Son dos las aclaraciones que hizo el presidente del Tribunal Estatal Electoral, José Gerardo Favela Vargas, en torno al juicio de amparo que interpuso en contra del Tribunal Superio de Justicia, para que se determine si es o no constitucional el acuerdo del pleno de esta última instancia para remover a los cinco magistrados electorales del TEE: es una controversia que inició a título personal, y no es con ningún poder ajeno al Poder Judicial.
En entrevista, dijo que le preocupaba un poco que la discrepancia que sostiene se proyecte hacia el TEE, porque tal vez se confunda porque es el actual presidente de esta instancia.
Favela Vargas consideró que la discrepancia consiste en que el TSJ sostiene que los magistrados electorales terminan su encargo en mayo de este año, pero él considera que es hasta diciembre de 2004, y por eso, explica, recurrió a la justicia federal para que sea una instancia competente la que emita una sentencia, apegada a Derecho, que a todos beneficie.
“Quiero aclarar que esta discrepancia de criterio jurídico lo haga a título personal, y también a las personas crean que la discrepancia, no es con otro poder ajeno al Judicial”, indicó.
Añadió que él siempre ha afirmado, y nuevamente lo reiteró, que tanto los poderes Legislativo, con todos sus integrantes, como el Ejecutivo, han sido respetuoso de las labores, trabajos y discusiones que ha realizado el TEE. “No se ha percibido, ni aun sutilezas, en contrario”, expresó.
Pero por otra parte, expresó su descontento porque dijo que la legislación que fue aprobada en la Ley Orgánica, desafortunadamente a propuesta del Poder Judicial, contengan dentro de sus artículos, como requisito para renunciar al cargo de magistrado, el que deba presentarse dicha denuncia al Poder Ejecutivo, en los términos en que se redactó el artículo 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También dijo que lamentaba que en lugar de pedir una reforma, los que tienen la capacidad de hacerlo, que tienda a fortalecer la independencia del Poder Judicial, hayan, como se ha venido haciéndolo, pero sin robustecer la autonomía propia.
“La paradoja está en que como consecuencia de la renuncia, se tengan que destinar otro magistrado y no se habilite a un supernumerario, para que esa falta definitiva se resuelva internamente en el Poder Judicial, con plenitud de autonomía e independencia para integrar a sus miembros, ya que numerarios como supernumerarios fueron legal y formalmente designados por los procedimientos previstos en la ley, a través del acto concurrente de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“Espero que este diferendo al interior el Poder Judicial se resuelva en su interior, y ahora con la intervención del Poder Judicial federal, ya que es un conflicto estrictamente jurídico”, reiteró.