Agencias
Phnom Penh, Camboya.-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno de Camboya firmaron ayer, un nuevo acuerdo para la creación de un tribunal internacional que tendrá el cometido de juzgar por genocidio a los ex dirigentes del Jemer Rojo que sobreviven.
Para avalar el documento por parte de la ONU se encuentra en Phnom Penh desde el jueves Hans Corell, principal negociador de Naciones Unidas, que en su Asamblea General del pasado 13 de mayo aprobó por consenso el plan de creación del tribunal.
El gobierno camboyano organizó un solemne acto en el Teatro Chaktomuk de Phnom Penh, elegido como lugar de celebración de los pretendidos juicios, con motivo de este acto.
El plan permite la creación de “cámaras extraordinarias” dentro de la estructura judicial camboyana y contiene las premisas para que el tribunal esté formado por jueces locales, designados por Camboya, y extranjeros, nombrados por Naciones Unidas.
Corell, consejero de las Naciones Unidas para Asuntos Judiciales, reiteró que Camboya ha aceptado que los procesos judiciales cumplan con la legislación internacional.
El documento establece también que las decisiones que deba adoptar el tribunal se dirimirán por el procedimiento de la mayoría.
El trato contempla la creación de un tribunal internacional con características similares a los establecidos para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda y en la antigua Yugoslavia.
No obstante, grupos extranjeros y locales comprometidos con la defensa de los derechos humanos han criticado este acuerdo por considerar que la estructura del tribunal que propugna no cumple con los requisitos que exige la legislación internacional.
Entre las cláusulas que más preocupan a estas organizaciones está la que concede al Gobierno camboyano el control sobre los juicios, y le da autoridad para juzgar a aquellos miembros del Jemer Rojo que determine.
Antes de que pueda ser constituido el tribunal, el acuerdo deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional (Parlamento) camboyana, pero con las elecciones generales del próximo 27 de julio resulta improbable que salga adelante durante la actual legislatura.
La financiación del tribunal y los juicios, según decisión adoptada por la Asamblea General de la ONU, provendrá de las contribuciones de la comunidad internacional y no de los presupuestos de ese organismo.
Naciones Unidas y Camboya alcanzaron este segundo acuerdo en marzo, dos meses después de que la delegación camboyana encabezada por el Ministro de Estado Sok Ann viajara a la sede de la ONU, en Nueva York, para reanudar las negociaciones.
La vuelta a las negociaciones se produjo a propuesta del secretario general de la ONU, Kofi Annan, mediante una carta dirigida al Primer Ministro de Camboya, Hun Sen, quien como otros miembros de su Gabinete ha insistido que su país, como Estado soberano, debe retener la autoridad sobre el tribunal internacional.
Naciones Unidas abandonó en febrero del año pasado este proceso cuando el acuerdo entonces alcanzado ya había sido aprobado por el Parlamento y el Senado de Camboya, e incluso el rey Norodom Sihanuk lo había ratificado.
La decisión de la ONU de retirarse obedeció a que consideró que el modelo de tribunal defendido por Camboya no se ajustaba a los parámetros internacionales de la jurisprudencia.