El fin de semana pasado, uno de los hijos del procurador de Coahuila Óscar Calderón Sánchez interfirió en una acción de la Policía Municipal, para que fueran liberados y quedaran impunes tres jovenzuelos que realizaron actos de vandalismo en contra del domicilio de un ciudadano. Al momento del suceso, un menor estuvo a punto de ser atropellado por los agresores cuando éstos se dieron a la fuga.
Los vándalos fueron alcanzados por agentes de la Preventiva Municipal, quienes se dispusieron a consignarlos. No fue posible que los preventivos concluyeran su tarea, en virtud de que a una llamada del hijo del Procurador, se presentaron elementos de la Policía Ministerial que encañonaron y cortaron cartucho a los municipales, que de esta suerte se vieron sometidos y forzados a liberar a los detenidos.
El Procurador ha reconocido los hechos como tales, pero los pretende minimizar y se refiere a ellos con displicencia, como si se tratara de un hecho irrelevante y casual. No es el caso, el joven influyente tiene en sus bolsillos y a su disposición, las claves de acceso a la línea de mando de la Policía Ministerial, para echar a caminar operativos policíacos en su beneficio y el de sus amigos a su capricho.
No es la primera ocasión en que se ofrecen muestras de alianza orgánica entre la familia de Calderón Sánchez y la Procuraduría de Coahuila, la inclusión en la nómina de una de sus hermanas, una de sus hijas y un yerno, son cuestiones que deben ser explicadas de cara a la comunidad. Ante estos hechos y actitudes que se antojan propias de épocas ya superadas, una azorada sociedad se pregunta: ¿Qué sigue?