrado detener en la Suprema Corte de Justicia la controversia constitucional. Por la otra, ha ordenado a la nueva Asamblea Legislativa, en la cual el PRD tiene mayoría absoluta y es controlada por su ex secretario particular René Bejarano, que redacte una nueva ley. La nueva legislación, que restringiría el tipo de información que la sociedad puede exigir de las autoridades capitalinas y que emascula al consejo de información, despojaría de materia a la controversia constitucional y la resolvería sin que hubiera una decisión formal por parte de la Suprema Corte.
Para detener el tiempo suficiente la controversia constitucional en la Suprema Corte el jefe de gobierno de la capital contó con la colaboración de Genaro Góngora, el ministro y ex presidente de la Corte, quien ha reconocido públicamente su amistad con López Obrador. Góngora determinó otorgarle al gobierno del Distrito Federal la suspensión de la integración del consejo de información designado con anterioridad en tanto se estudia el tema. Con esto le ha dado a la Asamblea Legislativa de Bejarano el tiempo suficiente para modificar la ley y volver irrelevante la controversia constitucional sobre el anterior consejo de información.
La nueva legislación que se está cocinando en la Asamblea Legislativa es bastante más suave que la anterior surgida de una asamblea no encabezada por el PRD. No sólo establece nuevas limitaciones al tipo de información que los ciudadanos podrán demandar acerca de las actividades del gobierno de la ciudad de México, sino que convierte el consejo de información en un mero organismo asesor sin poderes reales para obligar al gobierno a divulgar información.
No deja de ser significativo el hecho de que el jefe de gobierno del Distrito Federal quiera que los consejeros ciudadanos, aquellos que no participarán en el consejo por sus puestos en el gobierno capitalino, no reciban ningún tipo de salario por su trabajo. Esta medida haría imposible que pudieran participar en ese consejo personas sin una fortuna personal y que quisieran dedicarse realmente de tiempo completo a permitir la apertura informativa en el gobierno del Distrito Federal.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador comparte la opinión de muchas otras administraciones de que la información es una propiedad de los funcionario públicos. Quizá esto no debería sorprendernos demasiado. Los gobiernos se dan cuenta de que la información es poder y por lo tanto deben, para conservar el poder, mantener el control más estricto que puedan sobre la información que se divulgue sobre su operación.
Lo paradójico en el caso del gobierno del Distrito Federal, sin embargo, es que éste procede del PRD, un partido que en el pasado había estado del otro lado en las luchas por la apertura informativa. Una vez se demuestra que los políticos mantienen una posición cuando se encuentran en las filas opositoras pero la cambian de inmediato en el momento en que asumen el poder.
Andrés Manuel no quiere que ningún escándalo generado por la transparencia informativa pueda levantarle obstáculos en su camino a la Presidencia de la República. Quizá se le pueda entender. Pero eso no significa que los ciudadanos no tengamos derecho a exigir una real apertura informativa.
Paraje San Juan
Mucho más fácil sería tomar una posición sobre el paraje de San Juan si hubiera una real apertura informativa. Los ciudadanos sólo podemos conocer ahora las informaciones que cada una de las partes quiere revelar. Muy distinto sería que pudiéramos conocer todo el expediente.
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