Agencias
CARACAS, VENEZUELA.- Una persona murió y 27 resultaron heridas ayer en un enfrentamiento entre opositores y simpatizantes del presidente Hugo Chávez en la población cercana a la capital.
Desde que empezó un paro nacional el dos de diciembre han muerto seis personas y más de un centenar han sido heridas en una serie de choques callejeros entre partidarios del gobierno y grupos de oposición.
El gobernador opositor del estado Miranda, Enrique Mendoza, dijo que el incidente se registró en la localidad de Charavalle, a unos 30 kilómetros al suroeste de Caracas.
Cuando los manifestantes opositores se disponían a realizar el recorrido de una marcha, organizada por la coalición opositora, fueron interceptados por seguidores de Chávez que los atacaron con piedras, palos y botellas.
En medio de la trifulca callejera desconocidos accionaron algunas armas de fuego que obligaron a la policía municipal a utilizar gases lacrimógenos y balas de goma para tratar de dispersarlos.
Mendoza indicó que algunos policías debieron utilizar sus armas de reglamento para enfrentar a los desconocidos que disparaban.
Milagros Toro, una funcionario de la dirección de epidemiología de la gobernación de Miranda, dijo que en los disturbios murió un joven identificado como Carlos García, de 29 años, al recibir un disparo de arma de fuego cerca del cuello.
También resultaron lesionadas 27 personas, de las cuales 15 sufrieron heridas de bala, dos de ellas se encuentran en condición crítica, indicó Toro.
Dos de los heridos fueron alcanzados por perdigones y diez presentaron contusiones al ser golpeados con piedras y objetos contundentes. La policía aún se mantiene en el lugar tratando de dispersar la reyerta.
Los bomberos debieron intervenir para atender a los heridos y controlar el incendio que se originó en dos vehículos y algunas tarimas que había instalado la oposición para su marcha.
En medio de la escalada de violencia, Carter tenía previsto mantener ayer reuniones con Chávez y sus opositores, trabados en un duro enfrentamiento desde abril, cuando el presidente fue brevemente derrocado.
“Creo siempre hay esperanzas para una resolución y espero que eso sea pronto”, dijo a periodistas Carter, quien arribó la semana pasada al país para pescar invitado por el magnate de medios de comunicación Gustavo Cisneros, un acérrimo adversario de Chávez y blanco de ataques verbales del mandatario.
Es la segunda visita en seis meses del ex presidente estadounidense a Venezuela, que antes del paro era el quinto exportador mundial de crudo.
El Centro Carter, junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), auspicia infructuosamente desde hace más de dos meses una reconciliación entre las partes.
Las declaraciones de Carter ocurrieron poco antes de reunirse con el secretario general de la OEA, César Gaviria, quien la semana pasada anunció la creación de un “grupo de países amigos” para que apoye una solución electoral al conflicto venezolano.
El grupo de seis países nació en momentos en que Washington ha expresado preocupación por la pérdida de las importaciones petroleras venezolanas y una subida del precio del crudo a máximos en dos años, en medio de prospectos de una guerra entre Estados Unidos e Iraq, octavo productor mundial de crudo.
Chávez, un militar retirado de ideas nacionalistas, amenazó el fin de semana con abandonar una “mesa de negociación” que busca una salida electoral a la crisis política, que a diario deriva en violentos choques callejeros.
Posible
guerra civil
El embajador estadounidense, Charles Shapiro, afirmó que la presencia de Carter en Caracas obedece a que “este país obviamente que sufre una crisis política y hay que solucionarla”.
“Por eso es que el presidente Carter está aquí, el secretario general de la OEA, el doctor César Gaviria está aquí, se formó un grupo de amigos, amigos del proceso, amigos de Venezuela, la comunidad internacional está muy preocupada”, subrayó.
En la comunidad internacional existe la percepción de que la violencia en las calles venezolanas pueda conducir a una guerra civil, lo que Chávez, conocido por su retórica anticapitalista, ha rechazado de forma contundente.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, anunció la semana pasada que enviará a un representante a Venezuela para que participe en el “grupo de amigos”, integrado por Brasil, Chile, México, España, Estados Unidos y Portugal, y que mantendrá el viernes su primera reunión en Washington.
La alarma sobre un eventual estallido social se ha incrementado por la cercanía de un referendo consultivo previsto para el dos de febrero sobre si Chávez debe renunciar voluntariamente a su mandato de casi cuatro años.
El gobernante, quien llama a sus adversarios “golpistas” y “terroristas”, sostiene que la consulta es inconstitucional y que sólo dimitirá si pierde un referendo revocatorio, que podría celebrarse a partir del 19 de agosto, cuando cumpla la primera mitad de su gestión.
La oposición, que acusa a Chávez de llevar al país hacia un sistema comunista similar al cubano y de sembrar el odio social, espera que el Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la validez de la pregunta que se haría en el referendo consultivo, que en caso de ser vetada detendría su celebración.
El llamado “paro cívico”, iniciado el dos de diciembre, es promovido por sindicalistas, empresarios, partidos políticos y grupos civiles que exigen la renuncia del presidente y elecciones adelantadas.
Tratando de minimizar los efectos de la protesta Chávez ha ordenado a los militares tomar el control de instalaciones petroleras, así como de industrias de alimentos y productos de primera necesidad.
El viernes los militares allanaron una planta de la embotelladora estadounidense de Coca-Cola Panamco —en la que el empresario Cisneros es miembro de la junta directiva— acusándola de acaparar productos de primera necesidad en medio del desabastecimiento causado por el paro, que ha causado una inédita escasez de gasolina en el país petrolero.
La escena se repitió en una planta distribuidora de cerveza de la empresa Polar, la mayor manufacturera de alimentos del país.
Las requisas prosiguieron ayer en una distribuidora de Pepsi Cola en el estado andino de Mérida. David Montoya, funcionario del ente de protección al consumidor dijo a periodistas que la “revisión” sin militares era para “constatar la existencia de esos productos”.