Gómez Palacio, Dgo.- Lo que se inició como una forma de control político, ahora se ha convertido en un complejo problema que ninguna esfera de gobierno se atreve a enfrentar; se trata de las concesiones para el servicio de transporte público, en donde se incluyen los taxistas, el servicio de combis y el transporte de personal. En las tres áreas hay una total anarquía, mal servicio y absoluto descontrol, para beneficio de unos cuantos líderes y perjuicio para la ciudadanía en general.
De acuerdo a una investigación de El Siglo de Torreón, el problema inicia con la administración de José Ramírez Gamero, cuando era gobernador del Estado y quien en un afán por mantener controlados a los líderes de campesinos y de colonias populares, les ofrece concesiones del transporte urbano.
De hecho, funcionarios y ex funcionarios municipales de Gómez Palacio, quienes piden omitir sus nombres “para no meterse en broncas”, relatan que grupos de colonos entonces comandados por líderes precaristas “que apenas empezaban, pero que hacían mucho ruido”, por cualquier motivo bloqueaban calles, invadían terrenos y realizaban plantones en la presidencia municipal.
Por instrucciones del entonces gobernador, José Ramírez Gamero, se les ofrecían concesiones de taxis y de camiones del transporte público para que desistieran de sus movimientos.
Los resultados fueron positivos en la mayor parte de los movimientos y de esta forma, a las “masas” que movían los mencionados líderes, se les resolvían a medias sus demandas y a los representantes populares se les premiaba con concesiones.
Lo anterior ocurrió durante el último tercio de la administración de José Ramírez Gamero y cuando todo el mundo pensó que las cosas iban a cambiar durante la administración de Maximiliano Silerio Esparza, se dieron cuenta que no solamente siguieron igual las cosas, sino que creció la anarquía, ya que en el transporte público, el que fuera dirigente de la Confederación Nacional Campesina, encontró a uno de los grupos que más le sirvieron para hacer las movilizaciones de su campaña electoral.
Al ganar Maximiliano Silerio la gobernatura, obviamente había que pagar la factura a los transportistas y por ello no se procedió contra los representantes de las diferentes centrales de taxis, ni contra los integrantes de la unión de combis o contra quienes se dedicaron a explotar el rubro de transporte de personal, sin contar con las concesiones correspondientes.
De acuerdo a datos que se han obtenido en diferentes oficinas de gobierno estatal y municipal, un año después de la toma de posesión de Maximiliano Silerio Esparza, se hace el primer intento por regularizar las concesiones del transporte, obligar a que trabajen solamente aquellos vehículos y choferes que cuentan con sus permisos y en un afán por regularizar las cosas, se hace un llamado a las centrales para que presenten los padrones de las concesiones reales y de los vehículos que traen trabajando sin contar con esos documentos.
Inicia la etapa de regularización y en la Dirección de Tránsito y Transporte de Durango, quedan registradas sólo mil 500 concesiones de taxis para el municipio de Gómez Palacio; en ese tiempo, hace aproximadamente ocho años, se consideró un número excesivo de concesiones, si se consideraba el número de habitantes de este municipio, sin embargo así quedó.
El problema real fue que la mayor parte de las concesiones autorizadas quedaron en manos de los líderes de las diferentes bases, quienes utilizaron prestanombres para acapararlas y en otros casos presionaron a los dueños de ellas para obligarlos a que se las vendieran.
Un ex funcionario de la Subdelegación de Transporte de Gómez Palacio, asegura que hay líderes que cuentan hasta con más de cien concesiones y que las mantienen rentadas.
Esas concesiones, si se rentan (el sólo documento o juego de placas), deben dejar entre doscientos y doscientos cincuenta pesos diarios al titular de la misma, pero si la renta es con todo y vehículo, la renta sube a 350 pesos diarios, en el entendido de que el chofer debe pagar gasolina, ponchaduras, reparación del vehículo e infracciones cuando las haya.
Manga ancha
El poder y las influencias de los líderes volvieron a quedar de manifiesto con el paso del tiempo, ya que mediante presiones de diferente tipo y ante la apatía de autoridades municipales durante las administraciones de Ernesto Boehringer Lugo y Rafael Villegas Attolini, empezaron a trabajar taxis “piratas” o “clonados”, los primeros, totalmente ilegales, sin contar con concesión, sin placas y amparados solamente en que estaban pintados como “taxi” y en el segundo de los casos, eran autos pintados como taxi y que trabajaban con una sola placa y así, dos carros explotaban una concesión.
Hubo regularizaciones y se aumentó el número de concesiones, según se comenta, hasta llegar a la cifra que ahora se tiene que oficialmente es de dos mil quinientas autorizadas por el Gobierno de Durango para el municipio de Gómez Palacio en el rubro de taxis.
Representantes de centrales de taxis entre los que se encuentran Tomás Zárate Maldonado, Jaime Meraz Martínez, Ramón Nevares, Víctor Sánchez y varios más, son quienes han logrado los mayores beneficios con el acaparamiento de las concesiones, aunque otros de sus ingresos importantes los tienen en los llamados taxis piratas.
De acuerdo a comentarios de funcionarios del Departamento de Tránsito y Vialidad, el problema es grave y las autoridades municipales nada pueden hacer por resolverlo, ya que las concesiones son estatales.
Impedimentos
Las autoridades municipales, según comenta Jesús Reyes Espino, titular de Tránsito y Vialidad de Gómez Palacio, conocen todas las irregularidades, pero se encuentran impedidas para actuar en consecuencia al ser las concesiones del Estado.
Indica el funcionario que en varias ocasiones han manifestado tanto él como el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal su disponibilidad para colaborar en los operativos y atender los problemas derivados del irregular funcionamiento de taxis, pero deja en claro; somos coadyuvantes, porque todo operativo debe ser estructurado y operado por la Dirección de Transporte.
Acepta Reyes Espino que el problema es grave y aún cuando en forma extraoficial se menciona que se encuentran en funcionamiento unos mil taxis irregulares, él considera que pueden ser hasta más, ya que si son dos mil 500 las concesiones, una parte de ellos trabaja con una placa y otro tanto con la otra, además de los que no traen nada o simplemente se amparan con un papel; son más de mil, asegura.
Y lo más grave de todo es que nadie sabe a ciencia cierta cuántas concesiones están autorizadas, en manos de quién se encuentran ni a cuál central u organización pertenecen.
Jesús Reyes Espino consideró difícil contar con esos datos ya que son muchos los choferes que se dan de alta en una central y luego se cambian a otra organización, además de que no se cuenta con copia del padrón de concesiones en donde se especifique verdaderamente el nombre del beneficiario y sus datos personales.
Es evidente que hay acaparamiento de concesiones por parte de algunas personas, pero no se tienen pruebas de ello y por ello prevalece la anarquía.
La fuerza del líder
En los últimos meses, representantes de las bases de taxis han tratado de que se regularice la situación de los más de mil vehículos del servicio público que se dice no han cambiado placas o que no tienen concesiones, pero no lo han logrado a pesar de que hicieron plantones en la Plaza Cuarto Centenario de Durango y de que prometieron que llevarían a cabo otras medidas de presión para lograr 800 nuevos permisos.
Justo es decir que aunque las autoridades estatales han sido claras al mencionar que no habrá más concesiones y que se han hecho operativos para retirar los vehículos irregulares, los resultados han sido tibios, ya que el día con mejores resultados apenas llegaron a los 58 taxis que se enviaron al corralón, pero al día siguiente estaban nuevamente en circulación.
Al menos tres operativos han sido suspendidos por presiones de los choferes y por temor a que se tengan enfrentamientos y ante ello, se encuentra todo en suspenso, hasta en tanto no venza el plazo para una regularización total y definitiva del transporte público, lo que no se sabe cuándo podrá ocurrir ya que las fechas que se han fijado con anticipación, se han modificado a exigencia de los líderes, que son sin duda quienes mantienen el control del transporte público, más aún que las autoridades.
tipos
Las violaciones que en
Gómez Palacio se hacen
a la Ley de Tránsito
y Transporte de Durango, pueden clasificarse en
tres modalidades:
* Al permitir que estén funcionado como taxis algunos vehículos que se amparan sólo en
un escrito que traen
pegado en el
parabrisas y mediante el cual los choferes
justifican que cuentan con un plazo hasta
finales del mes
de julio para regularizar su situación, cuando
en realidad la mayor parte de ellos ni
siquiera cuentan
con concesión.
* Otros proporcionan
servicio de taxi con
placas viejas que al momento de hacer el cambio por las nuevas láminas no fueron entregadas a las
autoridades y hay una flotilla importante de taxis que no cuentan
ni con el documento mencionado líneas
arriba, no tienen
placas ni viejas ni
nuevas y menos aún concesión.
* Los autos “clonados”, esto es que con un juego de láminas
operan dos taxis.
FUENTE: Investigación
El Siglo de Torreón
Mucho ruido...
Durante los dos últimos meses se han llevado a cabo varios operativos para retirar de la circulación a los taxis irregulares.
20 de abril
* La Ccudepo, Alianza,
Ursitran y Focep, que se
consideran las organizaciones más importantes solicitan
al Gobierno de Durango
la autorización de 600
nuevas concesiones de
taxis para regularizar a
los vehículos que trabajan
sin permiso.
21 de abril
* A modo de presión, decenas de taxis “Piratas” de Gómez Palacio realizan un plantón
en la explanada de la Plaza Cuarto Centenario, para exigir la autorización de nuevas
concesiones. Ese mismo día se lleva a cabo un operativo contra taxis “piratas” y logran llevar al corralón 40 unidades.
22 de abril
* El dirigente de la Ccudepo
desestima los operativos
que lleva a cabo el Gobierno de Durango y con respecto a declaraciones del gobernador en el sentido de que se hará
respetar el Estado de Derecho, simplemente opina que es natural que defienda
el principio de autoridad.
23 de abril
* De nuevo hubo un operativo sorpresa contra taxis
“piratas”, aunque casi
inmediatamente es abortado; solamente se logra detener a once vehículos y se tienen conatos de violencia cuando
choferes del servicio público logran rescatar vehículos que eran llevados al corralón.
26 de mayo
* Con apoyo de la Policía Ministerial y el Grupo Operativo de Reacción Inmediata, van al corralón 52 vehículos, cada uno de ellos resguardado por los cuerpos de seguridad. No hubo incidentes, pero al siguiente
día esos vehículos estaban
de nuevo en funcionamiento.
28 de mayo
* Se inicia nuevo operativo
y es suspendido porque
las organizaciones de
taxis inician movilizaciones
e impiden la actuación
del personal de la Subdirección del Transporte
y nuevamente se
temen enfrentamientos
entre las partes.