De nueva cuenta vuelve a resurgir el tema en contra de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango (CEDHD), Norma Beatriz Pulido Corral, por parte de los diputados del PAN, quienes ahora están demandando un juicio político en contra de la funcionaria, asegurando que tienen pruebas de una serie de irregularidades que ha cometido.
El Gobernador señala que ha observado que “está cumpliendo con su responsabilidad” de acuerdo con la ley, por lo que no debe actuarse con base en “caprichos políticos”, según dijo.
Los diputados del PAN, encabezados por su coordinadora, Rosario Castro Lozano, acudieron ante el oficial mayor del Congreso del Estado, Alfredo Varela García, para presentar formal denuncia de juicio político en contra de la mencionada, por la supuesta violación sistemática en que ha incurrido en el ejercicio de su función, en su actuar y por las omisiones que han redundado en perjuicio de los intereses públicos fundamentales de los duranguenses.
El diputado Víctor Joel Martínez señaló que presentarán pruebas contundentes de por lo menos cuatro casos donde se han comprobado irregularidades. En caso de tener una posición cerrada del PRI, se habrá de acudir a organismos nacionales e internacionales.
Por su parte, el gobernador Ángel Sergio Guerrero Mier, al ser cuestionado al respecto, indicó que mensualmente recibe un informe que “le hacen favor de enviarle, ya que no le compete”, y se puede observar que sí está cumpliendo con sus facultades de acuerdo a la ley, “por lo que se pretende politizar el caso de unas personas de confianza que trabajaban en la institución, que al momento de perder la misma, fueron dadas de baja y ahora se quiere actuar por caprichos políticos, cuando es por cuestiones jurídicas”, pero agregó que corresponderá al Congreso del Estado definir al respecto.
Por otro lado, la propia Norma Beatriz Pulido Corral aseguró que los señalamientos hechos en su contra por los diputados del PAN son falsos, “pero esto ya no es nuevo”, dijo, ya que desde que tomó posesión de su cargo siempre ha sido perseguida por los legisladores panistas, quienes a toda costa tratan de desacreditarla, además, violentando “la autonomía de la institución”.