La interpelación que hace la Cámara de la Propiedad Urbana al Municipio de Torreón, respecto a la presunta ilegalidad del impuesto de alumbrado público, debe ser objeto de respuesta. El impuesto se ha cobrado durante décadas, mediante el cargo de un cinco por ciento adicional sobre el importe de cada recibo de consumo de energía eléctrica, que cobra a los usuarios la Comisión Federal de Electricidad.
Cada mes, la CFE factura al Municipio el importe del consumo de la energía empleada en el alumbrado público y se ajusta la diferencia que por lo general corre a cargo de la ciudad. Sin embargo, de tiempo atrás algunas grandes empresas inconformes con el pago de la contribución, han recurrido al Juicio de Amparo aduciendo que el impuesto es inconstitucional porque no es ni proporcional ni equitativo.
La situación es preocupante porque por debe prevalecer el Estado de Derecho, al tiempo que es necesario mantener el flujo de recursos pues de lo contrario, al ciudad quedaría en tinieblas. Por otra parte, se deben ofrecer incentivos para que nuevas empresas se establezcan en nuestra ciudad y generen empleos sin embargo, su presencia debe costear el crecimiento urbano y el mantenimiento de los servicios.
Cualquiera de los extremos en que se coloque el problema que se plantea, sugiere riesgos por lo que lo mejor, es procurar el justo medio y mantener la contribución en la medida y forma que corresponda, dentro del marco legal. De lo anterior son responsables Municipio y Ciudadanía pero sobre todo, el Poder Legislativo a cuyo cargo corre la determinación de los impuestos.